Feijóo afea los ‘casos Mínguez y Tolón’ y Sánchez defiende intervenir el mercado de vivienda

En el primer bloque del debate, Sánchez le ha recriminado que votara en contra de incentivos fiscales y de parar desahucios en el 'Decreto Maricarmen'

“Jésica, Andrea, hay más viviendas en los sumarios de corrupción que las que usted ha construido, 540, según la página de Moncloa, frente a las 184.000 que ha prometido”, ha ironizado Alberto Núñez Feijóo en el debate cara a cara ante un Pedro Sánchez que ha defendido intervenir el mercado y ha alertado de los recortes y derogaciones que a su juicio van a hacer PP y Vox.

La crisis de la vivienda ha sido el asunto clave en la convocatoria de elecciones y se ha colocado como el primer bloque del debate entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Después de un discurso demoledor del candidato del PP sobre la legislatura y de que Sánchez haya reconocido errores y prometido “esperanza”, Feijóo le ha afeado los casos Mínguez y Tolón y le ha acusado de estar “de oyente” como si no fuera con él lo que ha hecho su gobierno. “Usted no de responsabiliza de nada”, ha remachado.

“Hay que intervenir el mercado de la vivienda y regular”, ha defendido Sánchez, que ha puesto de ejemplo una supuesta caída del precio del alquiler en Barcelona del 4,4%, donde están topados las subidas, y ha cargado contra los fondos buitre, mientras que el candidato del PP le ha recordado sus reuniones con fondos y la venta de un edificio de Hacienda en Madrid a uno de ellos. Asimismo, ha sostenido que el precio de la vivienda ha subido un 47% y un 45% el del alquiler. Para Núñez Feijóo, hay un déficit de viviendas por lo que promete construir un millón.

PP: un millón de viviendas

El PP ha situado el aumento de la oferta en el centro de su programa de vivienda, con un dato fácil de recordar por los potenciales votantes. “Construiremos un millón de viviendas”, una cifra que coincide con el déficit residencial proyectado por el Banco de España para 2028. La aspiración es ambiciosa. Si se consideran los cuatro años de una legislatura, equivaldría a una media de 250.000 viviendas anuales, cuando en 2025 apenas se terminaron 93.650, poco más de un tercio de ese objetivo.

Frente a esta realidad, el PP propone aprobar una nueva Ley del Suelo y reducir a tres meses los plazos para conceder licencias de obra nueva y rehabilitación, con silencio administrativo positivo, y agilizar los grandes desarrollos mediante proyectos residenciales estratégicos. También abren la puerta a construir vivienda social en suelo dotacional, transformar oficinas y locales en viviendas asequibles y facilitar la división de inmuebles de gran tamaño. A ello suman el impulso de la construcción industrializada y medidas para atraer trabajadores al sector, incluida la contratación en origen.

Jóvenes y alquiler

Para facilitar el acceso a la propiedad, especialmente entre los jóvenes, el PP propone reducir del 10% al 4% el IVA de la primera vivienda nueva para menores de 40 años y que se pague de forma fraccionada con la hipoteca, rebajar el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales en la compra de vivienda usada y ampliar el aval público para financiar la entrada, que ahora cubre el 20% del valor. También plantea crear una “Hucha Hogar Joven”, con una deducción fiscal del 20% sobre aportaciones de hasta 2.000 euros anuales destinadas a la compra de la primera vivienda, hasta un máximo de 40.000 euros.

En el alquiler, el PP plantea derogar la Ley de Vivienda de 2023, eliminar las zonas tensionadas y el índice de referencia de precios. Apuesta por incentivos fiscales a través del programa “Tres años+”: los propietarios particulares que renueven los contratos durante tres años adicionales con subidas inferiores al IPC obtendrían deducciones o créditos fiscales, mientras que los inquilinos podrían beneficiarse de deducciones en el IRPF según sus ingresos. El programa también incluye medidas contra la ocupación ilegal, con el compromiso de facilitar el desalojo judicial en 48 horas.

La respuesta del PSOE tras ocho años de Gobierno

El PSOE afronta estas elecciones después de ocho años al frente del Gobierno. “Reformar la Constitución Española para que la vivienda se considere un derecho fundamental, permitiendo así que la ciudadanía pueda exigir su cumplimiento a los poderes públicos”. Este es su primer compromiso de un total de 49. Una iniciativa cuya viabilidad dependerá de las mayorías parlamentarias, pues como mínimo requerirá la aprobación de tres quintos de cada una de las Cámaras al amparo de su artículo 167.

En su programa electoral, el PSOE afirma que “desde 2018, hemos activado la construcción de casi 1 millón de viviendas“. Sin embargo, las estadísticas oficiales muestran que las viviendas efectivamente terminadas están por debajo de esa cifra.

Según informó Idealista, desde la llegada de Pedro Sánchez al Gobierno se han finalizado 705.269 viviendas. Otro de sus grandes compromisos electorales es movilizar anualmente el 1% del PIB para garantizar el acceso a la vivienda. “Se unirán a este esfuerzo todas las administraciones públicas y el ICO a través del Fondo España Crece”, añade.

De esta forma, en su programa electoral reivindica haber movilizado más de 30.000 millones para políticas públicas de vivienda desde 2018. Un dato que contrasta con los 20.988 millones que el propio Gobierno declaró haber movilizado entre 2018 y 2025 en la exposición de motivos del real decreto del Plan Estatal de Vivienda aprobado en abril de 2026. Dos palabras son clave para interpretar las cifras socialistas: “activar” y “movilizar”.

Incorpora medidas ya aprobadas

Pedro Sánchez también promete constituir un parque público estatal de 100.000 viviendas, mediante construcción y adquisición, a través de Casa 47. Además, pretende que al menos una cuarta parte de las nuevas viviendas sean públicas o protegidas con carácter permanente. Cabe recordar que en diciembre de 2023, Sánchez prometió “habilitar” 184.000 viviendas públicas en alquiler asequible.

Según el Ministerio de Vivienda, se han movilizado ya 120.479 viviendas, aunque algo más de la mitad se atribuyen a Casa 47, si bien todavía no han salido al mercado. Desde su constitución, la empresa estatal de la vivienda solo ha publicado 1.249 viviendas de alquiler asequible. Para impulsar estas actuaciones, el PSOE prevé además un banco estatal de suelo público y más de 25.000 millones de euros en avales y préstamos del ICO.

Medidas del ‘Decreto Maricarmen’

En el alquiler, los socialistas incluyen las medidas del ‘Decreto Maricarmen’, como ampliar la duración de los contratos y congelar temporalmente las rentas que superen los índices de referencia en las zonas tensionadas. Además, para los jóvenes, mantienen el programa TUCASA, con préstamos sin intereses de hasta 50.000 euros para acceder a la primera vivienda, y proponen garantías públicas frente a los impagos del alquiler.

Su propuesta más intervencionista es un impuesto progresivo “contra la especulación de los fondos buitre y grandes propietarios” sobre las viviendas que no se destinen al alquiler asequible, incluidas las vacías, las turísticas y las arrendadas a precios considerados abusivos. Además, incluye garantizar la limitación de la compra de viviendas por “fondos especulativos”.