El Gobierno pisa a fondo el acelerador con el real decreto ley de medidas sobre vivienda anunciado este lunes. Contendrá medidas que han anunciado y prometido durante toda la legislatura, como la regulación de los alquileres de temporada; otras que llevan tiempo negociando aplicar, y un tercer bloque de normas que ya desplegaron, hasta toparse con el muro del Congreso de los Diputados.
Fuentes del Ejecutivo aseguran que su plan no es sólo aprobar este decreto en Consejo de Ministros este mes de julio, sino que además aspiran a someterlo a votación de convalidación en la Cámara Baja este mismo mes. A más tardar, en el último pleno extraordinario antes del parón veraniego, el 23 de julio. “Queremos llevarlo este mes, seguro”.
Este es el calendario que confirman también desde la dirección socialista. Si no logran cumplir estos plazos para su debate en pleno, deberían posponerlo hasta finales de agosto o principios de septiembre (cuentan con 30 días hábiles desde su publicación en el BOE).
Las mismas fuentes afirman, además, que la intención política es llevar el decreto al Palacio de la Carrera de San Jerónimo en estas fechas, tengan o no atados los apoyos necesarios. “Nuestra voluntad es sacar siempre una propuesta que cuente con el mayor respaldo posible”, abundan.
Hay voces en la dirección de Sumar, socio minoritario del Gobierno, que defienden otra estrategia, y que reclaman no llevar la norma a la Cámara Baja “sin acuerdo con Junts per Catalunya”. “El tema es Junts, que tiene una pelea interna entre negocio o país”, apostilla otro dirigente.
La coalición de Yolanda Díaz lleva meses insistiendo a su socio en que hay mimbres para un acuerdo que permita prorrogar los contratos de alquiler con el voto a favor del partido de Carles Puigdemont. En abril, cuando sus intentos de convencerles fracasaron, en Sumar arremetieron con dureza contra el PSOE, hasta el punto de acusarles de impedir este pacto.
El escollo entonces, el rechazo de los socialistas a la propuesta de Junts de eximir de la obligación de recaudar IVA a los autónomos que facturan menos de 85.000 euros anuales, no se ha resuelto. Fuentes del ala socialista del Ejecutivo afirman que, hasta el momento, mantienen su rechazo a esta medida. En su día llegaron a debatir sobre la cantidad a eximir de la obligación de recaudar, sin llegar a un acuerdo.
Sumar teme que su socio no aceptará la prohibición de desahuciar
El nuevo decreto volverá a incluir una prórroga de los contratos de alquiler que expiran este año, y Junts ya avaló esta receta en ejercicios anteriores, pero no en abril de este año. Entonces, los neoconvergentes se unieron a PP y a Vox para tumbar esta norma en el Congreso, cuya aprobación en Consejo de Ministros había forzado el socio minoritario. Estuvo en vigor hasta la votación en la Cámara Baja, para después decaer.
Un dirigente de los partidos de Sumar defiende hoy que las negociaciones con sus socios sobre las medidas a incluir están “muy avanzadas”. Y asume que, como en otros tantos momentos, habrá iniciativas que tendrán difícil incluir en este paquete de medidas. Un ejemplo es la suspensión de los desahucios a familias vulnerables, cuya reedición también fue tumbada hace meses con los votos de Junts. Se trata de una iniciativa aprobada inicialmente durante la pandemia de Covid-19 (2020), y después prorrogada año a año, hasta finales de 2025.
Otras medidas que sí aspiran a incluir, como la subida del IVA de los alojamientos turísticos hasta el 21%, o la regulación de los alquileres de temporada y por habitaciones, han sido reivindicados por Sumar y por distintos aliados parlamentarios de Sánchez con asiento en el lado izquierdo del hemiciclo. Esta regulación, sin ir más lejos, se plasmó en una proposición de ley presentada por todas las fuerzas de izquierdas, aunque lleva más de medio año en vía muerta.
Los aliados parlamentarios, sin información sobre el decreto y hartos de “parches”
Por su parte, fuentes de hasta tres fuerzas aliadas del Ejecutivo en la Cámara Baja aseguran que todavía no les han contactado para sondear sus posiciones ante el nuevo real decreto ley. Entre ellos hay interlocutores que expresan su malestar ante la forma en la que el Ejecutivo “evita” actuar ante las dificultades para acceder a la vivienda, principal preocupación de los españoles según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).
Una de ellos censura que hoy opten por los “parches”, cuando resuenan los tambores electorales de las autonómicas y municipales de mayo de 2027, y de las generales, todavía por fijar en el calendario. Otra diputada censura que los socialistas vuelvan a buscar primero los apoyos de Junts, para después reclamar a sus socios de izquierdas que les presten sus votos, con escaso margen de maniobra.
Rodríguez reaparece y pide “generosidad” a todos los partidos
El martes, un día después del anuncio en rueda de prensa de este decreto sobre vivienda, Isabel Rodríguez compareció ante los medios tras visitar las obras del Nuevo Barrio Campamento. La titular de Vivienda, que no estuvo presente en la comparecencia del día anterior, aseguró el martes que han incorporado “visiones de todos los grupos” en el texto. Y reclamó a todos los partidos “generosidad” para poder actuar en esta materia.
Además, Rodríguez afirmó que su departamento ya ha completado “todo” el trabajo que dependía en exclusiva de esta cartera. Y confirmó que prevén cerrar el decreto “en los próximos días” para después remitirlo a los grupos parlamentarios y a la Cámara Baja.
Pese a su importancia política específica, el paquete de medidas de vivienda es una más de las normas que el Ejecutivo ha decidido reactivar estos días. En los dos plenos extraordinarios de julio (martes 14 y jueves 23), mes inhábil a efectos parlamentarios, prevé someter a votaciones todo un abanico de iniciativas.
Le permiten desplazar el foco lejos de los casos de corrupción. Y le sirven para calentar motores antes de la presentación de los Presupuestos para 2027, para los que a día de hoy tampoco cuenta con los apoyos que necesita.
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