La mayoría absoluta del PP en el Senado le ha permitido constituir comisiones para fiscalizar la corrupción que rodea al Gobierno de Pedro Sánchez e investigar el apagón y el accidente de Adamuz, así como reprobar a varios ministros, a algunos, más de una vez. Pero la eficacia real de estas acciones puede ser cuestionada. La alianza que el PSOE y el Frente Amplio han cerrado para esta Cámara y la que exploran PP y Vox no sólo aspira a tener el control de ésta sino que, en primer lugar, busca hacerse con los nombramientos del Tribunal Constitucional (TC), además de los del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Son dos objetivos trascedentes, sobre todo, el primero. Otros poderes del Senado, como la censura a los Presupuestos o la aplicación del artículo 155 de la Constitución, son menos útiles o de uso excepcional, y el veto a los objetivos de estabilidad ha sido suprimido por el Ejecutivo.
Cabe recordar que la Cámara Alta elige a cuatro magistrados del TC y que con una mayoría de tres quintos, esto es, con 160 senadores de 266, no es necesario pactar. Los populares, que ahora tienen 124 senadores (143 si se añaden los que designan los parlamentos autonómicos, esto es, por encima de la mayoría absoluta de 134) por cuatro Vox, buscan esta mayoría, cuando hay cuatro magistrados del TC con el mandato vencido desde diciembre, entre ellos su presidente, Cándido Conde-Pumpido, junto con María Luisa Balaguer, Ricardo Enríquez y José María Macías. El PP no ha avalado el relevo para evitar el reparto de dos y dos con el PSOE porque cree que puede aumentar su mayoría y poder nombrar a los cuatro y revertir la actual mayoría progresista 7-5 a una conservadora en el mismo sentido. La alianza de la coalición en el Gobierno puede evitarlo y de ahí viene la respuesta de los conservadores.
Por cómo opera le ley electoral en el Senado, la primera fuerza provincial, aunque tenga una ventaja mínima, se lleva el 75% de la representación (tres senadores), dejando un único representante a la segunda fuerza y marginando con el 0% al resto. Un estudio liderado por Juan Antonio Fernández Cordón, del CSIC, concluye que, si bien el Partido Popular superó al PSOE en 38 provincias, la suma agregada del voto progresista (PSOE + Sumar) batiría al Partido Popular en entre veintitrés y treinta circunscripciones clave con los resultados de 2023.
El PSOE, que obtuvo 72 senadores más uno de Sumar, podría dar la vuelta a la tortilla y situarse en 117 por 75 el PP. En este sentido, hace quince días se presentó la iniciativa ‘Senadoras y senadores por la Democracia’, una propuesta de la sociedad civil que reclama una lista conjunta de izquierdas para el Senado en las próximas elecciones generales del 29 de noviembre y que respaldan personalidades como la escritora Elvira Lindo, el cantante Víctor Manuel y el actor Pepe Viyuela, entre otros. Sin embargo, cabe recordar que en el año 2000 el PSOE de Joaquín Almunia intentó un coalición de este tipo con IU (Francisco Frutos) y fracasó.
Negociaciones exprés
El domingo 11 de octubre empezaron las negociaciones entre el PSOE y los partidos que componen el Frente Amplio. El plazo para tomar una decisión vencía este viernes 16 de octubre, el tope para presentar coaliciones, y el cierre de la alianza llegó in extremis. Para el PSOE, se trata de “un acuerdo histórico para un Senado de progreso”. La secretaria de Organización de los socialistas, Rebeca Torró, agradeció el “esfuerzo” y la “generosidad” de los partidos implicados, incidiendo en que el pacto anunciado in extremis “es más que la suma de sus distintas piezas”.
Como el plazo para registrar coaliciones ya ha finalizado, las fórmulas que ensayan PP y Vox pasarían por la renuncia de algún partido a concurrir en algunas de las circunscripciones hasta la inclusión de candidatos de unas siglas en las listas de la otra formación, como independientes. Uno de los partidos puede presentar solo un candidato por provincia y a que los otros nombres se escojan de otra formación. O que Vox se retire en algunas circunscripciones y a cambio el PP vote a sus senadores en la cuota que designan las autonomías. De momento, Santiago Abascal ha pedido “altura de miras”.
Los servicios prestados por Pumpido
El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey. Cuatro de ellos son designados a propuesta del Congreso por mayoría de tres quintos de sus miembros; otros cuatro a propuesta del Senado, con idéntica mayoría; dos a propuesta del Gobierno, y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.
El TC debe renovarse por tercios cada tres años y los magistrados son elegidos para cumplir su mandato durante un plazo de nueve años.
Aunque Conde-Pumpido y Enríquez fueron propuestos por el PP y el PSOE en el Senado en marzo de 2017, sus mandatos vencieron en diciembre de 2025 porque iniciaron su mandato con tres meses de retraso, dado que tenían que haber sido elegidos en diciembre de 2016, cuando caducó el de los magistrados salientes.
La renovación del TC llevaría consigo la elección de un nuevo presidente del tribunal, que elegirá el Pleno del propio tribunal. Conde-Pumpido asumió el cargo en enero de 2023 tras obtener seis de los 11 votos que estaban en juego; la también progresista Inmaculada Montalbán fue elegida vicepresidenta, a pesar de que hay una norma no escrita según la cual la Presidencia correspondía al sector mayoritario y la Vicepresidencia, al minoritario.
Al día siguiente de la celebración de las elecciones generales, el 30 de noviembre, expira la última prórroga del Senado para acometer la renovación de los cuatro magistrados con el mandato vencido. La normativa establece que los magistrados permanecen en sus cargos hasta que tomen posesión sus sustitutos cuando Pumpido se ha colocado como el artífice de la amnistía a Carles Puigdemont y el árbitro que acaba favoreciendo al Gobierno de Pedro Sánchez en todo tipo de decisiones. Uno de sus últimos servicios podría ser el recurso de amparo sobre la Ley de Nietos antes de las elecciones.
Veto a los Presupuestos
En cuanto al nombramiento del CGPJ, 10 de sus vocales son elegidos por el Senado, y los otros 10, por el Congreso.
El Senado tiene la facultad de oponer un veto a los proyectos de ley, incluidos los Presupuestos Generales del Estado, en un plazo de dos meses desde su recepción. Sin embargo, el Congreso puede levantar el veto y aprobar definitivamente los presupuestos mediante una votación por mayoría absoluta de forma inmediata o por mayoría simple una vez transcurridos dos meses desde la interposición del veto.
El veto de forma definitiva a la senda de objetivos de déficit y deuda de los Presupuestos ha sido eliminado por una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria en 2024.
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