Juan Guerrero tenía 18 años, trabajaba como electricista y empezaba a pensar en independizarse cuando murió apuñalado en Tàrrega en agosto de 2025. Su agresor tenía 17. Esa mínima diferencia de edad entre ellos es la que separa en España la justicia penal de adultos de la jurisdicción de menores, una línea difícil de admitir para Silvia Guerrero, su madre.
El pasado 14 de septiembre, el joven que mató a Juan reconoció los hechos en una vista de conformidad celebrada a puerta cerrada en el Palau de Justícia de Lleida. “La Sección de Menores del Tribunal de Instancia le impuso seis años de internamiento y otros dos de libertad vigilada por un delito de homicidio con la agravante de abuso de superioridad”, nos explica Silvia. La sentencia fijó además una indemnización de 241.000 euros que deberá afrontar solidariamente con sus padres. Para la familia, el acuerdo no cerró nada.
Juan era de Vilagrassa. “Cariñoso, trabajador, detallista y especialmente sensible ante las injusticias”, describe su madre. Le gustaban las motos y el rap, escribía, dibujaba, pintaba y leía. Quería independizarse y también había fantaseado con ser militar. A Sílvia la llamaba “guerrera”. Después de su muerte, esa palabra le sirve de impulso para reclamar justicia.
Una pelea por 100 euros
La madrugada del 21 de agosto de 2025, vio en Instagram una noticia sobre un joven apuñalado en Tàrrega y se la envió a Juan. No contestó. Poco después, un amigo confirmó lo que ella aún se resistía a pensar. Corrió con familiares al Hospital Arnau de Vilanova de Lleida creyendo que seguía vivo. Juan había llegado en estado crítico y fue sometido a una intervención cardíaca. A las 3.59 h. les comunicaron que había muerto.
Los hechos ocurrieron en el número 89 de la calle Sant Pelegrí. Juan recibió al menos dos cuchilladas, una de ellas mortal. El aviso se produjo alrededor de la una de la madrugada y el SEM lo trasladó de urgencia al hospital. Los Mossos detuvieron poco después al presunto autor, un menor de 17 años, y el juzgado acordó su internamiento cautelar en régimen cerrado.
¿Cómo llegó Juan hasta allí? “Juan se encontraba aquellos días en casa de una familia amiga a la que estaba ayudando en una situación complicada. Durante la tarde se habría producido un enfrentamiento entre esa familia y condenado. El origen fue una deuda de 100 euros y un intercambio de mensajes de WhatsApp que fue elevando el tono. Juan no tenía relación con esa disputa. No tendría que haber intervenido, pero quiso poner paz”, relata Silvia.
Cuando su hijo trató de salir de la vivienda, abrió una puerta detrás de la que se encontraba el joven que acabaría siendo condenado, armado con navajas. Fueron segundos, lo suficiente para acabar con una vida y abrir una discusión que, trece meses después, ya ha llegado al Congreso.
Tras la detención, el juzgado acordó el internamiento cautelar del menor en régimen cerrado. Pero una medida cautelar no es una condena. La Ley del Menor establece que el internamiento provisional puede durar un máximo de seis meses, prorrogables mediante resolución motivada por otros tres. En total, nueve.
Vivir con miedo
Ese plazo se agotó en mayo de 2026, cuando todavía no se había celebrado el juicio. El acusado salió entonces del centro y quedó sometido a libertad vigilada. La familia solicitó además una orden de alejamiento. “Vivo con miedo por la proximidad entre Tàrrega y Vilagrassa, separados por solo unos kilómetros”. Los nueves meses se descuentan de la medida definitiva. “Que haya cumplido 18 años tampoco significa que deba ingresar automáticamente en una prisión de adultos”, advierte Silvia.
La Ley Orgánica 5/2000 mantiene la ejecución dentro del sistema de justicia juvenil y solo contempla el traslado penitenciario en determinados supuestos. Para un menor de 16 o 17 años condenado por homicidio o asesinato, la ley permite imponer de uno a ocho años de internamiento cerrado y, en su caso, hasta cinco más de libertad vigilada. Sílvia no pide que la reforma afecte retroactivamente al asesino de su hijo. Sabe que no puede ser así. “Lo que intento desde octubre de 2025 es convertir el nombre de Juan en una causa que alcance a otros”.
Empezó recogiendo firmas y después amplió su lucha a reuniones, concentraciones y una marcha celebrada el 21 de febrero. El 16 de abril, cinco familias que habían perdido a sus hijos en crímenes atribuidos a menores entregaron en el Congreso unas 130.000 firmas para reclamar una revisión de la Ley Orgánica 5/2000.
Doce días más tarde, la Mesa de la Cámara dio curso a la petición de Sílvia Guerrero y otras familias y la remitió a la Comisión de Peticiones. Son padres que no entienden que la edad del autor de un crimen pueda abrir una distancia tan grande entre la pena que merecerían y la que finalmente permite la ley. Después de aquella entrega, Silvia sigue sumando apoyos y su campaña va camino de las 100.000 firmas adicionales.
La reinserción es una burla
“Lo que reclamo es endurecer la respuesta para homicidios, asesinatos, violaciones y otros delitos de extrema gravedad cometidos por menores de más edad, acercando las consecuencias penales a las previstas para los adultos y reforzando el cumplimiento efectivo”. La Ley del Menor nació con una finalidad esencialmente educativa y de reinserción, y cualquier reforma obliga a decidir cuánto debe pesar esa finalidad ante delitos irreversibles. Silvia pone en duda que se cumpla el objetivo de la reinserción. “En estos centros se acaricia a los delincuentes. Es una burla. Quien crea que es reinserción que se lleve a su propia casa a un asesino o a un violador y lo compruebe”.
Habla desde la ausencia y desde un duelo que ha quedado suspendido. También desde la sensación de injusticia por el procedimiento judicial. El día de la sentencia salió de los juzgados acompañada por familiares y amigos de Juan y calificó la pena de “muy injusta”. Desde entonces no deja de llamar a puertas y de recoger firmas. “Hay que hacer ruido porque es un problema grave que nos compete a todos. Mientras tenga un hilo de fuerza, la voy a agotar”