Muface se niega a pagar tratamientos de cáncer a funcionarios pero admite que son necesarios

El organismo público que depende de Óscar López rechaza cubrir una medicación de 600 euros al mes en lo que parece un protocolo, en plena desbandada de funcionarios por retrasos y carencias

Una funcionaria con un tumor neuroendocrino ha visto cómo Muface le ha denegado un Pet Tac, prueba diagnóstica por imagen para Oncología, y el tratamiento que le prescribió el médico, con un coste de más de 600 euros al mes, según el testimonio y la documentación a la que ha accedido Artículo14. Finalmente tuvo que recurrir a sus medios para hacerse el TAC que rechazaba la aseguradora. En el caso del tratamiento, la propia Muface lo ha vetado. Y en lo que parece un blindaje ante demandas y por si su estado empeora, lo que la afectada ve como una muestra de “cinismo”, advierte de que “debe separarse indicación terapéutica y financiación”. Su rechazo al tratamiento no implica que éste no sea necesario: “Deberá recibir el tratamiento prescrito […] si así lo considera el médico”, señala. Eso sí, aclara, “lo que no implica que el mismo deba ser financiado con fondos públicos”.

A esto se añade que dicen que no aconsejan operar, que sería el tratamiento ad hoc. En suma, una prueba autogestionada, el pago de 600 euros al mes de una medicación que pocos podrán pagar y barreras para una operación. 

El pasado 25 de septiembre, el diario Sur informó del caso de un profesor jubilado de Málaga con leucemia mieloide aguda en recaída al que Muface rechazó financiar el tratamiento. El funcionario pidió pasar al Servicio Andaluz de Salud. Los mutualistas pueden optar por la pública o la privada, y pasar de una a otra, si se acepta, lleva tiempo.

El organismo público también sostuvo que no estaba desautorizando la prescripción médica ni impidiendo que se administrara el tratamiento, sino rechazando otorgar financiación pública, con lo que la fórmula empleada es la misma que la que desvela Artículo14 y apunta a que supone un protocolo más allá de los criterios habituales hasta hace un tiempo.

Protocolos

Este periódico ha preguntado al Ministerio de Transformación Digital y Función Pública sobre la denegación de tratamientos por Muface pero no ha obtenido respuesta.

Muface, organismo público que depende de Óscar López, ofrece la única cobertura sanitaria pública que depende del Gobierno central, junto con Mugeju, la mutualidad encargada de la asistencia sanitaria de jueces, fiscales y al resto del personal de la Administración de Justicia, e Isfas, encargada de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil. En plena desbandada de funcionarios de Muface por retrasos, falta de especialistas y negativa a operar, y cuando se ha cumplido año y medio del polémico acuerdo de concierto, Frente Amplio y Podemos proponen su desaparición en su programa.

CSIF viene denunciando la denegación de pruebas PET, la negativa de intervenciones quirúrgicas con técnicas prescritas y a la dispensación de medicación hospitalaria, así como a la cobertura de distintos fármacos. Además, ha detectado falta de especialistas, médicos en atención primaria, desaparición de cuadros médicos en determinadas ciudades, problemas para dar primeras citas, discriminación territorial entre ciudades, diferencias de trato, reducción de la oferta y concentración de especialistas en centros propios, así como trabas burocráticas.

Quejas a CSIF

El pasado junio recurrió la eliminación del órgano que supervisa a Muface, la Comisión Permanente del Consejo General (integrada por representantes de la Administración y de los sindicatos) en el nuevo Estatuto que aprobó el Gobierno.

“No dejamos de recibir quejas de retirada de medios que presten las coberturas sanitarias a los mutualista de opción concertada”, traslada a Artículo14 Mª Carmen Espejo, portavoz de CSIF en Muface, que explica que llevan meses tratando el rechazo a los Pet Tac.

“Cada vez menos centros médicos (clínicas, hospitales, consultas…) atienden a mutualistas, por lo que el cuadro médico está cada vez más restringido en todas las provincias. Los medios concertados están deteriorados en todo el territorio, lo que se hace más evidente en las zonas rurales”, añade. En el último Consejo General, celebrado el pasado 14 de octubre, han insistido en que se realice un estudio de opción pública y concertada en las distintas provincias.

El concierto vigente, en cuestión

El concierto vigente con Adeslas y Asisa se firmó el 30 de abril de 2025 y estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027. En principio, cubrirá la asistencia de 734.000 titulares y 280.000 beneficiarios, 1.014.692 mutualistas. El importe total del presupuesto del contrato asciende a 4.808,5 millones de euros.

Tras la salida de DKV, 65.000 funcionarios abandonaron el concierto en 2025 por el “deterioro” de la asistencia y la incertidumbre generada por un baile de licitaciones en el que se puso en entredicho el modelo. El pasado enero, 30.711 titulares han ejercicio el derecho al cambio de entidad y de estos 4.281 han decidido pasarse a la sanidad pública.

CSIF ha rechazado “frontalmente” este miércoles cualquier intento de acabar con el mutualismo administrativo, como plantean Frente Amplio y Podemos, y como ha recordado que han defendido en diferentes momentos Sumar y algunos sectores del PSOE.

“Nuestra organización lleva años advirtiendo de las consecuencias de estas propuestas, que ponen en cuestión un modelo de asistencia sanitaria que constituye un derecho de miles de funcionarios/as y sus familias. Además, su desaparición saturaría el ya tensionado Sistema Nacional de Salud. No vamos a aceptar que se utilice el debate sobre su funcionamiento o financiación como excusa para desmantelarlo”, ha subrayado.

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