Ruth Ortiz no supo ponerle nombre entonces. Como ella misma ha contado, no fue consciente de que era una mujer maltratada hasta después del asesinato de sus hijos.
Pero tampoco la sociedad entendía todavía lo que José Bretón había hecho. Que no había matado solo a dos niños. Que había utilizado a Ruth y José para causar a su madre el mayor daño posible.
En aquel octubre de 2011, habían pasado casi siete años desde la aprobación de la Ley de Violencia de Género. Sin embargo, todavía no existía un marco para comprender que un hombre pudiera atacar a una mujer a través de sus hijos. Mucho menos que ese daño podía prolongarse después de la separación.
Un nombre para lo que había ocurrido
Un año después, en 2012, la psicóloga y perita forense Sonia Vaccaro encontró las palabras para explicar aquella violencia. Había escuchado durante años los relatos de mujeres que se habían separado de hombres violentos y que, aun así, continuaban expuestas a ellos a través de sus hijos.
“Lo acuñé a raíz del relato de las mujeres que me decían que eran amenazadas por estos individuos de los que se habían separado y tenían órdenes de alejamiento, pero sus hijas e hijos eran obligados a seguir frecuentándolos. Comencé a observar que estaban utilizando a las criaturas como objeto e incluso algunos llegaron a asesinarlos”.
Vaccaro llamó a aquello violencia vicaria. El nombre no era casual. Vicaria significa que el daño se ejerce por sustitución, a través de otra persona. Los hijos e hijas son víctimas directas, pero el agresor los utiliza para llegar hasta la madre: para castigarla, controlarla, someterla o impedir que pueda reconstruir su vida después de la ruptura.
No empieza con el asesinato
El asesinato es su manifestación más extrema, pero no su comienzo. La jurista e investigadora María Naredo explica que existe un recorrido previo. Primero, los niños viven en una casa atravesada por el miedo, la intimidación y el control que el agresor ejerce sobre su madre. Ya entonces son víctimas.
Después puede producirse una segunda fase. El agresor debilita a la mujer económica, emocional y socialmente. La desacredita, la aísla o consigue que aparezca ante el entorno y ante los juzgados como una persona inestable, conflictiva o incapaz de cuidar de sus hijos.
La tercera es la que Naredo identifica como violencia vicaria: el uso de las visitas, la custodia o la patria potestad para continuar ejerciendo poder sobre la madre. Los niños pueden ser obligados a transmitir mensajes, a ocultar información, a vivir con amenazas o a escuchar cómo su padre habla de ella. También pueden sufrir agresiones directas. El asesinato está al final de ese continuo, no fuera de él.
Vaccaro insiste en que la mirada no puede limitarse a los casos mortales. Hay una violencia vicaria cotidiana, menos visible, que se instala en las entregas, las llamadas, los fines de semana de visita y las decisiones judiciales. Y que puede prolongarse durante años.
El Estado empieza a contar
En 2013, dos años después del asesinato de Ruth y José, el Estado comenzó a contabilizar oficialmente a los niños y niñas asesinados por violencia de género. Desde entonces han sido 68.
Tres años después, en 2015, los hijos e hijas de las mujeres víctimas de violencia de género pasaron a ser reconocidos legalmente como víctimas directas. La reforma permitió, además, reforzar la posibilidad de suspender la custodia, las visitas y la patria potestad cuando existiera riesgo.
Dos años después, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género reconoció también a las madres cuyos hijos habían sido asesinados por sus parejas o exparejas. Era un paso que Ruth Ortiz y otras mujeres habían reclamado durante años: entender que, cuando un agresor mata a los hijos para dañar a su madre, ella también es víctima de esa violencia.
Casi una década después
No fue hasta 2021, casi diez años después del crimen de Bretón, cuando la LOPIVI modificó la Ley de Violencia de Género de 2004. Añadió un apartado cuarto a su artículo primero para incorporar la violencia ejercida sobre familiares o allegados menores de edad con el objetivo de causar perjuicio o daño a las mujeres.
Es decir, la ley aprobada en 2004 pasó a reconocer expresamente que la violencia de género también puede ejercerse contra los hijos e hijas para dañar a su madre. No empleó todavía el nombre de “violencia vicaria”, pero incorporó por primera vez ese mecanismo a la norma.
Cinco años después, una reforma específica pretendía dar un paso más: definir expresamente la violencia vicaria en la ley de 2004 y reforzar la protección frente al agresor. El pasado 30 de septiembre, 312 diputados rechazaron la enmienda a la totalidad de Vox y permitieron que la norma siguiera su tramitación.
Pero el adelanto electoral la ha hecho decaer apenas unos días después. La reforma iba a modificar el Código Penal para que la agravante de género se aplicara también a los casos de violencia vicaria. Es decir, cuando se acreditara que el agresor había utilizado a los hijos, familiares o personas cercanas para dañar a una mujer, el delito se castigaría con la pena en su mitad superior.
Aun así, las expertas advierten de que el reconocimiento legal no basta. Isabel Giménez, magistrada y experta en violencia de género, sostiene que el problema no es que no existan herramientas, sino que no siempre se conocen o se aplican. Los niños tienen que ser escuchados y creídos; y quienes intervienen —jueces, fiscales, profesionales sanitarios, docentes, policías o trabajadores sociales— necesitan formación para detectar una violencia que no siempre deja marcas visibles.
Nombrarla también fue una disputa
El término acuñado por Vaccaro abrió un debate que continúa. Para el exdelegado del Gobierno contra la Violencia de Género Miguel Lorente, la expresión más precisa sería “violencia de género vicaria”. Considera que no debería separarse del resto de violencias machistas porque todas responden a una misma raíz: el dominio del agresor sobre la mujer.
“El término ‘violencia vicaria’ no tendría ni que existir, entra dentro de violencia de género”, sostiene. Lorente teme que multiplicar etiquetas —violencia económica, digital o vicaria— oculte ese origen común y convierta cada caso en una categoría aislada.
Vaccaro defiende que ponerle nombre permitió, precisamente, hacer visible lo que durante años había quedado fuera de foco.
En cualquier caso, quince años después, la violencia que Ruth Ortiz no pudo nombrar tiene un artículo en la Ley de Violencia de Género y una cifra oficial que la contabiliza. Pero las expertas siguen reclamando que se reconozca a tiempo. Antes de que las visitas, la custodia o la patria potestad se conviertan en las herramientas con las que un agresor daña a una madre a través de sus hijos.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.