La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, envió en la mañana de este miércoles 18 de noviembre un escrito a la Consejería de Fomento de la Junta de Castilla-La Mancha, la competente en materia de vivienda, para “ponerse a disposición” y “aclarar” lo relativo al alquiler irregular de la vivienda de protección oficial que posee en Tolón, según fuentes del Ejecutivo de Emiliano García Page. Las mismas fuentes han confirmado que están revisando el expediente compelto de dicha vivienda y que es “voluminoso”. Como ha desvelado Artículo14 estos días, la exalcaldesa de Toledo y exdelegada del Gobierno en Castilla-La Mancha, ha alquilado su VPO sin los pertinentes permisos administrativos, como ella misma ha reconocido en una comunicación oficial de su equipo.
La número 1 del PSOE por Toledo a las elecciones generales del 29-N se expone a sanciones económicas que van desde 3.001 euro hasta 15.000, según los casos, al margen de que pueda ser obligada a devolver las ayudas públicas percibidas, pues el piso se vendió por debajo de mercado. También podría tener que devolver las rentas percibidas. Fuentes oficiales del Ministerio de Educación defienden que “no se ha especulado con la vivienda en ningún momento” y que Milagros Tolón siempre la ha alquilado “por debajo del módulo máximo permitido por la calificación definitiva de protección pública y muy por debajo del precio de mercado, en concreto un 30%”. En una de sus declaraciones de bienes como alcaldesa de Toledo y como diputada en el Congreso presentada en diciembre de 2023 reflejó entre 5.000 y y 7.500 euros anuales en alquileres, por lo que el piso le habría reportado estos catorce años alrededor de 80.000 euros, aunque algunos años podrían estar prescritos.
Hasta el momento lo que se sabe, gracias a este diario, es que la ministra de Pedro Sánchez carece del visado de los contratos por parte de la Consejería de Fomento que exige la ley para garantizar que no se especula con vivienda protegida. De hecho, la disposición transitoria primera de la Ley 2/2002 establece expresamente como infracción grave no visar ante la Junta los contratos de arrendamiento de viviendas protegidas porque ese es el modo que tiene la Administración para controlar que el inquilino cumpla los requisitos como arrendatario de una VPO, cuyo precio máximo está tasado. También constituye una infracción graves no destinar la VPO a residencia habitual y permanente, como obligaba la Empresa Municipal de Vivienda (EMV) de Toledo, que fue la promotora. Tolón escrituró el piso en 1998, pero, según sus propias declaraciones a la prensa, en 1999 ya vivía en su actual residencia, que está en un barrio distinto al de la vivienda protegida y que era propiedad de su actual marido, entonces portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Toledo. Artículo14 ha preguntado a la ministra si alguna vez residió en la VPO y si estuvo empadronada, como es preceptivo, pero no ha habido respuesta.
Al poco de recibir el piso , de 101 metros cuadrados construidos más una plaza de garaje y un trastero, cursó una primera consulta al área de Vivienda de la Junta para alquilar el inmueble, porque se fue a vivir con su marido, y se le informó de que no era posible durante los primeros cinco años, además de las restricciones habituales, ya que es una casa para vivir y, solo excepcionalmente y por motivos como la vulnerabilidad, se permite el arrendamiento. Además, hay que devolver todas las ayudas percibidas. Teóricamente no lo alquiló hasta 2012, transcurridos esos cinco años y los diez que luego estableció la normativa, lo que significaría que entre 1999 y 2011 la casa habría estado vacía, pese a que la calificación de vivienda protegida de categoría especial que tiene determinada hasta noviembre de 2027 establece que debe usarse como residencia habitual y permanente. Cuando se fue a la casa de su pareja pudo devolver la vivienda, dado que no la necesitaba, para que se adjudicara al siguiente, pero no lo hizo.
Fuentes oficiales de su ministerio sostienen que Tolón ha actuado “siempre con transparencia y ha venido informando en sus declaraciones de Bienes y declaraciones de la Renta tanto de la existencia del piso como de las rentas obtenidas por su alquiler”. Aseguran en una comunicación oficial por escrito que “no era necesaria la autorización de la Administración autonómica una vez transcurridos diez años desde su adquisición” y que “la ministra ha actuado conforme a las indicaciones de su asesoría jurídica, que determina que tampoco se requiere el visado previo al ser equivalente a una autorización”.
Es decir, aseveran que alquiló su VPO sin pasar por la Administración, pero la ley establece lo contrario sin lugar a dudas. El Decreto 173/2009 de 10/11/2009, por el que se aprueba el V Plan Regional de Vivienda y Rehabilitación de Castilla-La Mancha 2009-2012, dice en su artículo 20.1 que “las viviendas protegidas adquiridas para uso propio deben destinarse a residencia habitual y permanente” y que, efectivamente, “durante los primeros diez años (artículo 20.2), la cesión del uso requiere “autorización administrativa, con determinados supuestos excepcionales”, pero no dice que después sea libre. De hecho, el artículo 20.3 establece que “mientras esté vigente el régimen de protección de las viviendas, para las segundas y posteriores transmisiones inter vivos de la propiedad de las mismas y de sus anejos o para la cesión de su uso y de sus anejos será necesario obtener el visado previo de la Delegación Provincial de la Consejería competente en materia de vivienda”.
Este documento es el que la ministra de Pedro Sánchez reconoce no tener, lo que confirma las informaciones de Artículo14. Argumenta que no era necesario según el consejo de un “informe jurídico” que, según su gabinete, solicitó en mayo de 2015, justo antes de ser alcaldesa de Toledo. Es decir, reconoce que pidió ese informe al menos tres años después de alquilar su piso, si damos por buena la fecha de 2012. Además, el citado estudio lo elaboró un abogado particular que ella contrató a tal efecto. No es un informe de la Abogacía de la Comunidad Autónoma, y el decreto que regula la vivienda protegida en Castilla-La Mancha no deja lugar a dudas sobre la obligación de visar el contrato para poder alquilar una VPO.


