La jueza María Tardón solicita todas las llamadas al Centro de Operaciones de Servicio (COS) de la Guardia Civil de Ceuta entre el 30 y el 1 de julio. Tal y como avanzó Artículo14, los reportes internos de Salvamento indicaron que había un buque marroquí tirando migrantes al mar. La embarcación de Salvamento informó a su base en la madrugada del 30 de julio: “Solicita que contactemos con COS CEUTA (Guardia Civil), puesto que parece que la patrullera marroquí no está recogiendo y además está tirando a los que lleva a bordo al agua para que los recoja la E/S SALVAMAR ATRIA”. Tras la comunicación, se llevó a cabo un recuento que contabilizó en 22 personas las rescatadas.
Hubo una segunda comunicación interna en Salvamento en la que se informó del rescate de ocho migrantes más, siete varones y una mujer, lo que da un recuento final de 28 hombres y dos mujeres. Desde el buque de Salvamento se certificó lo que estaba pasando: “Confirma que ha observado a la patrullera marroquí tirar al agua a las personas para que crucen a nado“.
Ahora, Tardón quiere saber si esa llamada entre el COS y Salvamento efectivamente se produjo, y si la Benemérita era conocedora de que un buque marroquí arrojó migrantes al mar, tal y como desveló este periódico.
La jueza continúa con su propósito de esclarecer la autoría de lo que califica como “proceso organizado” que buscaba “fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la ciudad de Ceuta” para tener “un máximo impacto sobre la gestión fronteriza hasta su colapso y eliminar la capacidad de respuesta por parte de España”. Investiga si Marruecos fue el artífice de todo.
En ese sentido, la jueza está estudiando abrir una nueva línea de investigación que indague en si las autoridades españolas sufrieron algún tipo de hackeo que limitó su capacidad de comunicarse. Ordena estas diligencias a raíz de una declaración de un agente de la Policía Nacional, que le dijo que las comunicaciones operativas de los servicios policiales presentaron “retardos, interrupciones y dificultades de transmisión” que se prolongaron durante varios días.
Así las cosas,Tardón solicita a la Comisaría General de Información del Cuerpo Nacional de Policía un informe sobre las incidencias en los sistemas de comunicación entre el 28 de julio y el 5 de agosto. Con el resultado de esta diligencia, valorará si abrir una nueva línea de investigación más profunda tal y como ya ha pedido el ministerio fiscal.
En su escrito, el fiscal Jesús Alonso quería que Tardón pidiera al CNI un informe con “especial referencia al análisis de eventuales indicadores compatibles con amenazas híbridas, operaciones de zona gris, actuaciones de presión estatal o paraestatal, campañas coordinadas en el ciberespacio, acciones de guerra electrónica, interferencias tecnológicas, sabotajes sobre infraestructuras de comunicaciones o cualquier otra actividad susceptible de haber contribuido directa o indirectamente a la disminución de la capacidad operativa, de coordinación o de respuesta de los servicios públicos españoles durante los hechos objeto de investigación”.
Alonso también solicitó a Tardon que requiriera al Estado Mayor de la Defensa si hubo actividades compatibles con ciberataques. La jueza ve pertinentes las medidas, pero quiere esperar a tener el primer informe. Y señala: “La eficacia de cualquier dispositivo de seguridad depende de forma esencial de la normalidad de sus sistemas de comunicación, coordinación y transmisión de información. Por ello, si efectivamente se hubiera producido una degradación grave y prolongada de tales capacidades, resultaría imprescindible determinar si dicha circunstancia obedeció únicamente a causas técnicas ordinarias derivadas de la saturación de las redes o, por el contrario, si pudo existir algún tipo de actuación deliberada dirigida a perturbar el normal funcionamiento de tales sistemas”.
La jueza sospecha que se añade a la pasividad de los gendarmes marroquíes, los llamamientos a cruzar la frontera en redes sociales los días previos y el avistamiento de buques marroquíes en aguas españolas justo la noche de la llegada masiva. El caldo de cultivo que conduce a pensar que Marruecos auspició la llegada masiva.
Por último, en el último auto, la jueza cita como imputado para el 18 de noviembre al ex delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez de Triano. El ex delegado, una vez presentó su dimisión, apuntó a que el Gobierno central había recibido los avisos. Dijo que se hicieron informes y comunicaciones diarias porque era “lo que les correspondía”, pero sus competencias “eran las que eran”. Y que la Delegación del Gobierno “no puede ni abrir o cerrar puestos en la frontera ni ordenar intervenir al Ejército”. De esta forma, señaló la inacción del Ejecutivo y en concreto a la Secretaría de Estado de Seguridad, dependiente del ministerio de Interior.
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