En España hay cerca de 2,3 millones de viviendas construidas en zonas expuestas a inundaciones fluviales. Son casi nueve de cada cien, según el Mapa de riesgos del parque de viviendas en España, elaborado por ST Analytics, del Grupo Sociedad de Tasación, a partir de información catastral y cartografía oficial. El riesgo de inundación no se limita, por tanto, a las poblaciones próximas al Mediterráneo, pero ¿cuántos españoles saben que sus casas están construidas en terrenos por los que podría circular el agua durante una gran riada?
El estudio, publicado en diciembre de 2024, examinó los 25,8 millones de viviendas existentes entonces en España. Valladolid aparece como la provincia con mayor proporción de viviendas expuestas a inundaciones fluviales: el 41%, equivalente a unas 118.600. Le sigue Murcia, con el 35% de su parque residencial, unas 298.000 viviendas. En Sevilla, la exposición alcanza al 26%, unas 229.000. En Girona afecta al 22%, cerca de 109.000.
Son porcentajes que incluyen distintos grados de peligrosidad, desde las crecidas relativamente frecuentes hasta inundaciones excepcionales. No significan que todos esos inmuebles vayan a anegarse durante una misma DANA, pero sí permiten hacerse una idea de cómo hemos ido ocupando espacios susceptibles de inundarse. A estas cifras se suman más de 330.000 viviendas expuestas a inundaciones costeras, otra categoría de riesgo diferente.
18.000 parcelas fuera del mapa
La DANA del 29 de octubre de 2024 mostró que la peligrosidad podía superar las previsiones oficiales. Según un análisis de DatosRTVE publicado en octubre de 2025, de las más de 44.000 parcelas alcanzadas por el agua en Valencia, unas 18.000, aproximadamente el 40%, se encontraban fuera de las zonas inundables delimitadas por el PATRICOVA, el plan autonómico de prevención. Otras 12.000 estaban en áreas clasificadas como de peligrosidad muy baja.
La magnitud de la ocupación urbana afectada quedó reflejada también en los datos recogidos por el Gobierno. La inundación alcanzó más de 40.000 hectáreas, incluidas aproximadamente 1.800 hectáreas de suelo urbano y 1.500 de suelo industrial. ¿Se equivocaron los científicos o los mapas resultaron insuficientes para una catástrofe excepcional?
Una investigación publicada en octubre de 2025 en la revista Ingeniería del Agua, firmada por Ana Camarasa-Belmonte, Carmen Zornoza-Gallego, Carles Sanchis-Ibor y José Javier Serrano-Lara, comparó las áreas realmente inundadas con las identificadas mediante cartografía oficial integrada. El trabajo, centrado en los sistemas del Poyo-Poçalet-Saleta y del río Magro, encontró una coincidencia del 85,9% entre la superficie inundada y la prevista como inundable. En el 14,1% restante, el agua superó las delimitaciones estudiadas. Los mapas constituyen herramientas esenciales de prevención, pero ninguno garantiza una seguridad absoluta.
Según la última revisión de la cartografía valenciana, presentada el pasado 15 de octubre por la Generalitat a partir de la primera fase de actualización del PATRICOVA, la superficie considerada inundable en los territorios examinados es un 61,2% mayor, pasando de 27.162 a 43.779 hectáreas.
Son 16.617 hectáreas adicionales cuya peligrosidad no estaba reflejada de la misma manera en el mapa anterior. En l’Horta Sud, una de las comarcas más castigadas, la extensión identificada como inundable pasa de 7.301 a 16.478 hectáreas, un incremento del 125,7%. En el Bajo Turia aumenta de 7.621 a 13.903.
Las nuevas recomendaciones incluyen elevar determinadas edificaciones, restringir los aparcamientos subterráneos y prohibir nuevas construcciones en los emplazamientos de mayor peligrosidad. Todavía deben completar su tramitación.
Seguimos construyendo en zonas peligrosas
La expansión residencial y económica de las últimas décadas ha llevado edificios, polígonos industriales y carreteras hasta terrenos próximos a ríos y ramblas. La urbanización también ha impermeabilizado superficies que antes absorbían parte de las precipitaciones. Jorge Olcina, catedrático de la Universidad de Alicante, y Andrés Díez-Herrero, investigador del Instituto Geológico y Minero de España, analizaron este problema en un estudio publicado en abril de 2025 en Ciudad y Territorio. Estudios Territoriales. Los investigadores examinaron la ocupación de espacios inundables y la eficacia de las normas urbanísticas para reducir el riesgo.
La normativa actual establece restricciones para construir en áreas peligrosas, especialmente en zonas de flujo preferente, aunque existen diferencias según la clasificación del suelo y las condiciones de cada proyecto. El problema es que numerosas construcciones son anteriores a estas limitaciones y cambiar las reglas no desplaza las viviendas que ya están edificadas.
Cómo saber si nuestra casa está amenazada
Cualquier ciudadano puede consultar el Sistema Nacional de Cartografía de Zonas Inundables, gestionado por el Ministerio para la Transición Ecológica. Sus mapas permiten identificar terrenos expuestos a crecidas fluviales y analizar diferentes escenarios de inundación.
Conviene complementarlos con la cartografía autonómica, los antecedentes históricos y la información urbanística municipal. Una parcela sin riesgo cartografiado no es siempre una parcela segura. También importa cómo está construido el edificio. Las plantas bajas, sótanos y garajes presentan vulnerabilidades particulares, especialmente cuando el agua alcanza gran velocidad.
En determinadas viviendas pueden instalarse barreras, modificar accesos o trasladar instalaciones eléctricas y otros elementos sensibles. Pero no todas las construcciones pueden adaptarse con las mismas garantías. Dos años después de Valencia, la ciencia ha mejorado su conocimiento sobre el recorrido del agua, pero no se ha trasladado a las decisiones urbanísticas.