Una pulsera antimaltrato no elimina el peligro, pero puede dar unos minutos decisivos: detectar que el agresor se acerca, avisar a la mujer y activar la respuesta policial. Desde que el sistema comenzó a funcionar, en 2009, no se ha registrado el asesinato de ninguna mujer que tuviera activo este dispositivo de protección.
El Tribunal de Cuentas no cuestiona esa utilidad ni sostiene que el sistema dejara de funcionar por completo. Pero su informe, aprobado este lunes, concluye que las deficiencias en la contratación, el cambio de empresa y el seguimiento del servicio “han comprometido” la seguridad de las mujeres protegidas.
No se limita al fallo de migración de datos que afectó a procedimientos por quebrantamiento. El informe documenta también errores de geolocalización, interrupciones de la plataforma, baterías que se agotaban mucho antes de lo previsto y reparaciones demoradas. En abril de 2026 había 4.329 mujeres protegidas con estos dispositivos.
Los 123 requerimientos judiciales
El contrato anterior terminó el 8 de febrero de 2024. Entonces comenzó una transición de tres meses para sustituir los dispositivos e integrar el sistema en la nueva plataforma. Debía terminar el 7 de mayo, pero no ocurrió.
El Tribunal cifra en 123 los requerimientos judiciales que quedaron sin atender porque la nueva empresa no pudo acceder a los datos históricos de la adjudicataria anterior: información sobre el uso de los dispositivos, la ubicación de los agresores y posibles quebrantamientos.
La controversia entre ambas empresas se prolongó durante meses. El informe señala que no consta que Igualdad interviniera para coordinar o arbitrar una solución durante la transición. La Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género comenzó a implicarse el 31 de octubre de 2024, coincidiendo con un requerimiento de Fiscalía. El acceso a la información quedó resuelto en diciembre.
Fallos de GPS y caídas
En diciembre de 2024, las trabajadoras de la Sala COMETA —el centro que monitoriza los dispositivos— alertaron de episodios en los que agresor y mujer se habían cruzado sin que saltara la alarma. También recibían llamadas reiteradas por errores de posición y carecían de información de ubicación y trayectoria necesaria para pruebas judiciales.
En febrero de 2025, la empresa adjudicataria reconoció que los saltos de GPS no eran un incidente puntual, sino un fallo sistemático que afectaba a los informes jurídicos y de gestión. El personal de COMETA confirmó que ocurrían a diario y en todos los turnos. La reducción significativa de los errores no llegó hasta junio de 2025.
En noviembre de 2025, Igualdad encargó una auditoría tecnológica externa que confirmó vulnerabilidades críticas y altas relacionadas con la posible manipulación de funciones del dispositivo por los agresores, entre ellas la posibilidad de falsear la localización del GPS.
El Tribunal acredita, además, al menos 17 interrupciones de la plataforma. Trece duraron entre una y tres horas. Otra, iniciada el 17 de julio de 2024, se prolongó durante 20 horas; una segunda, el 10 de septiembre, durante 60 horas. En noviembre de 2025 hubo otra caída de 13 horas y 50 minutos, con dos incidencias más ese mismo día.
Baterías y reparaciones
Las especificaciones técnicas de la oferta hablaban de una autonomía de batería de hasta seis meses. En las pruebas reales, según el reconocimiento de la propia adjudicataria recogido por el Tribunal, las pulseras duraban una semana y media en el mejor de los casos.
En octubre de 2024 ya había riesgo de quedarse sin dispositivos por el deterioro de aparatos con apenas cinco o seis meses de uso. La empresa se comprometió a rebajar a 800 las pulseras en revisión; en febrero de 2025 seguían siendo alrededor de 1.800.
Los tiempos de reparación y sustitución llegaron a situarse entre seis y ocho semanas en septiembre de 2025. Empezaron a reducirse a alrededor de una semana en enero de 2026.
Una sola penalización
Pese a esas incidencias, solo consta una penalización económica a la empresa: 25.285,48 euros por la interrupción de noviembre de 2025. El Tribunal considera que los requerimientos de Igualdad fueron tardíos y que el seguimiento del contrato no bastó.
Durante los primeros siete u ocho meses del nuevo contrato no constan reuniones de seguimiento documentadas. Las memorias anuales remitidas inicialmente por la empresa omitían datos exigidos en los pliegos, como los tiempos de respuesta del centro de control, el número de llamadas no atendidas o la activación de protocolos.
También quedaron sin analizar las respuestas de las usuarias. En 2024, el 26% de las valoraciones sobre la eficacia técnica señalaba que el sistema fallaba continuamente o que no era eficaz. En 2025, ese porcentaje fue del 12%.
La calidad frente al ahorro
El informe vincula además las debilidades en la preparación de los contratos con la elección de la tecnología y con un abaratamiento de costes. Los contratos se tramitaron de urgencia, no se realizaron consultas preliminares de mercado y el plan de transición de la empresa que obtuvo el contrato de 2023 recibió solo 3,6 puntos sobre 10. También se encargó un estudio de once soluciones tecnológicas, pero la adjudicataria posterior no adquirió ninguno de los dispositivos analizados.
Por eso, la principal recomendación del Tribunal es que, en un contrato de estas características, la calidad del servicio debe primar por encima del ahorro de costes.
La respuesta de Igualdad
Igualdad aclara que la fiscalización se refiere a contratos ya finalizados y asegura que todas las recomendaciones del Tribunal ya se cumplen con el nuevo contrato. El Ministerio sostiene que COMETA funciona ahora con normalidad, las 24 horas del día, y que las incidencias examinadas pertenecen a una fase anterior del servicio.
También defiende que no es la única medida de protección, sino una herramienta integrada en un sistema más amplio. Según sus datos, la plataforma realiza más de 40 millones de rastreos diarios, gestiona unas 2.500 alertas al día, efectúa cerca de 269.000 llamadas mensuales y remite más de 1.600 informes automáticos diarios a los juzgados sobre posibles quebrantamientos.
Igualdad añade que desde septiembre de 2024 cuenta con un plan específico de seguimiento y que el nuevo contrato incorpora dispositivos que, según el Ministerio, tienen mayor autonomía, botón del pánico, la posibilidad de controlar a varios agresores o proteger a varias mujeres desde un solo dispositivo y una plataforma de datos de titularidad pública. Asegura además que ha colaborado “de forma plena, continuada y proactiva” con el Tribunal de Cuentas.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.