María estuvo catorce años casada antes de que su marido intentase asesinarla. Lo hizo cuando ella se sintió fuerte para cambiar de vida y esa metamorfosis comenzaba con un empleo en la capital, lejos de su pueblo. Buscaba prosperar tras más de una década dedicada a trabajar en casa y a criar a sus dos hijos entre insultos, golpes y humillaciones. Con todo preparado, el hotel, el billete, la maleta; su maltratador procuró evitar que diese ese primer paso de independencia. Fue condenado a 14 años por intento de homicidio y agresión sexual. Hasta aquí, esta historia no difiere mucho de otros ciclos de violencia extrema. Y al igual que ocurre en demasiados otros casos, por desgracia, cuando este maltratador entró en prisión la violencia no cesó, tan solo mutó.
Encerrado, este condenado logró dar rienda suelta a sus ansias de control a través de lo que todavía le unía a su víctima, los bienes que compartían. Por eso utilizó todas las herramientas que el sistema puso a su disposición para seguir maltratando, para seguir sosteniendo el mango de una sartén desde su celda.
Mientras María trabajaba en casa, su entonces marido, le daba todos los meses un sobre con dinero para el mantenimiento del hogar familiar. Ella se encargaba de la intendencia y de que no faltase nada. Pasó el tiempo, los pequeños crecieron y esta mujer se reenganchó a la vida laboral remunerada. Encontró un buen trabajo, la economía de la pareja gozaba de buena salud y se decidieron a comprar una segunda vivienda.
Sin embargo, poco a poco, él encontró la manera de colaborar cada vez en menor medida a la economía familiar. Al principio, con la mitad de su sueldo, después, apenas un tercio y entonces llegaron las excusas peregrinas de “no he cobrado”, “no he trabajado mucho este mes” y demás malabares hasta desentenderse de los gastos por completo. Lo que él ganaba, él se lo gastaba.
Mientras, María vivía ahogada. Ganaba más que él, pero no elegía en qué gastar. No tenía poder de decisión. Todo su dinero era necesario para sacar la casa adelante, la hipoteca, la luz, los niños. Así, su maltratador la tenía controlada, así funciona la violencia económica. Porque en la violencia de género no todos son golpes e insultos. Un maltratador puede ejercer su dominación, simplemente, asfixiándote económicamente.
Por eso cuando María se decidió a mejorar su situación e irse a Madrid, a su maltratador esa libertad le pareció un desafío. Una actitud que había que cortar de raíz. A punto estuvo, pero María sobrevivió.
Negarse a liquidar gananciales
Cualquiera pensaría que ahí acababa el calvario, que con una condena de catorce años se cerraba el círculo de la violencia, que cuando encierran a tu verdugo eres libre, pero nada más lejos. María, tras casi tres lustros de maltrato, estaba derruida, perdida, con dos hijos menores víctimas también de violencia de género y en shock. Así tuvo que enfrentarse a una nueva vida con una economía tocada y sin saber muy bien cómo sacar la cabeza para respirar.
Si su exmarido se había desentendido de la manutención de los niños cuando estaba en libertad, desde prisión, hizo lo mismo. María reclamó ese dinero. Al fin y al cabo, compartían la titularidad de dos viviendas, él tenía posibles. Pero solo logró que embargasen las casas. Una circunstancia que, a la postre, le imposibilitaba, por ejemplo, cobrar una ayuda de cien euros a la que tenían derecho.
El sistema no diferencia si estás en la cárcel por haber intentado matar a tu mujer. Las leyes permiten que un maltratador pueda seguir ejerciendo violencia entre barrotes. Que continúe el control y la dominación a través de las grietas garantistas. Así, se negó a liquidar los bienes gananciales. Lo que le permitió seguir atado a su víctima y ella a su merced. Como ambos eran dueños de la casa él podía vetar que se alquilase y así lo hizo. Evitando así que María organizase su nueva economía familiar, seguía sin dejarla tomar sus propias decisiones. Es decir, se le permitía no pagar la pensión y frenar a su vez cualquier intento de su exmujer para conseguir ingresos.
María no entiende que esto sea posible. “Si cometes una infracción de tráfico el sistema idea una herramienta para cobrar ese dinero. Yo tengo una sentencia que dice que mis hijos tienen derecho a una pensión de alimentos ¿por qué no se crea un instrumento para cobrarla?”, se pregunta.
Las estrategias judiciales también sirvieron para agredir a María. Su maltratador recibía cualquier requerimiento, se aplazaba y contestaba con algún detalle o demanda diferente y vuelta a empezar. Era imposible solucionar el problema. Porque la deuda del impago de la pensión generó un debe de 47.000 euros que sumada a la indemnización por el intento de homicidio y otros detalles hizo ascender a 84.000 euros el agujero que su maltratador le dejó.
Cuando consideró y tuvo a bien liquidar gananciales María tuvo que hacer frente a los pagos para el encargado de decidir la forma en la que se iban a distribuir los bienes, la figura del contador partidor que se lleva una comisión por sus servicios. Del mismo modo, y a pesar de todo, abonó los honorarios también del tasador. Todo corría de su bolsillo. Se iban a dividir unos bienes que ella sola se había encargado de mantener.
Una deuda de 84.000 euros
Las ganas de librarse de cualquier influjo del hombre que había intentado matarla llevó a María a tomar una decisión común en este tipo de procesos. Perdonarle la deuda. Era la condición más sencilla para conseguir quedarse con el piso que había pagado casi en solitario. Ser libre le costó más de 84.000 euros.
A día de hoy, y gracias al esfuerzo bárbaro de esta mujer sus hijos tienen una educación superior y ella canalizó todo su sufrimiento para ayudar a otras víctimas como técnica en Igualdad de género. Ahora, acompaña a otras que han vivido historias parecidas a la suya y alza la voz contra la violencia económica que ha sufrido. Una pata casi desconocida de la violencia de género que afecta a muchas víctimas y que el sistema permite.
Por eso pide a los responsables políticos que se escuche la voz de las víctimas, que las tengan en cuenta a ellas y a sus circunstancias a la hora de diseñar protocolos y herramientas para evitar que la violencia continúe una vez que se ha dictado una sentencia condenatoria. No es suficiente con sobrevivir un ataque mortal porque un maltratador puede seguir ejerciendo violencia encerrado en una celda y con la connivencia del sistema.
