La huelga general por la vivienda convocada para el miércoles 11 de noviembre da el pistoletazo de salida con un problema de coordinación. Durante la mañana de ayer, los sindicatos convocantes ofrecieron información contradictoria sobre la fecha: mientras los medios publicaban que sería el 11 de noviembre, desde Comisiones Obreras señalaban que no había una fecha definitiva, y el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, comunicaba que se había acordado con CCOO que fuera el 11 de noviembre.
Simultáneamente, desde el Sindicato de Inquilinas anunciaban que esa sería su propuesta para la reunión programada para esa misma tarde. Es decir, unos iban a proponer la fecha que otros ya daban por acordada y que la prensa había publicado antes de que se celebrara la reunión para decidirla.
“Nosotros vamos a sumarnos al día 11 de noviembre para la convocatoria de la huelga general. Tenemos el día cerrado con Comisiones Obreras y esta tarde vamos a terminar de concretarlo con el Sindicato de Inquilinas y el resto de los sindicatos”, fueron las palabras de Álvarez en TVE en mitad del enmarañado entre organizaciones.
La reunión celebrada por la tarde, y en la que participaron UGT, CCOO, el Sindicato de Inquilinas, CGT, CO.BAS (gallego), Acción Social de Solidaridad Obrera, CGT, CNT, ELA y LAB terminó despejando, finalmente, las dudas que se habían sembrado a lo largo de la mañana. Finalmente, será el 11 de noviembre cuando se celebre la primera huelga general en 14 años en España.
El enredo de la legalidad se suma a la huelga
Pero el enredo no termina aquí. Los UGT y CCOO han justificado la convocatoria de la huelga por la necesidad de desbloquear la negociación colectiva, subir los salarios, reducir la jornada, mejorar la salud de las personas trabajadoras y erradicar la precariedad.
Y es que, los sindicatos afrontan el reto de justificar que la vivienda es un problema laboral que afecta de manera directa a los trabajadores, para que estos puedan ausentarse del trabajo de manera justificada -aunque sin cobrar el día de la huelga- y que así la patronal se vea “acorralada” a la hora de recurrir la huelga.
Y es que, CEOE ya ha avisado de que esperará y estudiará “los motivos” que exponen los organizadores de la huelga general para ver si tiene encaje legal y, a partir de ahí, tomar una decisión.
Respecto a este tema también se pronunció el secretario general de UGT ayer, quien señaló que la huelga es “totalmente constitucional” y que “en España todavía no se ha declarado ninguna huelga ilegal”. Además, incidió en que no es ilegal “porque la vivienda y los salarios tienen una relación directa”, y añadió que “no podemos pensar que la vida solo transcurre en el marco de la negociación de las empresas”. Así, aprovechó para llamar a la patronal a unirse.
En una rueda de prensa celebrada en la tarde de ayer, Miguel Fadrique Sanz, secretario general de CGT, se mantuvo firme en la defensa de la legalidad de la huelga, señalando que se trata de una “reivindicación laboral con todas las garantías jurídicas” y añadió: “Por mucho que diga el señor de la patronal, todo el mundo va a poder hacer huelga el 11 de noviembre”.
La vivienda se vincula al empleo en la AENC
Fue el pasado mes de enero cuando los sindicatos presentaron su propuesta para el VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC), en el que incorporaron la novedosa “cláusula vivienda”. Se trata de una iniciativa que podría “salvar” la legalidad de la huelga general que se celebrará el próximo mes de noviembre.
Esto se debe a que la palabra vivienda aparece hasta 26 veces en el documento conjunto con sus propuestas para el AENC que los sindicatos CCOO y UGT compartieron en enero. Además, la referencia a la vivienda no solo se vincula a su propuesta de mejora salarial, sino que también aparece citada junto con la migración y, en especial, con la juventud.
Tal y como explicaron fuentes especializadas en Derecho Laboral a este medio, si la patronal decide seguir adelante con el recurso una vez que los sindicatos hayan convocado la huelga de manera oficial, el conflicto recaería en manos de la Audiencia Nacional.
También aclaran que, si la impugnación de la movilización general viene motivada por un desacuerdo sobre los servicios mínimos gubernamentales, el asunto corresponde al orden contencioso-administrativo.