Comunidad Valenciana

Mazón flexibiliza la ley para ayudar a los centros sociales

Atiende las demandas del sector y aprueba la modificación que regula el funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, conversa con la vicepresidenta segunda del Consell y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero. EFE/Ana Escobar

El Consell ha aprobado el decreto por el que se amplían los plazos de la norma que regula la tipología y el funcionamiento de los centros, servicios y programas de servicios sociales y su ordenación dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano de Servicios Sociales.

La vicepresidenta segunda y consellera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda, Susana Camarero, ha subrayado que el Consell ha procedido a realizar la modificación del 27/2023, de 10 de marzo, porque “desde el primer día de legislatura la mayoría de los sectores implicados la han solicitado, aludiendo al grave perjuicio que suponía para las entidades sociales el cumplimiento íntegro de la norma tal y como estaba aprobada”, según recoge el Gobierno de la Comunidad Valenciana en un comunicado.

Al respecto, Camarero ha explicado que el objetivo del Consell es mejorar y perfeccionar la norma, atendiendo al consenso con las entidades afectadas, “debido a que decreto aprobado, con premura y sin plazos realistas por el gobierno del Botànic, no contaba con el consenso necesario para la organización de los servicios sociales de la Comunitat Valenciana”.

Así, la vicepresidenta segunda ha remarcado que esta modificación parcial se ha realizado tras escuchar las reivindicaciones del sector y tras analizar las más de 1700 las alegaciones recibidas, en las que se constata “la dificultad o imposibilidad de las entidades para cumplir con los plazos establecidos en el decreto”.

Por tanto, la nueva norma aprobada por el Consell modifica los plazos y los adecúa a unos periodos temporales más realistas y razonables que permitan una mayor y mejor adaptación a los fines que se persiguen con la regulación.

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