La expresión “cuarto poder” la acuñó un poeta: El británico Thomas Babington sumó a los tres clásicos poderes –el legislativo, el ejecutivo y el judicial– el periodismo. La prensa no busca ganar elecciones, sino contar la verdad, con rigor e imparcialidad. Un periódico vive de revelar informaciones, según el DLE, “sobre algo que se considera interesante divulgar”. El Diccionario se queda corto: a lo interesante hay que añadir lo importante.
Artículo14 se ha limitado a cumplir una función social imprescindible en cualquier democracia: dar a conocer a la opinión pública unos hechos interesantes e importantes que el poder político mantenía ocultos, aportando las pruebas que acreditan la veracidad de la información. Eso es lo que este periódico ha realizado –y publicado– gracias a las investigaciones de Javier Chicote en torno a la actividad inmobiliaria de la pareja de la dimitida portavoz nacional del partido socialista. Un negocio lícito, legítimo y honrado, en el que se han practicado desahucios de inquilinos respetando escrupulosamente la legalidad, pero del todo incongruente con el discurso político del que el Gobierno de Pedro Sánchez ha pretendido hacer bandera electoral aprovechando el estallido social de protesta tras el desahucio de María del Carmen Abascal.
Montse Minguez había declarado hace pocas fechas en sede parlamentaria que el problema de la vivienda, agravado notablemente en estos ocho años de Gobierno socialista, se reducía a una disyuntiva maniquea entre “fondos buitres o familias”. Su situación política personal, a la vista de las informaciones publicadas esta semana por Artículo14, era ya insostenible para su formación, pues su mera presencia en las listas electorales del PSC por la provincia de Lleida socavaba el principal eje de campaña en unos comicios a los que el partido socialista llega en situación de extrema debilidad.
Entendemos que no ha sido el interés electoral lo que ha provocado la renuncia de Montse Minguez, sino un gesto suyo final de coherencia personal y política. Un “paso atrás” que declara haber dado con “la conciencia tranquila”, “la cabeza alta” y “la fidelidad intacta” a sus principios. Minguez no se retira acorralada por una imputación judicial o por un escándalo de corrupción, sino por la brecha insalvable que se ha abierto entre su situación personal y el criterio político que decía defender. La ya exportavoz socialista ha conjugado en presente de indicativo, y en primera persona del singular, un verbo que no se estila: ‘Dimitir’. Es un gesto que le honra y que restituye parcialmente la coherencia de su compromiso ideológico, al menos tal y como lo conjuga ahora su partido. Pedro Sánchez, un dirigente que no se ha caracterizado a lo largo de su carrera por la escrupulosa coherencia de sus postulados, cualquiera que estos hayan sido, aseguró ayer en Bruselas que trató de disuadir infructuosamente a Minguez de su decisión.
A menos de mes y medio de la celebración de unas elecciones generales decisivas para el porvenir de nuestro Estado de Derecho, es imperativo que los partidos políticos en liza se comprometan a incluir en el frontispicio de sus programas electorales medidas de regeneración y fortalecimiento democrático, tan gravemente deteriorado en los últimos años. La asunción de responsabilidades no debe ser un hecho excéntrico en nuestra práctica política, sino la tónica habitual en una democracia que debe exigir la rendición de cuentas a sus representantes públicos por los excesos, desafueros e incongruencias –no ya delitos– cometidos en el ejercicio de sus responsabilidades. Lamentablemente, no ha sido la práctica habitual de este Gobierno, aunque tampoco la de sus predecesores. La ejemplaridad es una necesidad democrática cuyo cumplimiento Artículo14 va a exigir inflexiblemente de cara al nuevo ciclo político que dará comienzo a partir del 29 de noviembre.