Pedro Sánchez ha lanzado este lunes el Plan Social para el Clima, una iniciativa con la que el Gobierno aspira a movilizar 9.099 millones de euros hasta 2032 para amortiguar el impacto social de la transición energética sobre los hogares y microempresas más vulnerables. El presidente defendió el proyecto como una herramienta para evitar que la descarbonización agrave las desigualdades sociales. “Que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo”, resumió durante la presentación del plan.
Del total, 4.700 millones se destinarán a vivienda y otros 4.300 millones al transporte y la movilidad sostenible, en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas europeas de descarbonización y el futuro sistema de comercio de emisiones.
Durante el acto de presentación, en el que estuvo acompañado por la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen; la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez; y el ministro de Transportes, Óscar Puente, el presidente defendió que la transición ecológica debe abordarse “con justicia” para evitar que recaiga sobre los hogares más vulnerables.
La transición ecológica solo tendrá éxito si es justa.
Por eso presentamos el Plan Social para el Clima, dotado con más de 9.000 M€.
Avanzamos en la descarbonización, protegiendo a la ciudadanía. Porque nadie debería elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo. pic.twitter.com/2yD2Pbed0p
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 25, 2026
Cofinanciado por Bruselas
El proyecto, que acaba de salir a audiencia pública -estará hasta el 29 de junio- y deberá remitirse a Bruselas antes de final de año, estará cofinanciado por el Fondo Social para el Clima de la Unión Europea. Sánchez pidió el respaldo de una “amplia mayoría parlamentaria” para sacar adelante la normativa vinculada a estos fondos europeos y cargó contra quienes cuestionan el sistema europeo de comercio de emisiones, al considerar que esos recursos son precisamente los que permitirán financiar una transición energética “justa”.
La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, adefendió el futuro plan como “un instrumento fundamental” para garantizar que la transición energética siga siendo “un motor de justicia y equidad”.
Por su parte, el ministro de Transportes, Óscar Puente, puso el foco en la desigualdad territorial en el acceso a la movilidad. Según señaló, mientras el 77% de la población tiene garantizado el transporte en entornos urbanos, en el ámbito rural esa cobertura apenas alcanza al 6%. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, defendió además que el programa supondrá “un segundo impulso” al Plan de Recuperación y permitirá dirigir ayudas a los barrios y hogares con mayores dificultades de acceso a estos fondos.
Específicamente, el Gobierno prevé movilizar 4.723 millones para actuaciones ligadas a vivienda y rehabilitación energética y otros 4.376 millones para transporte y movilidad sostenible.
Promoción de vivienda asequible
La mayor partida del componente de vivienda irá destinada a la promoción de vivienda asequible, con 1.813 millones para nueva construcción y rehabilitación de edificios sin uso residencial bajo criterios de alta eficiencia energética. El plan también contempla 1.220 millones para rehabilitación de barrios vulnerables, 923 millones para mejorar edificios residenciales y 278 millones para actuaciones individualizadas en viviendas que no puedan acogerse a rehabilitaciones comunitarias.
En paralelo, el Ejecutivo quiere impulsar el autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas mediante una línea de 300 millones, con la condición de que al menos el 10% de la energía generada beneficie gratuitamente a consumidores vulnerables.
Transporte: Abono Único Social
En materia de transporte, el Gobierno destinará 2.269 millones a la descarbonización del transporte por carretera, incluyendo ayudas para renovar flotas de autónomos y microempresas vulnerables y para desplegar puntos de recarga. Además, reservará cerca de 965 millones al futuro “Abono Único Social”, dirigido a colectivos vulnerables como los perceptores del Ingreso Mínimo Vital, que permitirá viajes ilimitados con tarifas reducidas.
El plan incorpora también medidas específicas para movilidad rural, infraestructuras ciclistas y transporte compartido, así como criterios de vulnerabilidad con perspectiva de género. El Gobierno sostiene que las mujeres, especialmente aquellas al frente de hogares monoparentales o con responsabilidades de cuidados no compartidas, sufren en mayor medida la pobreza energética y de transporte.