El próximo 3 de febrero, dos antiguas trabajadoras de Julio Iglesias declararán ante el juez de la Audiencia Nacional que ha admitido parte de la querella contra el cantante. Casi un año después de que sus acusaciones se hicieran públicas y tras un primer archivo de la Fiscalía, las mujeres podrán relatar ante un magistrado los hechos que denuncian. ¿Cómo ha llegado el caso hasta aquí?
Las víctimas son una empleada del hogar y una fisioterapeuta que trabajaron para Iglesias en sus residencias de República Dominicana y Bahamas. Sitúan los hechos en 2021. La empleada del hogar acusa a Iglesias de agredirla sexualmente de forma reiterada. Según su relato, la penetraba con los dedos, vaginal y analmente, sin su consentimiento, y la abofeteaba. La fisioterapeuta denuncia que la besó y le tocó los pechos contra su voluntad.
Los testimonios se hacen públicos
El 13 de enero de 2026, elDiario.es y Univision Noticias publicaron una investigación conjunta con los testimonios de las dos mujeres. Rebeca y Laura, los nombres ficticios que utilizaron para proteger su identidad, relataron los episodios que, según ellas, vivieron mientras trabajaban para el cantante.
La investigación de ambos medios también informó de que a trabajadoras del servicio doméstico les exigían reconocimientos médicos que incluían pruebas ginecológicas, de embarazo y de infecciones de transmisión sexual, como el VIH. Los periodistas consultaron documentos que acreditaban que esos exámenes se realizaron en junio de 2021.
La Fiscalía archiva la primera denuncia
Los testimonios se conocieron en enero, pero las mujeres habían presentado la denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional el 5 de enero, ocho días antes. La Fiscalía abrió diligencias preliminares para resolver si España podía investigar unos hechos que habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas. En esa fase, las trabajadoras declararon como testigos protegidas.
El 23 de enero, la Fiscalía archivó esas diligencias. Consideró que los tribunales españoles no tenían competencia porque los hechos habían ocurrido en el extranjero, las denunciantes no tenían vínculos con España y no constaba que las autoridades de esos países no pudieran o no quisieran investigar. Aunque Iglesias es español, la Fiscalía entendió entonces que su nacionalidad no bastaba.
La querella llega a un juez y la Fiscalía cambia de criterio
En septiembre, las trabajadoras presentaron una querella directamente ante la Audiencia Nacional. Pidieron a un juez que investigara posibles delitos de trata, contra la libertad sexual, lesiones, trato degradante y contra los derechos de las trabajadoras.

El juez Antonio Piña pidió a la Fiscalía un informe sobre la competencia de la Audiencia Nacional. En octubre, el fiscal Vicente González Mota defendió que España sí podía investigar. Se apoyó en la nacionalidad española de Iglesias y en una interpretación del artículo 23.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, además de una resolución de la Audiencia Nacional dictada en mayo.
Así se explica el cambio de criterio: en enero, la Fiscalía consideró que la nacionalidad española del cantante no bastaba y que no había conexión suficiente con España. En octubre, otro fiscal entendió que la ley sí permitía investigar a un ciudadano español por determinados delitos cometidos en el extranjero.
El juez admite parte de la querella
El 18 de noviembre, Piña aceptó la competencia española y admitió investigar posibles delitos contra la libertad sexual, lesiones y trato degradante. Rechazó por ahora abrir causa por trata y por delitos contra los derechos de las trabajadoras.
El juez señaló que un proceso en República Dominicana podría permitir investigar conjuntamente a todas las personas mencionadas en los relatos. Aun así, asumió la competencia de la Audiencia Nacional por la nacionalidad española de Iglesias. Las dos mujeres declararán ante él el 3 de febrero de 2027.
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