La Fiscalía ha dado un giro en su postura sobre la denuncia contra Julio Iglesias y considera ahora que la Audiencia Nacional tiene competencias para investigar las acusaciones de agresión sexual y otros presuntos delitos presentadas por dos antiguas empleadas del artista en sus propiedades del Caribe.
Según ha adelantado elDiario.es, el fiscal Vicente González Mota ha remitido un informe al juez Antonio Piña en el que defiende que la Justicia española puede examinar los hechos denunciados. Su criterio cuenta con el respaldo de Beatriz Sánchez Álvarez, fiscal de Sala Coordinadora de Trata de Personas y Extranjería.
Las denunciantes, identificadas bajo los nombres ficticios de Laura y Rebeca, trabajaron en las residencias del cantante en República Dominicana y Bahamas durante 2021. Ambas acusan a Iglesias de presuntos delitos de trata de seres humanos, explotación laboral, agresiones sexuales, lesiones y trato vejatorio, entre otros.
Este nuevo posicionamiento supone un cambio respecto a la decisión adoptada el pasado enero por la teniente fiscal de la Audiencia Nacional, Marta Durántez, quien archivó una primera denuncia al considerar que España carecía de jurisdicción para investigar unos hechos supuestamente cometidos en el extranjero.
Entonces, Durántez argumentó que las denunciantes no tenían nacionalidad española y que el artista, pese a ser español y poseer inmuebles en el país, no mantenía aquí su residencia habitual ni su principal actividad.
La nueva querella, presentada por la organización Women’s Link, incorpora también una acusación por trato degradante y argumentos jurídicos destinados a justificar la intervención de los tribunales españoles.
Por el momento, el cambio de criterio de la Fiscalía no implica la apertura automática de una investigación. La decisión queda ahora en manos del magistrado Antonio Piña, que deberá determinar si admite a trámite la querella y permite que el procedimiento judicial avance.
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