En España, hay 4.450 mujeres víctimas de violencia de género cuya seguridad depende de las pulsera antimaltrato del sistema Cometa que llevan los agresores. Un sistema de protección frente a sus agresores del Ministerio de Igualdad que vuelve a estar en el punto de mira. Ayer, la Fiscalía Europea (EPPO) confirmó una investigación sobre un presunto fraude en la utilización de los fondos europeos destinados a financiar estos dispositivos. El organismo europeo tuvo que hacer públicas unas pesquisas que le llevaron a practicar diligencias en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas, con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
Un procedimiento iniciado un año atrás, cuando saltaron todas las alertas tras detectarse fallos en el sistema. Precisamente, en noviembre de 2025, en plena crisis por los problemas de migración de datos del último contrato, Ana Redondo reconoció una caída del sistema durante unas horas que dejó a las víctimas desprotegidas. Estos problemas despertaron la alerta de Bruselas, que advirtió de que examinaría los fallos detectados en las pulseras y su posible repercusión sobre los fondos del Plan de Recuperación.
Hoy, la Fiscalía Europea en Madrid 🇪🇸 y la @guardiacivil investigan un posible fraude con fondos de la UE destinados a la compra de pulseras telemáticas para casos de violencia de género.
— European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (@EUProsecutor) November 12, 2026
El nuevo frente judicial deteriora aún más la imagen de este sistema de protección, que ya quedó en entredicho cuando en septiembre de 2025 saltó a la luz que un problema de migración de datos internos a partir de febrero de 2025 tuvo consecuencias judiciales por las dificultades para acreditar quebrantamientos de órdenes de alejamiento. Las pulseras antimaltrato terminaron bajo el escrutinio del Tribunal de Cuentas, que concluyó el pasado septiembre que las deficiencias en la contratación, la transición entre adjudicatarias y el seguimiento del servicio habían comprometido la seguridad de las víctimas.
Un contrato de 42,6 millones con fondos europeos
La financiación comunitaria de las pulseras antimaltrato se remonta, al menos, a 2021. En concreto, como así acredita el Tribunal de Cuentas en su informe de fiscalización, los contratos están relacionados con el componente 22 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), dentro de la inversión denominada Plan España te protege contra la violencia machista. De esta forma, el contrato adjudicado en 2023 a la unión temporal de empresas (UTE) formada por Vodafone y Securitas contó con 6,4 millones de fondos NextGenerationEU, según la información facilitada por el Ministerio de Igualdad. Es decir, Europa financió aproximadamente el 15% de los 42,62 millones a los que ascendió el contrato.
Precisamente, este contrato introdujo un cambio relevante en la gestión económica del servicio. Frente al modelo anterior, basado en el alquiler de los dispositivos, el Ministerio de Igualdad optó por su compra. Tal y como informó Artículo14, se presupuestaron 7,9 millones para la compra de 11.371 dispositivos, que finalmente se adjudicaron a un precio unitario de 696,34 euros, un 42% inferior a los 1.200 euros inicialmente previstos.
El Tribunal de Cuentas cuestiona precisamente la elección de los equipos adquiridos y señala que los dispositivos finalmente suministrados no figuraban entre los once modelos examinados en un estudio técnico encargado previamente por Igualdad, que recomendaba su compra. A juicio del órgano fiscalizador, aquel trabajo, que costó 12.706 euros, tuvo una utilidad práctica dudosa porque no se tradujo en la adquisición de equipos suficientemente fiables.
Bruselas tras la pista de los fallos
Ana Redondo: “Quiero mandar un mensaje de tranquilidad. Ninguna víctima ha estado desprotegida en ningún momento. Los protocolos han funcionado. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad han estado garantizando la seguridad de las víctimas, a las que se ha informado de inmediato”. https://t.co/BuV69jC1Ta
— Ministerio de Igualdad (@IgualdadGob) November 11, 2025
Las diligencias que ayer practicó la Fiscalía Europea tienen lugar justo un año después (12 de noviembre de 2025) de que la Comisión Europea confirmara que iba a examinar los fallos detectados en las pulseras antimaltrato, por si podían comprometer el cumplimiento de los compromisos asociados a los fondos de recuperación. A su vez, en marzo de 2026, la Comisión Europea confirmó ante el Parlamento Europeo que sus servicios estaban estudiando el posible uso indebido de fondos comunitarios. La Comisión de Peticiones de la Eurocámara decidió mantener abiertas las reclamaciones presentadas por la Confederación Española de Policía y la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica (ANAVID).
Dado que este sistema de protección forma parte de los compromisos adquiridos por España para recibir los fondos del Plan de Recuperación, el Gobierno tiene que acreditar su cumplimiento. Tras sucesivas modificaciones en las adendas, las pulseras habrían quedado vinculadas al último pago aún pendiente. Tras los problemas en el sistema, Igualdad dilató el concurso -y posterior adjudicación del nuevo contrato-. Así, amplió en seis meses el plazo para acreditar ante Bruselas el cumplimiento del compromiso de adquisición de los dispositivos. La fecha límite pasó de diciembre de 2025 a junio de 2026.
Nuevo contrato por 67,54 millones
En la última adenda enviada en julio a la Comisión Europea, el Gobierno también ha modificado los compromisos: si inicialmente exigía la provisión de al menos 30.000 dispositivos de control de las medidas de alejamiento, una aplicación para las víctimas y una plataforma de macrodatos e inteligencia artificial, la nueva redacción distingue entre 7.600 conjuntos de seguimiento a distancia (22.800 unidades porque cada conjunto lleva tres dispositivos) y 9.500 dispositivos de alerta del servicio ATENPRO.
De esta forma, trata de ajustarse al nuevo contrato, que el pasado mayo Igualdad adjudicó a Vodafone y Securitas por 67,54 millones con una duración prevista de tres años, prorrogable a cinco. Entre las mejoras técnicas se han corregido deficiencias detectadas en el sistema como dispositivos más resistentes manipulaciones, baterías de mayor autonomía, tarjetas eSIM no extraíbles y sistemas de geolocalización autónoma para localizar al agresor incluso cuando se separe del teléfono móvil. También se prevé mantener un stock mínimo de 2.000 dispositivos para garantizar su sustitución en menos de 24 horas.
Con el sistema de las pulseras antimaltrato en el punto de mira una vez más, la ministra Ana Redondo volvió a defender ayer su eficacia y aseguró que ninguna mujer que portara estos dispositivos había sido asesinada en España. Tras conocerse las diligencias de la Fiscalía Europea, reiteró su disposición a colaborar con los investigadores y su convencimiento de que los fondos comunitarios se emplearon correctamente.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.