Entre la preocupación porque el daño de la supuesta corrupción en el entorno del PSOE se extienda entre sus filas como una mancha de aceite, y la impotencia por tener pocas cartas que jugar en un escenario tan adverso. Desde la dirección de los partidos de Sumar asisten con nerviosismo a los avances en las investigaciones que dirigen dos jueces distintos en la Audiencia Nacional. Y el recado a sus socios de Gobierno es compartido por distintas voces.
“Nos queda poco tiempo”, resume un dirigente con galones. El mismo que exige recuperar la agenda social cuanto antes y multiplicar esfuerzos en el terreno legislativo, con el foco puesto en la vivienda. Para que, al menos, puedan dotar de contenido a lo que resta de legislatura.
La advertencia no necesariamente alude a la inminencia de unas elecciones generales, sino al escaso margen de tiempo y recursos con los que cuentan. Aún si apuran hasta 2027, la convocatoria de urnas autonómicas y municipales en mayo hará todavía más difícil lograr cualquier avance.
Distintas fuentes de Sumar en el Gobierno creen que hoy por hoy no hay visos de un adelanto electoral, aunque la situación es muy difícil. Sánchez “aguanta” hasta después del verano y probablemente más allá, en palabras de fuentes de la formación de Yolanda Díaz en el Gobierno. Pero, incluso en este escenario, otra figura del Ejecutivo lamenta que percibe haber vivido “una legislatura de interinidad”, con escasa producción legislativa y poco margen político en estos casi tres años. Señala, como todos los interlocutores de su espacio, la responsabilidad de los socialistas.
El sumario de la causa por la que está investigado José Luis Rodríguez Zapatero, así como la nueva investigación a Santos Cerdán y a Leire Díez por intentar desestabilizar causas judiciales operando desde la sede socialista, han generado un tsunami político que ha opacado cualquier otra cuestión. Por segunda semana consecutiva. Y, sin embargo, una tercera figura del Gobierno afirma que han seguido funcionando. Que “no se ha parado nada de lo previsto” en estas jornadas de pánico para los socialistas.
El miércoles, sin embargo, la personación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en Ferraz fue un mazazo para el socio mayoritario del Gobierno. La rueda de prensa de Pedro Sánchez, desde Roma, sirvió para despejar balones en los medios de comunicación durante algunas horas, pero siguieron varias horas en shock, según el socio minoritario. Por distintos canales, parlamentarios y dentro del Gobierno, demandaron a los socialistas que se levantaran de la lona.
Esa jornada, en la sesión de control, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, había elevado el tono sobre las actividades del expresidente Zapatero, generando malestar en el PSOE. El jueves, en una entrevista en La Hora de la 1 (TVE), el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, exigió a los socialistas “que reaccionen”, demandando “explicaciones” y “medidas contundentes”. Horas más tarde, y después de que ERC, Podemos, BNG y Compromís reclamaran a Sánchez que comparezca en el Congreso, desde Sumar hicieron lo propio.
Lo hicieron tras una reunión del grupo parlamentario que ya estaba prevista, y que ese vio marcada por la sombra de la corrupción que atenaza al PSOE. “Se habló de que claramente el PSOE tenía que dar explicaciones, y a raíz de eso hablamos con Moncloa para que el presidente compareciera”, explican fuentes de la dirección. Horas después, el Gobierno anunció que Sánchez rendirá cuentas ante la Cámara Baja, si bien no lo hará antes del 24 de junio. Un mes después del estallido de los nuevos escándalos.
Para los principales dirigentes de Sumar, la opción de salir del Ejecutivo sigue sin estar sobre la mesa. Y la ausencia de un liderazgo claro en el espacio político, descartada Díaz de la ecuación para las próximas generales, les dificulta marcar posición y poner distancia. Si para los aliados parlamentarios resulta abrasiva la situación del PSOE, sus socios reconocen que para ellos es aún más peligrosa.
“No es el cuánto, sino el cómo llegamos a las elecciones”
En anteriores crisis, Sumar ha logrado sacarle al PSOE acuerdos para impulsar iniciativas políticas de corte social. Lo hizo tras el estallido del caso Santos Cerdán, cuando aceptaron crear una agencia contra la corrupción que se estrelló en el Congreso en septiembre. En enero, el Gobierno aprobó en primera vuelta el anteproyecto de ley de medidas anticorrupción pactado entre Sánchez y Díaz tras esa crisis, que todavía debe pasar por segunda vuelta. Y que hoy no tiene los apoyos parlamentarios asegurados.
Varias voces de Sumar asumen que la forma de demostrar que “vale la pena” seguir en el Gobierno, y de desmarcarse del PSOE para lucir perfil propio, pasa por reactivar la maquinaria legislativa. Negociaciones como la que tiene que ver con las medidas de vivienda siguen en marcha, aunque avancen despacio y las posiciones sigan alejadas. El registro horario que promueve Díaz se ha visto retrasado por el vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, para desesperación de la vicepresidenta. El problema es que la interna de la coalición es sólo el primer filtro o campo de batalla.
El segundo, como también aceptan, es la precaria y evanescente mayoría con la que cuentan en la Cámara Baja. No han logrado reconstruir los puentes con Junts per Catalunya, y por tanto siguen sin salirles las cuentas. De hecho, como recuerdan en Sumar, uno de los ejemplos más simbólicos de las dificultades para conseguir los votos necesarios en esta legislatura está en la ley mordaza, que además posee un enorme capital simbólico para la izquierda.
Sánchez prometió derogarla en cuanto llegara a Moncloa, hace ocho años. “No han hecho nada, la excusa han sido Podemos o Bildu”, abundan sus socios. “Los ministros de Vivienda e Interior no han hecho nada, el PSOE ha ido arrastrando los pies toda la legislatura”. “Toca moverse ya”, inciden, porque lo más relevante “no es tanto el cuánto [tiempo] nos quede, sino el cómo llegamos [a las urnas]”.
Una “ofensiva” contra el PSOE, pero “con indicios”
Con el ala socialista del Gobierno de nuevo en las tesis del lawfare como explicación de los frentes judiciales abiertos, en las filas del socio minoritario son más cautos. Con excepciones. Izquierda Unida acusa estos días a la Embajada de EEUU de promover una “operación de desestabilización del Gobierno”.
El jueves, Urtasun afirmó que existe esta operación, pero argumentó que esto no es “excusa” para justificar la deriva actual. “La ofensiva es muy dura, potente”, concede otro dirigente del espacio político. Es una reflexión compartida. Pero, ni esta es su principal argumentación, ni creen que sea suficiente para contener la hemorragia que sufren los socialistas.
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