La Fiscalía Europea (EPPO) está investigando un presunto fraude de los fondos europeos destinados a la adquisición de pulseras telemáticas para la protección de víctimas de violencia de género. Según informó hoy en un comunicado, los fiscales europeos están practicando diligencias en las sedes del Ministerio de Igualdad y del Tribunal de Cuentas en el marco de una investigación por un presunto delito de fraude que afecta a recursos comunitarios.
Cabe recordar que la financiación europea para las pulseras antimaltrato asciende a 6,4 millones de euros, procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por NextGenerationEU. Según detalló la Fiscalía Europea, las actuaciones cuentan con el apoyo de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y forman parte de una investigación iniciada el pasado año.
Las pesquisas se centran en los fondos europeos destinados a financiar la adquisición de dispositivos telemáticos utilizados para garantizar el cumplimiento de las medidas cautelares y las condenas dictadas en procedimientos por delitos de violencia de género. De momento, el organismo europeo se ha limitado a confirmar que la investigación continúa abierta y que no facilitará más información sobre su estado.
Bruselas ya había puesto el foco en las pulseras
La investigación de la Fiscalía Europea llega un año después de que la Comisión Europea advirtiera de que examinaría los problemas detectados en las pulseras antimaltrato y su posible repercusión sobre los fondos del Plan de Recuperación. En noviembre de 2025, el entonces comisario europeo de Economía, Valdis Dombrovskis, confirmó, en respuesta a una pregunta parlamentaria de Vox, que estos dispositivos estaban incluidos en el hito 472 del Plan de Recuperación español, cuya evaluación estaba prevista para la octava solicitud de pago.
En aquel momento, el Ministerio de Igualdad reconoció que 6,4 millones de euros de los 42,6 millones del contrato adjudicado a Vodafone y Securitas procedían de fondos europeos. Posteriormente, en marzo de 2026, la Comisión Europea confirmó ante la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo que sus servicios estaban estudiando el posible uso indebido de fondos comunitarios.
La Eurocámara decidió mantener abiertas las peticiones presentadas por la Confederación Española de Policía y la Asociación Nacional de Ayuda a Víctimas de Violencia Doméstica (ANAVID), que habían denunciado deficiencias en el funcionamiento de los dispositivos y reclamado una investigación.
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