El fin de semana pasado, Pedro Sánchez, en una entrevista para El País dijo que el Fiscal General del Estado es inocente. Y, ojo, aseguró que ‘más aún después de lo que estábamos viendo en el juicio’. Sí, el presidente del Gobierno, el hombre que reside en La Moncloa, decidió, mientras se celebra el juicio, posicionarse él y, por ende, el cargo que ostenta, junto a la figura de un señor sobre el que pesa la acusación de haber revelado secretos de un particular.
Hace mucho tiempo que quedó claro que la institucionalidad va a ser la principal víctima de los mandatos de Pedro Sánchez. Las leyes que está llevando a cabo se podrán derogar, las políticas se podrán revertir, pero lo más costoso de rehabilitar para el próximo Gobierno que, llegado el caso, alcance el poder, será recuperar ese imprescindible halo de seriedad y responsabilidad que debe rodear al Ejecutivo. De tanto sobrepasar líneas rojas y reventar límites y consensos con una alegría pasmosa, de tanto hacer pasar por lícito y normal lo que hace menos de una década hubiese resultado esperpéntico y temerario, hoy nos vemos digiriendo dos barrabasadas por el precio de una.
No solo es que se haya dejado llegar a un pilar del Estado como la Fiscalía a vivir la humillación de ver a su principal exponente sentado en el banquillo de los acusados. Algo que, a todas luces, hasta hace pocos meses, parecía imposible, pues todos los analistas y expertos daban por hecho que, de ser imputado, el Fiscal se vería obligado a dejar su cargo para no manchar a la Justicia. Pero no, ahora hemos comprobado que no solo se ha aferrado a su uniforme y se ha hecho ovacionar por la asociación minoritaria de fiscales, sino que también tiene al Gobierno de España (de quién depende) injiriendo en mitad del proceso sin ningún rubor, dictando sentencias ficticias y apresuradas antes de que los magistrados deliberen.
Esto no es nuevo y, como siempre, la trayectoria y el pasado nos venían advirtiendo de que podría suceder. La relación de Sánchez con la Justicia es la misma que con los medios de comunicación. Para él representan un estorbo, un atraso, una rémora para sus ansias de poder absoluto. Nuevamente ha absorbido esa narrativa del primer Podemos que vino a señalar la putrefacción de todo antes de pudrirse ellos mismos. En eso se ha convertido el Partido Sanchista, antaño socialista. En una formación populista que, a diferencia de los morados, tienen una estructura y una implantación y que, además, pone en práctica la demagogia más incendiaria desde las torres del castillo, donde siempre son más fructíferos los ataques.
Sánchez pervierte todo lo que toca. Es el presidente que nombró Fiscal a una ministra, y que luego mandó al Constitucional a otro miembro de su Consejo de ministros. Esa es la visión que él tiene de la independencia de los jueces. Mire, ya sabemos que, para los partidos políticos, tradicionalmente, ha sido importante colocar a sus fichas de ajedrez conservadoras o progresistas. Lo que ha cambiado con este presidente es que está jugando a volcar el tablero, a hacer un jaque mate tensando la separación de poderes.
Él insiste en que Álvaro García Ortiz es inocente, pero en su juicio sumarísimo y paralelo al real, no argumenta ni explica de dónde sale la información confidencial sobre Alberto González Amador, que solo puede salir de un sitio, ni tampoco por qué el Fiscal General del Estado borró sus comunicaciones por WhatsApp y Gmail. Inocente, por ejemplo, es pensar que un señor que desde la presidencia del Gobierno se inmiscuye con declaraciones como las del domingo en un proceso aún abierto cree en la separación de poderes, el mismo que dijo que la amnistía no cabía en la Constitución y que traería de la oreja a España al prófugo de la Justicia con el que luego pactó. Inocente es pensar que un señor que se preocupa porque ‘no le ganen el relato’ está engrandeciendo el Derecho.
Inocente es creer que Leire Díez, esa fontanera a la que ahora nadie conoce, que se hace la rubia por los platós, que tenía línea directa con Santos Cerdán y que sabemos que quería acabar con Grinda, Balas y Manuel Marchena, entre otros, actuaba por libre mientras cobraba un sueldazo por puestos en Correos y en la Reserva de uranio de un país que apenas tiene uranio. Inocente es pensar que todo lo que está haciendo el Partido Socialista no tiene como único fin tensionar aún más las cosas y preparar el terreno para que resuelvan lo que resuelvan los juzgados tener una narrativa ideológica paralela que sustente lo que venga.
Inocente es pensar que la Ley Bolaños era algo que este Gobierno se hubiera planteado antes de que florecieran los casos de Begoña, el Hermano y Koldo. Inocente es pensar que lo que está sucediendo nos saldrá gratis, jalear que esta refriega política manche el nombre de los profesionales de la Justicia. Inocente es pensar todo esto. Si Álvaro García Ortiz es inocente lo dirá la Justicia, pero eso a Sánchez le da igual.
Porque de la misma manera que dijo que gobernaría sin Parlamento, ahora se dedica a dictar sentencia sin contar con los Tribunales, que aceptan recortes de prensa de los pseudomedios. Que vienen a ser todos esos medios a los que no concede entrevistas para poner dinamita sobre los cimientos del Estado, esos conglomerados mediáticos en los que trabajan periodistas cuyas fuentes no son tan sagradas y fidedignas como las de otros. Qué cosas. Cuánta inocencia.