El juicio de David Sánchez quedó este martes visto para una sentencia. Y, según las fuentes consultadas por Artículo14, llegará antes de agosto. Tras la declaración de 45 testigos, once acusados y los agentes de la UCO que investigaron el caso, la Audiencia Provincial de Badajoz tendrá que decidir si fue enchufado en la Diputación como coordinador de conservatorios y, posteriormente, como jefe de artes escénicas por ser el hermano del presidente del Gobierno. También tendrá que sentenciar acerca del enchufe posterior de su amigo, Luis Carrero.
Las dos últimas jornadas del juicio han versado sobre los informes finales de las partes. Esto es, los alegatos en los que quedan sintetizadas y argumentadas las tesis de las defensas, de los acusados, las acusaciones populares y la Fiscalía. Una forma de ver cómo queda el tablero del caso.
Las acusaciones populares han sido muy contundentes. El abogado del PP, Alberto Durán, resumió su acusación en una frase: “Alguien le dice a Gallardo: ‘Tienes que crear una plaza para mi hermano’. Y ese alguien es Pedro Sánchez”, zanjó. A su juicio, durante la vista oral han pasado muchos testigos con el testimonio sesgado porque, aseguró, “habían sido ascendidos antes del juicio o seguían trabajando para la Diputación”. Extremo que adelantó este periódico.
Además, Durán manifestó los intentos de las cloacas del PSOE por tumbar la causa “controlando a la Fiscalía”, en referencia a las maniobras de Leire Díez para intentar paralizar la instrucción contra el hermano del presidente.
En esta misma línea, Marta Castro, la abogada de Vox que también ejerce de acusación popular, aseveró parafraseando a Sánchez: “Actualmente sabemos todos de quién depende la Fiscalía y que responde a las siglas de P.S, es decir, Pedro Sánchez”, sentenció. Y puso en valor las declaraciones de Alejandro Luzón, el fiscal jefe Anticorrupción, que aseguró que la corrupción “erosiona el sistema democrático”.
Alegato que también compartió otra de las acusaciones, Luis María Pardo, de Iustita Europa: “La sentencia de este caso deben ser un mensaje que ponga fin a la impunidad, que actúe de dique de contención frente al enchufismo generalizado” zanjó.
Seis de las siete acusaciones populares piden por ello para David Sánchez una pena de hasta seis años de prisión. Duplicaron su petición en las conclusiones del juicio. Si bien, se libraría de la cárcel porque no piden por ningún delito una pena superior a dos años.
Por su parte, Manos Limpias representada por, José María Bueno, pide tres años de prisión: “Nadie estaba por encima de David Sánchez. Se le permitió hacer lo que él quería. Ha actuado como un señorito de los años 50 y 60 en Extremadura”, dijo en su último turno de palabra.
Para las acusaciones, la prueba documental clave es un correo electrónico que escribió uno de los testigos con asunto ‘Hermanísimo’ antes de que se creara la plaza. Evaristo Valentí, director de conservatorio, dijo en el juicio que escribió ese encabezado porque existía el rumor en 2017 de que uno de los candidatos a la plaza era el hermano de Pedro Sánchez, pero no aseguró que la plaza hubiera sido amañada.
“Un chascarrillo”
En eso se amparan las defensas. Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, asegura que ese asunto fue “un chascarrillo”. Durante la lectura de sus conclusiones definitivas, volvió a sostener que no hay pruebas contra el hermano del presidente: “¿Qué se dice de mi cliente, porque se puede decir que poco menos que mató a Manolete…”, denunció. Y reiteró: “A ver si mi cliente, por ser hermano de quien es, no puede firmar una plaza. A ver si resulta que va a tener que irse a vivir a una tribu. ¿No les gusta que este señor trabaje?”.
Además, Cortés arremetió contra Antonio Balas, jefe de la UCO, que aseguró que de lo investigado. En concreto, Balas incriminó al expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, también acusado. La defensa de Sánchez le afeó “la puesta en escena” y se quejó del trato ante las preguntas de las defensas. “Merecemos el mismo respeto que la acusación popular”, dijo.
Asimismo, el abogado de Gallardo, Juan José Torres, volvió a incidir en la idea de que la causa es pena de telediario más que causa penal: “Todo lo que hay en esta causa sobre los acusados son conjeturas, que pueden servir para un artículo periodístico de primer nivel, pero no para un procedimiento penal”, manifestó.
Por su parte, la Fiscalía volvió a pedir la absolución de los once acusados al no ver delito, pero defendió todo el proceso y quiso romper una lanza a favor de la actuación del ministerio público después de las críticas.
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