El Gobierno aprueba el decreto de centros de datos, pese al rechazo de buena parte del sector

El Ejecutivo suaviza las exigencias energéticas tras recibir más de 600 alegaciones y advierte de que, sin la regulación, la factura eléctrica podría encarecerse en 5.000 millones de euros anuales.

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que regula los centros de datos en España, una norma que llega a nueve días de las elecciones generales del 29 de noviembre y en medio de las reticencias de una parte del sector tecnológico. El Ejecutivo ha optado por suavizar algunas de las exigencias contempladas en el borrador inicial, después de recibir más de 600 alegaciones y advertencias sobre el posible impacto de la regulación en las inversiones. Sin embargo, mantiene las principales obligaciones energéticas para estas infraestructuras, cuyo crecimiento ha superado ampliamente las previsiones del Gobierno.

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha defendido la necesidad de esta regulación y ha advertido de que, sin ella, el despliegue de centros de datos podría provocar un sobrecoste de 5.000 millones de euros anuales en la factura eléctrica, además de un encarecimiento del 25% en el recibo industrial.

Según los cálculos del Ministerio, ese impacto anual, estimado en un escenario que Aagesen ha calificado de “muy conservador”, se dividiría en dos partidas: 4.000 millones de euros por el incremento del precio de la electricidad en el mercado mayorista, asociado a un aumento del 165% en el consumo de gas natural, y otros 1.000 millones adicionales por el coste del mecanismo de capacidad, que se sumarían a los 800 millones anuales ya previstos.

Para justificar la urgencia del decreto, la ministra ha señalado las “tensiones de distinto calado” aplicadas en mercados saturados por estas instalaciones, como Irlanda -donde acaparan el 23% del consumo eléctrico y “dijeron ni un centro de datos más”-, Países Bajos (5%) y 15 estados de Estados Unidos.

En este sentido, la ministra ha reivindicado que España es un país “pionero” -“a nivel mundial no existe otra referencia”, ha afirmado- y ha reconocido que estos proyectos generan “numerosas inquietudes” y “preocupaciones legítimas” sobre el consumo de energía, agua, precios y coste de los servicios públicos.

En este contexto, la ministra ha puesto cifras al “apetito por la inversión” en España, subrayando que el sector ha desbordado las previsiones de la Estrategia de Inteligencia Artificial de 2024, que estimaba menos de 4 gigavatios (GW) para 2030.

Actualmente hay 15 GW con permisos de acceso concedidos (seis en transporte y nueve en distribución) -tras aflorar tres de ellos solo en los últimos tres meses frente a los 12 GW anteriores–, un volumen equivalente a “prácticamente el 40% del consumo pico” nacional y al que se suman más de 20 GW adicionales en cola.

El Gobierno rebaja las exigencias tras las críticas del sector

La aprobación del decreto llega después de varios meses de discrepancias entre el Ejecutivo y parte de la industria tecnológica. El borrador presentado en agosto recibió más de 600 alegaciones, en las que se cuestionaba el alcance de las obligaciones energéticas y sus posibles consecuencias sobre la viabilidad de nuevos proyectos.

A estas advertencias se sumó un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que recomendaba rebajar determinadas exigencias. El organismo regulador planteó la necesidad de introducir una mayor flexibilidad para evitar que las condiciones impuestas dificultaran el desarrollo de estas infraestructuras.

Por ello, el Gobierno ha introducido modificaciones respecto a la propuesta inicial, aunque mantiene uno de los principales requisitos: que el 80% del consumo eléctrico anual de los centros de datos proceda de energía renovable adicional.

Cinco años de adaptación

La norma se basa en  dos bloques -sostenibilidad y soberanía digital- y mantiene el 80% de adicionalidad renovable, aunque con mayor flexibilidad para tecnologías como la fotovoltaica, así como esa obligación de que el consumo coincida con la hora de generación verde con el objetivo de “que el sistema no se tensione, es decir, que el precio sobre los consumidores no quede tensionado a la vista del gran consumo”.

La ministra ha querido aclarar que el decreto “no es ninguna moratoria” como las aplicadas en otros países, pero sí habilita un régimen transitorio voluntario durante los próximos cinco años para los proyectos más inmediatos que contempla la desconexión por parte del operador del sistema si hay tensión en la red.

Quienes se acojan deberán cumplir una correlación horaria progresiva en horas punta: arrancarán en el 60%, subirán al 70% en 2029 y, “a partir del 1 de enero del año 2032, absolutamente todos y cada uno de los centros de datos tendrá que cumplir con el 80% de adicionalidad y con la correlación horaria siempre”, ha remarcado.

Nuevas obligaciones sobre el consumo de agua

En materia hídrica, todos los nuevos centros deberán alcanzar la etiqueta europea ‘A’, lo que supone “un consumo casi nulo” de 0,1 litros por kilovatio.

También se exigirá la máxima eficiencia energética (‘A’), pero adaptada a las condiciones de refrigeración de cada región climática, de modo que “no va a ser una etiqueta única en todo el territorio, sino que va a haber etiquetas para todas las regiones climáticas” teniendo en cuenta sus especificidades, como la diferencia entre Andalucía, el Mediterráneo o el Cantábrico.

Por su parte, el bloque de soberanía digital establece mecanismos de supervisión para garantizar que los datos permanezcan en España y el Espacio Económico Europeo, limitando su acceso a terceros países.

“Los centros de datos tienen en su mano una oportunidad de oro para demostrar que pueden llegar a los distintos países ofreciendo algo de valor”, ha señalado.

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