Consejo de Ministros

El Gobierno aprueba a 12 días del 29-N la subida del SMI y del sueldo de los funcionarios

El Gobierno sale al paso de electoralismo de la subida del SMI y de las nóminas de los funcionarios justificando su entrada en vigor el 1 de enero de 2027

MADRID, 17/11/2026.- (de izda. a dcha.) El ministro de Hacienda, Arcadi España; la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro de Transformación Digital, Óscar López, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes en Moncloa. EFE/Mariscal
El ministro de Hacienda, Arcadi España; la vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz; la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y el ministro de Transformación Digital, Óscar López (de izq a drcha). EFE

El Gobierno se exhibe en Consejo de Ministros con la aprobación del aumento del 5,3% del Salario Mínimo Interprofesional y del 4,5% de las nóminas de los trabajadores públicos del año 2027. El alza del salario de los funcionarios se trata de la mayor subida desde el año 1992 a apenas 12 días para que se celebren las elecciones. Además, se trata de dos medidas que beneficiarán a unos 6 millones de votantes en plena campaña electoral.

A estas dos medidas se suman también la aprobación de las transposiciones de transparencia salarial e igualdad retributiva, la exención del IRPF para el Salario Mínimo Interprofesional y salarios inmediatamente superiores así como las entregas a cuenta de las Comunidades Autónomas y ayuntamientos.

Preguntada la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, sobre si entiende que se tilde de “electoralismo” que se aprueben estas medidas a 12 días de las elecciones, Saiz se ha escudado en que se validan en este contexto “porque entran en vigor el 1 de enero de 2027”.

El salario de los funcionarios puede crecer hasta un 5% en 2027

El incremento del salario de los empleados públicos podría alcanzar el 5% si el IPC de 2026 supera el 1,5%, lo que activaría una subida adicional del 0,5%. Además, el Gobierno ha anunciado que el aumento adicional de medio punto tendrá efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026.

López ha destacado el papel de los sindicatos UGT, CCOO y CSIF en la negociación del Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI 2025-2028, que es donde se recogen las subidas aprobadas por el Ejecutivo este martes. Y es que, el pacto contempla una subida salarial acumulada del 11% en cuatro años: Un alza del 2,5% para el año 2025 -con efecto retroactivo desde enero- del 2% para 2026 (al que se le añade un 0,5% variable siempre y cuando el IPC sea igual o superior al 1,5% y que se pagaría en el primer trimestre de 2027 con efecto retroactivo); del 4,5% para 2027; y una última subida 2% para 2028.

El SMI se incrementa un 5,3%

La reunión del Consejo de Ministros también ha sacado adelante el incremento del SMI del 5,3% para el año 2027, lo que supone 65 euros más al mes y un incremento anual de 910 euros. La cuantía se situará así en los 1.286 euros, frente a los 1.221 euros mensuales en 14 pagas que se perciben en 2026.

La vicepresidenta y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha defendido la medida como “una de las principales herramientas para reducir la desigualdad y la pobreza laboral”. Según ha señalado, la evolución del SMI “constituye una de las principales historias de éxito económico de España, frente a las previsiones de quienes advertían de sus posibles efectos negativos sobre la economía”.

Díaz ha destacado que los salarios de los trabajadores situados en los deciles más bajos han experimentado incrementos del 48% y del 41,6%, frente al 19,6% registrado en el decil más alto. A su juicio, esta evolución ha contribuido a corregir los desequilibrios salariales y a reducir la desigualdad.

La subida afectará a unos 2,7 millones de asalariados, aproximadamente el 13% del total de los trabajadores. Andalucía, con 550.000 beneficiarios, y Madrid, con 387.000, serán las comunidades autónomas con mayor número de trabajadores beneficiados.

La ministra también ha subrayado el impacto de la medida sobre las mujeres, “que representan alrededor de 1,7 millones de las personas beneficiarias”, y sobre los jóvenes, “especialmente los menores de 25 años”.

Díaz ha aprovechado el que podría ser su último Consejo de Ministros para reclamar un avance en la negociación colectiva y ha instado a que el próximo Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) incorpore mejoras salariales que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido por los trabajadores.

Exención del IRPF para el SMI

Por su parte, el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha explicado la aprobación de un real decreto-ley para garantizar que los perceptores del salario mínimo no tengan que pagar IRPF.

La medida contempla una deducción de 1.033,58 euros para las rentas de hasta 18.004 euros, de forma que la tributación sea cero para quienes perciban el SMI. “La rebaja fiscal se extenderá también a los trabajadores con ingresos inmediatamente superioresn mediante una deducción decreciente hasta los 23.172 euros”, con el objetivo de evitar el denominado error de salto.

El titular de Hacienda ha destacado que el cambio permitirá que los trabajadores beneficiarios no tengan que soportar retenciones mensuales en sus nóminas. “Hasta ahora, aunque el resultado final de la declaración de la renta podía quedar compensado mediante una deducción, los perceptores podían experimentar retenciones durante el ejercicio.

Fin al secreto salarial

El Ejecutivo ha aprobado también nuevas medidas para reforzar la igualdad retributiva y la transparencia salarial en las empresas. Díaz ha anunciado que “se pondrá fin al secreto salarial, de manera que los trabajadores podrán conocer las condiciones retributivas de sus compañeros”.

La nueva regulación prohibirá preguntar a los candidatos por su historial salarial y obligará a garantizar la transparencia retributiva desde los procesos de selección. “La Inspección de Trabajo podrá actuar ante ofertas de empleo que no sean neutras desde el punto de vista salarial”, ha señalado la ministra.

La norma establece mecanismos específicos para detectar y corregir las diferencias injustificadas. Cuando exista una brecha retributiva del 25%, operarán presunciones que obligarán a las empresas a justificar las diferencias. En compañías de más de 100 trabajadores, el umbral se reduce hasta el 5%.

Las empresas deberán reforzar sus registros y auditorías salariales, definir criterios de progresión retributiva y garantizar la transparencia en los procesos de promoción y movilidad profesional. Además, tendrán que informar individualmente a sus trabajadores, al menos una vez al año, de su derecho a acceder a la información sobre las retribuciones.

Otra de las novedades será la incorporación expresa de la garantía de indemnidad al Estatuto de los Trabajadores, para impedir que los empleados sufran represalias por reclamar sus derechos en materia salarial. También se modificarán los criterios relativos a la nulidad en el ámbito laboral.

El desarrollo reglamentario incluirá, además, la limitación del periodo de prueba a tres meses, derechos de información sobre las vacantes disponibles y medidas para garantizar indemnizaciones cuando se produzcan determinadas cancelaciones de tareas.

El Gobierno creará asimismo una comisión tripartita, junto al Ministerio de Igualdad, para realizar el seguimiento de las políticas de igualdad retributiva. El paquete incluirá medidas específicas de acompañamiento para las pequeñas y medianas empresas.

Entregas a cuenta

El Consejo de Minsitros ha aprobado también este martes las entregas a cuenta de 2027 para Comunidades Autónomas y ayuntamientos. En el caso de las CCAA, el Ejecutivo destina 185.593 millones de euros (un 9,1% más que en 2026) en los que se incluye la liquidación de 2025 del sistema de financiación). Sin la esta liquidación, la cifra desciende hasta 170.529 millones.

Las entidades locales, por su parte, recibirán 33.773 millones de euros el año próximo, un 11,5% más que este ejercicio. Sin la liquidación correspondiente, la cantidad es 31.826 millones.

Con estas medidas ya aprobadas, el Gobierno finaliza su antepenúltimo Consejo de Ministros antes de las elecciones del 29 de noviembre. Las próximas citas se celebrarán este viernes (de forma extraordinaria) y el próximo martes (ordinario).