La causa que investiga la llegada masiva de inmigrantes a Ceuta, la de las presuntas cloacas del PSOE, la que mantiene imputado a José Luis Rodríguez Zapatero, la que instruye el rescate de AirEuropa y el caso Ábalos. Es la larga lista de casos judiciales que permanecen en ebullición pese a encontrarnos en plena campaña electoral. Atrás quedó esa ley no escrita mediante por la cual las causas más políticas paraban durante estos días, que sí parece verse en el caso que afecta a Isabel Díaz Ayuso por el polémico ático de Madrid.
La causa de Ceuta
La jueza María Tardón, tanto en precampaña como en campaña, ha continuado con su calendario de declaraciones. Ha ido interrogando a altos cargos del Gobierno ceutí, agentes de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que estuvieron sobre el terreno los días de la entrada y migrantes que cruzaron la frontera de manera ilegal. Asimismo, ha ido recibiendo informes del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y del CNI. Todos ellos enfocados en dilucidar quién fue el autor intelectual que alentó al cruce de la frontera los días 30 y 31 de julio de más de 80.000 migrantes.
En estos días, ha imputado al ex delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez de Triano. En principio, lo quiso citar para el día 26 de noviembre, pero finalmente, por motivos personales del investigado, lo tuvo que aplazar para el uno de diciembre.
Por su parte, Tardón recibirá como testigos al Cónsul de España en Tánger y al ex jefe de gabinete del delegado del Gobierno justo tres días antes de los comicios. Quiere saber si el cónsul cruzó la frontera dos días antes para dar algún tipo de aviso al Gobierno y este último hizo caso omiso de la advertencia. Cabe recordar que la jueza no quiere solo despejar la duda de quién motivó la llegada masiva, sino también si las autoridades españolas supieron con antelación lo que iba a llegar y no hicieron nada para evitarlo.
Caso cloacas
El juez Santiago Pedraz ha recibido justo este miércoles los pagos realizados por el PSOE a distintos despachos jurídicos. El objetivo es aclarar si a través de ellos se canalizaron pagos a la presunta fontanera del PSOE, Leire Díez, para “interferir en causas judiciales” con sus maniobras. Se sospecha que intentó comprar a fiscales e imputados en otras causas presumiendo de su relación con Sánchez y el partido, y su influencia en altas esferas judiciales. Si bien, el último documento entregado por el PSOE no trascenderá a la esfera pública al contener datos de carácter reservado.
Gracias a esta causa hemos conocido que la defensa de Koldo García la pagó Dosmilpalabras, la empresa editorial de OkDiario. En total, 240.000 euros transferidos a Leticia de la Hoz, exabogada del exasesor ministerial. A raíz de trascender estas facturas, Koldo García ha manifestado desde la cárcel que Inda era la cadena de transmisión con el Partido Popular, que le ofreció hasta un millón de euros si incriminaba al PSOE y a Pedro Sánchez en la causa en la que ya está sentenciado a 19 años de cárcel.
En otra pata de la investigación, el juez Pedraz tomará declaración a Cintia Rocho, líder de un clan de narcotráfico, el próximo 24 de noviembre. Tiene que esclarecer si la presunta trama coordinada por Leire Díez, pero liderada por Santos Cerdán, se puso en contacto con ella para ir contra la jueza Beatriz Biedma, que instruía el caso contra el hermano de Pedro Sánchez. Biedma se personó como perjudicada en la causa y pidió esta testificar.
El caso Ábalos
A tan solo 24 días de los comicios, el juez Ismael Moreno, que instruye el caso Ábalos/Cerdán en la Audiencia Nacional, ordenó a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que entrara en casa de Ábalos por segunda vez y se llevara detenida a su actual pareja, Andrea De la Torre. También acudió a la casa de Cristian Corvillo, militante socialista que ejerció como conductor de Pedro Sánchez, y algunos empresarios. Además, la Guardia Civil acudió a la sede de Adifa requerir información sobre algunas adjudicaciones de la etapa en la que presidía Isabel Pardo de Vera. El 12 de noviembre, coincidiendo con el arranque de campaña, se levantó el secreto de sumario y se filtró el informe de la UCO, que había motivado los registros.

En ese informe se habló del amaño de tres contratos públicos. Corvillo, junto a Koldo García y Víctor de Aldama, habrían participado en el amaño de tres contratos con Adif para llevarse mordidas a cambio. Asimismo, Corvillo habría hecho llegar una mordida en la que estaría implicado Aldama de 65.000 euros a la pareja de Ábalos. Con ese dinero, Andrea De la Torre habría adquirido un inmueble en Madrid.
Caso Zapatero
Este jueves, el juez José Luis Calama, que mantiene imputado a Zapatero, toma declaración a José Ángel Partearroyo, exdirector de la SEPI, la entidad pública que concedió el rescate a Plus Ultra por valor de 53 millones de euros tras la aprobación del Gobierno. Calama también recibirá el mismo día a Félix Martín, exdirector financiero de la aerolínea. El objetivo de esta línea de investigación es descubrir si el expresidente intermedió para que el Gobierno de Pedro Sánchez concediera el rescate.
Pero además, esta misma semana Zapatero ha pedido una contrapericial de las joyas incautadas en su despacho cuando la UDEF acudió a buscar información sobre el mencionado rescate. Rebate el criterio de los dos informes pedidos por Calama a la casa Ansorena y a la joyería Yanes.
Asimismo, en plena precampaña, conocimos que la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional tumbó el recurso del expresidente y aprobó seguir adelante con la investigación de una presunta comisión de 200.000 euros por intermediar entre una empresa y el Gobierno de Bolivia.
Caso Air Europa
La ministra de Transición Ecológica, Sara Aagesen, declarará por videoconferencia como testigo a tan solo tres días de los comicios. Lo hace en la causa que instruye José María Escribano en los juzgados de Plaza Castilla y que investiga la concesión del rescate a AirEuropa. El Estado concedió 475 millones de euros a la aerolínea tras el parón de la pandemia. Según las querellas de PP, Manos Limpias y Vox, el trámite no se hizo con las garantías legales. Por el momento, el vicepresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), Bartolomé Lora, es el único investigado en este procedimiento.
Aagesen declara el 26 de noviembre, pero este lunes también hay declaraciones. Comienza la presidenta de Patrimonio Nacional, Ana de la Cueva; los entonces subsecretarios de Hacienda, Pilar Paneque, y secretario general de Industria, Raúl Blanco. También está citado ese día Javier Loriente Sainz, entonces secretario general del Consejo de Amnistía.
Por último, el martes 24 de noviembre irán el presidente de Correos, Pedro Saura, y el jefe de la Oficina Económica de Moncloa, Manuel de la Rocha. Así como el subsecretario para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Miguel Ángel González Suela; el actual presidente de la CNMV, Carlos San Basilio; y el exdirector de Participadas de la Sepi, José Ángel Partearroyo, también testigo en la causa Plus Ultra.


