Siete de cada diez órdenes de alejamiento controladas con pulseras antimaltrato fijan una distancia de 500 metros

Los datos oficiales de octubre revelan que la mayoría de los juzgados establece la distancia recomendada por el protocolo de COMETA

Siete de cada diez órdenes de alejamiento controladas con pulseras antimaltrato fijan una distancia de 500 metros
Siete de cada diez órdenes de alejamiento controladas con pulseras antimaltrato fijan una distancia de 500 metros
KiloyCuarto

Siete de cada diez órdenes de alejamiento controladas mediante pulseras antimaltrato establecen una distancia de 500 metros entre el agresor y su víctima. Es la medida más habitual entre los órganos judiciales españoles, según los datos oficiales de octubre de 2026 del sistema COMETA, encargado del seguimiento telemático de las prohibiciones de aproximación en casos de violencia de género. Concretamente, el 68,3 % de los expedientes activos tenían fijada esa distancia, que coincide con el mínimo recomendado por el protocolo de actuación del propio sistema, suscrito también por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y la Fiscalía.

Sin embargo, no todos los juzgados establecen el mismo perímetro de protección. Algunos fijan distancias superiores, mientras que otros las reducen considerablemente, incluso hasta los 100 metros. Y esa diferencia es fundamental porque una pulsera puede detectar que un maltratador se aproxima a su víctima, pero no impedir físicamente que llegue hasta ella. Para eso es necesario que exista tiempo suficiente para que la mujer pueda ponerse a salvo y las fuerzas de seguridad intervengan.

Siete de cada diez órdenes de alejamiento controladas mediante pulseras establecen una distancia de 500 metros
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El fabricante de los dispositivos recomienda, por su parte, una distancia mínima de 350 metros para facilitar la respuesta ante una alerta. Una cifra inferior a los 500 metros que aconseja el protocolo de COMETA para mejorar la protección de las víctimas.

Según publicó El País, 1.415 de los 5.817 expedientes activos en octubre tenían órdenes de alejamiento inferiores a 350 metros. Es decir, aproximadamente una cuarta parte de las medidas supervisadas mediante pulseras estaban por debajo incluso de ese umbral.

Ibiza: una orden de alejamiento de apenas 100 metros

El riesgo que supone establecer distancias de alejamiento tan reducidas quedó patente el pasado febrero en Ibiza. Un hombre que llevaba una pulsera antimaltrato agredió brutalmente a su expareja, que terminó ingresada en la UCI. Tenía prohibido acercarse a ella, pero el juzgado había establecido una distancia de alejamiento de apenas 100 metros.

El agresor entró en la vivienda de la mujer el 15 de febrero y comenzó a golpearla. También atacó a varios familiares que acudieron a auxiliarla.

El caso evidencia la importancia de distinguir entre el funcionamiento de una pulsera y la eficacia de la protección que ofrece. Cuando un agresor entra en la zona de exclusión, el sistema genera una alerta que debe ser gestionada por COMETA. Dependiendo de las circunstancias, se avisa a la víctima y a las fuerzas de seguridad. Pero cuanto menor sea la distancia establecida, menos tiempo existe para reaccionar.

Igualdad y el CGPJ discrepan sobre las distancias y la formación

La agresión de Ibiza llevó al Ministerio de Igualdad a trasladar su preocupación al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y a la Fiscalía General del Estado. El departamento dirigido por Ana Redondo pidió que se recordara a los órganos judiciales la importancia de establecer distancias de al menos 350 metros, de acuerdo con las recomendaciones técnicas, y ofreció formación específica sobre el funcionamiento de los dispositivos.

Sin embargo, el CGPJ defiende que no puede impartir instrucciones a los jueces sobre las distancias que deben fijar, ya que cada magistrado debe valorar las circunstancias particulares de cada procedimiento. Entre ellas pueden encontrarse la proximidad del domicilio o del lugar de trabajo del investigado a los espacios que frecuenta la víctima.

La controversia también se ha extendido a la formación judicial. Según publicó El País, la propuesta de Igualdad para reforzar la formación judicial sobre estos dispositivos encontró la oposición del CGPJ. El periódico tuvo acceso al acta de una reunión del Observatorio Estatal de Violencia sobre la Mujer celebrada el 2 de julio, en la que una representante del CGPJ expresó su desacuerdo con una propuesta para mejorar la formación porque consideraba que la existente era suficiente.

El órgano de gobierno de los jueces matizó posteriormente que su oposición respondía a que no quería que se interpretara que la formación actual era deficiente. También aseguró que la formación en violencia de género es una de sus prioridades.

La cuestión de fondo es cuánto tiempo necesita una mujer para ponerse a salvo cuando su agresor incumple una orden de alejamiento. Porque entre los 100 metros fijados en Ibiza y los 500 recomendados por COMETA puede haber una diferencia decisiva para su protección.

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