Movilización

La marea amarilla de la educación especial: “Salimos a la calle por nuestros alumnos”

Los docentes se han sumado a la huelga indefinida y a las manifestaciones para denunciar la masificación, la falta de personal y las deficiencias de las instalaciones

Leticia Fernández, a la izquierda, junto a dos compañeras
Leticia Fernández, a la izquierda, junto a dos compañeras

Las movilizaciones de estos días nos han llevado hasta el colegio público de Educación Especial Pablo Picasso, en Alcalá de Henares. Las humedades que ya afectaban a las instalaciones se han extendido este mes de octubre a causa de las lluvias y parte del techo de un aula se ha venido abajo. El incidente devuelve la seguridad del edificio al centro de las reclamaciones de los profesionales del centro, que se han sumado este mes a la huelga indefinida y a las marchas de protesta por la situación de la educación especial pública.

El deterioro del centro es una de las razones que, según nos explica Leticia Fernández, maestra en Pedagogía Terapéutica del colegio, han motivado estas protestas, cuyas camisetas amarillas se han convertido en una señal diferencial. “Reclamamos más personal, mejores instalaciones y unas ratios que tengan en cuenta las necesidades reales de los alumnos. La reivindicación laboral es también una exigencia de seguridad y calidad educativa”.

Protestas de los docentes del colegio público de educación especial Pablo Picasso
Protestas de los docentes del colegio público de educación especial Pablo Picasso

El Pablo Picasso fue inaugurado en 1982 y recibe estudiantes de Alcalá y de otros municipios de la comarca. Atiende a más de 250 niños y jóvenes con discapacidad intelectual, autismo, parálisis cerebral, enfermedades raras y otras condiciones que requieren apoyos específicos. “Aquí enseñar no consiste únicamente en explicar una materia. Implica ayudar a comunicarse, desplazarse, comer o desarrollar la autonomía personal”. Una baja sin cubrir o una sala inutilizada pueden alterar toda la jornada.

El desprendimiento del techo ha reavivado denuncias anteriores sobre goteras, humedades y mantenimiento. En junio, la presidenta de la asociación de familias, Mercedes Camino, ya advertía públicamente de filtraciones en las aulas y del riesgo que podían representar para alumnos con problemas de salud asociados. Las precipitaciones han empeorado esas deficiencias.

Un edificio que se quedó pequeño

La saturación lleva años en la agenda de la comunidad educativa. CSIF cifraba en febrero en 257 el número de alumnos matriculados en unas instalaciones que, según el sindicato, habían sido concebidas para 120. En 2006 había 97 alumnos. Disponían de sala de informática, otra de psicomotricidad, una ludoteca y un espacio de audiovisuales. La necesidad de crear aulas ha ido absorbiendo estas dependencias. “Perder recursos personales y salas especializadas significa disponer de menos espacios para trabajar la comunicación, las habilidades motoras y los aprendizajes individualizados”, detalla Leticia.

Nos habla también de los estudiantes por profesor. La Comunidad de Madrid indica que el colegio cumple las ratios legales, pero los docentes y las familias replican que una cifra no describe el grado de apoyo que precisa cada niño. “En una misma clase pueden coincidir un alumno que necesita asistencia para comer, otro que requiere ayuda para desplazarse y alguno que utiliza sistemas alternativos de comunicación. Las demandas incluyen un especialista en pedagogía terapéutica y un técnico de integración social por aula, además de refuerzos en audición y lenguaje, fisioterapia y enfermería”.

Los trabajadores denuncian también las dificultades que generan las sustituciones tardías. Defienden que la estabilidad de las plantillas no es un lujo. Hay alumnos que necesitan rutinas y profesionales familiarizados con sus modos de comunicación. Las familias se quejan también de una enfermería insuficiente para alumnos que precisan cuidados sanitarios intensivos.

Ascensores sin mantenimiento

La accesibilidad ofrece otro ejemplo de la distancia entre las necesidades y las soluciones. Unos 40 alumnos utilizan silla de ruedas y el centro dispone de un solo ascensor operativo. La Consejería de Educación adjudicó en 2023 obras de accesibilidad por 186.356,64 euros, con un plazo inicial de dos meses. Sin embargo, el proyecto acumuló prórrogas, retrasos y problemas de ejecución.

Un dictamen de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid, fechado el 11 de marzo de 2026, documentó que seguían pendientes actuaciones esenciales, entre ellas la legalización del ascensor exterior, su protección contra incendios y la sustitución de un montacargas que no tenía las dimensiones previstas. El organismo avaló resolver el contrato por incumplimientos de la adjudicataria. Las dificultades aparecen incluso en el recreo. Ante la falta de un columpio adaptado para alumnos en silla de ruedas, las familias llegaron a reunir unos 7.000 euros mediante rifas y donaciones para comprar uno.

Las reivindicaciones de los profesionales también tienen una dimensión salarial. Además del incremento de 600 euros mensuales en el complemento específico general docente que reclama el comité de huelga, los trabajadores de Educación Especial exigen un complemento específico de peligrosidad y el reconocimiento de sus puestos como de especial dificultad o difícil desempeño. “Nuestra labor comporta una exigencia física y emocional que no siempre se reconoce. En el Pablo Picasso estudian numerosos alumnos con trastorno del espectro del autismo (TEA) y otras discapacidades, algunos de los cuales presentan también alteraciones graves de conducta o episodios de desregulación emocional que pueden manifestarse mediante conductas desafiantes y, en determinadas situaciones, comportamientos que pueden ocasionar daños físicos a otras personas”.

No se trata de asociar el autismo con la violencia, sino de reconocer que determinados alumnos presentan necesidades de apoyo especialmente intensas y requieren intervenciones especializadas para prevenir y manejar estas situaciones. Los docentes reclaman, por ello, más personal, formación específica, protocolos de prevención y protección frente a los riesgos laborales, además de una compensación económica acorde con las condiciones en las que desarrollan su trabajo.

Veinte años reclamando soluciones

El 1 de marzo, alrededor de un millar de personas se manifestó en Alcalá para exigir recursos. En octubre, coincidiendo con la huelga indefinida y nuevas convocatorias, los profesionales han trasladado de nuevo sus demandas a la calle, identificados por sus camisetas amarillas. Piden ratios adaptadas al nivel de apoyo, cobertura inmediata de las bajas, plantillas estables y centros seguros y accesibles. Las reivindicaciones se enmarcan en un movimiento que afecta a la educación especial madrileña, no únicamente a este colegio.

La marea amarilla, símbolo de las reivindicaciones de la educación especial

Las administraciones ofrecen otra versión. La Consejería ha defendido que el Pablo Picasso cuenta con los profesionales necesarios y respeta la normativa de ratios. El Ayuntamiento, responsable del mantenimiento y conservación del centro, asegura haber destinado más de 190.000 euros desde 2023 a distintas mejoras. Durante el verano anunció reformas de baños, sustitución de suelos en aulas y gimnasio y actuaciones en instalaciones deportivas y accesibilidad.

“En un colegio de educación especial, un techo seguro, un ascensor que funcione y suficientes manos para atender a los alumnos no son mejoras accesorias. Creemos que son las condiciones mínimas para enseñar”, zanja Leticia. Su camiseta amarilla hace visible hoy una protesta que viene de lejos.

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