Se ha hablado mucho de las pulseras antimaltrato. De incidencias, de fallos de geolocalización y de datos que los juzgados no pudieron recuperar cuando los necesitaron para investigar posibles quebrantamientos. A eso se ha sumado la investigación de la Fiscalía Europea sobre los fondos con los que se financiaron. Pero ¿cuál es la realidad de estos dispositivos? ¿Qué opinan de las pulseras quienes acuerdan su instalación y reciben los avisos de Cometa cuando algo falla?
Hablamos con dos magistradas que llevan años trabajando con este sistema de control telemático. Cira García Domínguez, titular del juzgado de Violencia sobre la Mujer número 14 de Madrid, trabaja en juzgados especializados desde 2012. María Auxiliadora Díaz Velázquez, titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, lleva en juzgados de violencia desde 2007 y ocupa esa plaza desde 2009, justo el año en el que comenzaron a funcionar las pulseras.

Ambas defienden el uso de estos brazaletes. García Domínguez los considera “un método muy efectivo para la protección de las mujeres”. Díaz Velázquez afirma que “es una forma de salvar vidas” y que constituye “una medida cautelar bastante eficaz”. Hasta ahora, insisten, ninguna mujer ha sido asesinada mientras portaba el dispositivo.
Incidencias que dan trabajo
Esta fiabilidad no surge de la nada. Las dos reconocen que el sistema genera avisos y trabajo en los juzgados. García Domínguez explica que no todos implican que la víctima esté en peligro. “Las incidencias de funcionamiento no siempre colocan a la mujer en situación de riesgo”, dice. Algunas se deben a la descarga de la batería o a una entrada en la zona de exclusión que dura apenas unos segundos.
Díaz Velázquez cuenta que, en los casi 20 años que lleva en juzgados de violencia, no ha tenido constancia de ninguna incidencia que haya afectado a la integridad física de una mujer. También señala que la colocación de pulseras ha aumentado respecto al año pasado. García Domínguez considera que se utilizarían más si el sistema funcionara mejor y lo define como “un recurso infrautilizado”.
La distancia también importa
Díaz Velázquez recuerda que el protocolo de Cometa recomienda una distancia mínima de 500 metros. “La mayor parte de los jueces y juezas de Violencia de Género estamos de acuerdo y ponemos 500 metros”, afirma. Ella suele fijar esa distancia y, dependiendo de la gravedad del caso, puede ampliarla hasta un kilómetro. Si la situación es extrema, puede llegar a prohibir al agresor que entre en Gran Canaria, como hizo con un hombre que vivía en otra isla.

El debate sobre los perímetros cobró fuerza tras la agresión de Ibiza, el 15 de febrero, cuando un hombre con una pulsera activa atacó a su expareja, protegida por una orden de alejamiento de 100 metros. Antes del ataque, el 8 de enero, Igualdad ya había pedido al juzgado que ampliara esa distancia. Después, a finales de febrero, el Ministerio trasladó al Consejo General del Poder Judicial y a la Fiscalía la recomendación de fijar un mínimo de 350 metros para dar más margen de reacción a las fuerzas de seguridad. La distancia la decide el juzgado en cada caso. Consultado por El País, el CGPJ señaló que no puede dar instrucciones a los jueces y que cada magistrado debe valorar las circunstancias concretas.
El último informe de Cometa, adelantado por El País, recoge 5.817 expedientes abiertos. En 1.415, la orden fija una distancia inferior a 350 metros: 25 están por debajo de los 100; 139, entre los 100 y los 199; y 1.251, entre los 200 y los 350. Los técnicos de Cometa señalan que el fabricante recomienda no bajar de 350 metros para favorecer el funcionamiento del GPS, mientras que el protocolo aconseja 500 metros para que el sistema sea más eficaz en la protección de la víctima.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.


