La semana pasada, a las diez de la mañana, Cira García Domínguez, magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 14 de Madrid, se sentó a trabajar. A las siete de la tarde, ella y el resto del equipo aún no habían podido comer.
La escena resume un año en el que estos juzgados han asumido la violencia sexual fuera de la pareja, la trata con fines de explotación sexual, los matrimonios forzados y la mutilación genital femenina, sin medios suficientes.
Cada asunto requiere escuchar, valorar el riesgo y decidir sobre una protección, una custodia o la libertad de un investigado. García Domínguez advierte de que la saturación no afecta solo a los tiempos: “El riesgo está en que no podamos ser capaces, por la sobrecarga, de ver con claridad cada situación como se merece”. “Esto está colapsado”, resume.
En Sevilla, Francisco Gutiérrez, magistrado titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2, pone palabras a lo que ocurre cuando ya no hay horas suficientes: “Tengo que seleccionar aquellos asuntos más importantes para tomar declaración y los que estimo que son menos importantes, a lo mejor no puedo oír a la víctima. Tengo que resolver sin escucharla”. “Y es un peligro, un riesgo. Y además una injusticia”.
María Auxiliadora Díaz Velázquez, magistrada titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Las Palmas de Gran Canaria, se lleva el juzgado a casa. Para poder sacar el trabajo tiene que ir a trabajar “muchísimo tiempo durante los fines de semana completos” y también los festivos. “Me genera ansiedad”, reconoce. “Estoy súper agobiada, de verdad”.
Las cosas no funcionan mejor en Barcelona. Carlos Pascual Alfaro, magistrado titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1, ve cómo se acumulan los expedientes y se alargan las guardias. “A las nueve de la noche, cuando llevas doce horas, el nivel de resolución ya no es tan bueno”, advierte.
No se trata de un expediente más. Una agresión sexual exige tomar declaración a la víctima, decidir medidas urgentes, ordenar diligencias, coordinar exploraciones forenses y analizar muestras de ADN. La trata eleva aún más la complejidad: puede haber veinte investigados y treinta víctimas, intervenciones telefónicas, cuentas bancarias que rastrear, secretos de actuaciones y pruebas que deben preconstituirse para evitar que las víctimas tengan que revivir una y otra vez lo que han sufrido.
“Una agresión sexual con penetración no es un delito de uso, no lo puedes tramitar así rápidamente”, explica Pascual. Un procedimiento de trata tampoco se mide como uno solo: “No es que sea un asunto, es como cuarenta”.
Gutiérrez calcula que solo en los seis primeros meses de 2026 llegaron a los juzgados de violencia sobre la mujer de Sevilla 235 asuntos por delitos contra la libertad sexual y trata con fines de explotación sexual. Cerca de un tercio eran violaciones. El resto incluía tocamientos, abusos, prostitución coactiva o acoso sexual a través de redes sociales. Cada causa puede generar, además, medidas cautelares, ejecuciones y quebrantamientos que siguen siendo competencia del mismo juzgado.
El cálculo que no bastó
En Barcelona sí hubo un refuerzo inicial, se creó un juzgado nuevo para absorber las competencias, aunque sin letrado de la Administración de Justicia propio. Al principio creyeron que bastaría. Incluso le asignaron más asuntos para que alcanzara el ritmo de los otros órganos.
El cálculo duró poco. “Calculamos que no iba a ser tanta violencia sexual y casi lo hundimos”, recuerda Pascual. Dos meses después tuvieron que rebajarle el reparto. Ahora, con las causas acumulándose y una subida estimada del 15% en los asuntos, aquella previsión se ha deshecho.
El magistrado ilustra el cambio con otra comparación. Antes de la reforma, la violencia sexual la tramitaban tres de los 33 juzgados de instrucción de Barcelona. Ahora la llevan seis juzgados especializados. La carga se concentra en menos manos, mientras el resto de asuntos de violencia de género no ha dejado de entrar. “Es un goteo constante”, describe.
La consecuencia no se ve solo en una guardia que termina de noche. También aparece en los plazos. Pascual calcula que un asunto que antes podía resolverse en tres meses empieza a demorarse cuatro; después, cinco o seis. Las víctimas esperan durante horas y las pilas de expedientes crecen.
“54, 14, con los mismos medios”
La situación se repite con matices en el resto del país. García explica que las causas de violencia sexual que llevaban 54 juzgados de instrucción en Madrid han pasado a 14 juzgados especializados. “No hay que hacer más cuentas que esas: 54, 14, con los mismos medios”.
No han llegado más funcionarios, forenses ni profesionales de los equipos técnicos: se ha redistribuido el personal que ya había. Las nuevas plazas se abrieron sin una plantilla suficiente. Una de ellas tiene dos funcionarios, otra tres y la de García, cinco. Cuando un funcionario tiene que cubrir una guardia, su mesa queda sin atender durante días.
Las advertencias no se han quedado en conversaciones de pasillo. García y sus compañeras remitieron escritos al Tribunal Superior de Justicia, al Consejo General del Poder Judicial y al Servicio de Inspección para alertar de la falta de medios. “No nos han ni contestado”, denuncia.
El deterioro alcanza también a las plantillas. Funcionarios que llevaban años en estos juzgados piden traslados; otros causan baja y esas ausencias no siempre se cubren. “Nuestra salud laboral está en riesgo”, sostiene García. Los que permanecen, añade, lo hacen “por pura vocación”.
El módulo de 120 que llegó a 210
En Sevilla, Gutiérrez denuncia que durante este año no ha recibido ningún incremento de funcionarios, médicos forenses, letrados de la Administración de Justicia o psicólogos. Tampoco cuentan con una sala Gesell para realizar entrevistas, con dependencias para los reconocimientos en rueda ni con un espacio diferenciado para atender a víctimas de violencia sexual.
Su módulo de entrada está fijado en 120 asuntos por semestre. Entre enero y junio asumió 210. Casi el doble. “Estamos desbordados”, dice. Para él, el colapso llegará cuando ya no pueda resolver en guardia “de manera ajustada a derecho” y con resoluciones motivadas, no recurriendo a un modelo.
Todo eso se añade a lo que estos juzgados ya hacían antes. Siguen atendiendo órdenes de protección, detenidos, violencia de género, divorcios, guardas y custodias. García explica que hay dos juzgados de guardia para una media de diez órdenes de protección diarias. Las mujeres esperan durante horas mientras se deciden medidas que afectan a su seguridad y a la de sus hijos e hijas.
Más juzgados y especialización real
Díaz Velázquez no cuestiona que los juzgados de violencia sobre la mujer hayan asumido estas competencias. Al contrario: considera que la reforma ajusta la legislación a la normativa internacional y al Convenio de Estambul. Pero no cree que la solución sea seguir concentrando funcionarios y expedientes bajo un mismo juez.
Su Oficina Judicial funciona mejor que la anterior y cuenta con más personal, explica. Aun así, pide más juzgados y más jueces y juezas para repartir el volumen de trabajo. “Yo no quiero más funcionarios porque me colapso”, afirma. “Lo que pediría es más jueces y juezas que sean capaces de ayudarnos a sacar el trabajo”.
Pero no cualquier juez o jueza. “Tiene que ser especializado, pero especializado de verdad”, insiste. “No basta un simple curso”. Quien instruya violencia sexual o trata necesita conocimientos jurídicos, pero también entender la situación de las mujeres que llegan al juzgado y las consecuencias de la violencia para poder darles una respuesta adecuada.
Pese al agotamiento, Díaz Velázquez no se plantea dejar el destino. “Para mí es una cuestión de interés general”, explica. Considera que estos juzgados cumplen una función social: ayudar a las mujeres a salir de la violencia dentro de las posibilidades de la Justicia. Esa convicción es la que la mantiene allí, aunque reconozca que le está pasando factura.
Gutiérrez plantea incluso una jurisdicción específica para los delitos contra la libertad sexual y la trata, separada de los juzgados de violencia sobre la mujer. Pero ni siquiera un nuevo juez resolvería el problema por sí solo. “Un juez más no significa que vaya a resolver más rápido”, sostiene. Ese juez necesita funcionarios, letrado de la Administración de Justicia, forenses, psicólogos, equipos técnicos y espacios adecuados para trabajar.
Un año después de la reforma, la advertencia de los jueces no es contra las nuevas competencias. Es contra la idea de que puedan asumirse sin transformar los medios. Porque cuando las horas no alcanzan, explicaba Gutiérrez, una víctima puede quedarse sin ser escuchada. Y para ella, aunque su declaración haya tenido que quedar para después, ese procedimiento sigue siendo “el asunto más importante de su vida”.
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