Galicia ya tiene una ley de educación digital que no existe en ninguna otra comunidad autónoma y que también abre camino a nivel europeo. El Parlamento gallego la aprobó definitivamente este martes, con los votos del PP, tras más de un año de tramitación. La norma tardará aún unos días en publicarse en el Diario Oficial de Galicia (DOG) y en el BOE.
La razón de ese carácter pionero está en su alcance. No existe una normativa tan amplia ni con un enfoque tan integral sobre la educación digital: el texto afecta a toda la comunidad educativa (alumnado, profesorado, familias y centros) y regula sus derechos y deberes de forma concisa y clara.
La IA, solo como apoyo al docente
La ley ordena una realidad de reciente incorporación a la sociedad, la inteligencia artificial, y determina en qué contextos pedagógicos puede utilizarse únicamente como apoyo auxiliar en determinadas tareas del docente, como la adaptación de materiales. La IA no podrá sustituir nunca al profesorado ni intervenir en decisiones que afecten al alumnado. El límite lo marca el principio de supervisión humana.
La regulación de la IA en la enseñanza ni siquiera se ha abordado a nivel nacional, por lo que la norma gallega servirá de base para futuras normativas de otras comunidades. Además, a través de EdugalIA, la Xunta aprovechará la IA para mejorar la gobernanza del sistema, con herramientas como el expediente académico electrónico único, que ayudará a combatir el abandono educativo.
Medidas inéditas a nivel nacional
Medidas inéditas a nivel nacional: derecho a la desconexión digital del alumnado fuera del horario lectivo, reconocido por ley por primera vez; prohibición de grabar y reproducir clases y tutorías sin autorización expresa, y de difundir exámenes o actividades del alumnado sin permiso; uso pedagógico del móvil más restringido, solo a partir de 3.º de ESO (los teléfonos siguen prohibidos en los centros con carácter general, y estos contarán con un protocolo específico para su retirada temporal y custodia); prohibición del teachtoking, de modo que el profesorado no podrá difundir en redes sociales contenidos del aula en los que aparezca alumnado; exámenes en línea con garantías de verificación de identidad, incluidos sistemas biométricos en los supuestos previstos; e identidad digital corporativa para cada estudiante desde 5.º de Primaria y autorización previa de la Consellería para las herramientas digitales usadas en las aulas.
Tecnología adaptada a cada etapa
La ley introduce por primera vez el principio de adecuación del uso de la tecnología a la etapa y a la madurez del alumnado, con base en la evidencia científica. En Infantil y en los dos primeros ciclos de Primaria el uso de dispositivos será exclusivamente colectivo; el uso individual solo se habilita desde 5.º de Primaria y aumentará de forma progresiva. Hasta ese curso se priorizarán libros, libretas, papel y bolígrafo. La norma extiende además al entorno digital el carácter de autoridad pública del profesorado.
Apoyo a docentes y familias
La Oficina de Apoyo al Profesorado ofrecerá asesoramiento y apoyo jurídico ante situaciones de acoso o violencia digital, y la formación digital podrá valorarse como mérito en el acceso a la función pública docente y en la provisión de determinados puestos. Para las familias, además del Contrato de Vida Digital, ya en marcha, se desarrollarán programas de formación sobre uso responsable de internet, redes sociales y prevención del ciberacoso.
Un modelo híbrido
El conselleiro de Educación, Román Rodríguez, defendió la norma como “oportuna” y “necesaria” y resumió su filosofía en que la clave no está en elegir entre tecnología sí o no, sino en cómo incorporarla con un modelo híbrido. Subrayó que el texto nace de uno de los procesos participativos más amplios de la historia democrática gallega: consulta pública desde febrero de 2025 con 660 propuestas, cinco grupos de trabajo con medio centenar de docentes y cerca de 900 aportaciones a lo largo de las distintas fases.
Críticas de la oposición
La aprobación no contó con el respaldo de la oposición. BNG y PSdeG votaron en contra, aunque admitieron la necesidad de regular la materia, y reprocharon la falta de consenso y de recursos económicos. El BNG presentó 69 enmiendas, de las que el PP aceptó íntegramente seis; el PSdeG registró 158, con cuatro aceptadas y tres transaccionadas. El socialista Aitor Bouza advirtió de que, sin financiación, la ley será un “catálogo de buenas intenciones”.
García Comesaña lamentó que una norma “que nos va a unir a todos” no tuviera el respaldo mínimo de la oposición. Rodríguez defendió que la importancia de la ley solo podrá ponderarse con el tiempo y que Galicia quiere anticiparse “manteniendo el pensamiento crítico, la cultura del esfuerzo y la convivencia”.

