La huelga de vivienda que se llevo a cabo este miércoles 11 de noviembre ha vuelto a situar en el centro del debate las dificultades para acceder a un hogar. Sin embargo, hay situaciones en las que esa falta de alternativas tiene consecuencias que van más allá de la precariedad económica: puede convertirse en un obstáculo para escapar de la violencia machista.
Imaginemos a una mujer que lleva diez años sufriendo violencia por parte de su pareja. Tiene tres hijos y hace tiempo que abandonó el mercado laboral para dedicarse a las tareas domésticas y al cuidado de la familia. No tiene ingresos propios, apenas ha participado en las decisiones económicas del hogar y tampoco dispone de ahorros. El dinero lo controla su pareja. Quiere marcharse, pero no tiene empleo, no puede afrontar el alquiler de una vivienda y tampoco cuenta con una red familiar a la que recurrir.
¿Adónde va con sus tres hijos? ¿Cómo paga una fianza, los suministros o la compra del mes? Para una mujer en esta situación, romper con la violencia no consiste únicamente en tomar la decisión de marcharse. Significa enfrentarse a la incertidumbre económica y residencial que puede dejar atrás una década de dependencia.
De la protección de emergencia a una vivienda propia
La dificultad para acceder a una vivienda no afecta a todas las mujeres de la misma manera. En el caso de las víctimas de violencia machista, la dependencia económica, la ausencia de ahorros y la responsabilidad del cuidado de los hijos pueden limitar sus posibilidades de abandonar el domicilio del agresor. La vivienda se convierte así en una condición material para ejercer el derecho a una vida libre de violencia.
La falta de vivienda puede convertirse en uno de los principales obstáculos para salir de una relación violenta. Así lo señala Bárbara Duhe, trabajadora social con más de diez años de experiencia en la atención a personas sin hogar y a personas con adicciones que viven en la calle. “No se trata solo de tomar la decisión de dejar al agresor, sino de tener un lugar seguro al que ir. Si una mujer no tiene ingresos, trabajo o apoyo familiar, ¿dónde va?”, plantea. La situación, añade, se complica todavía más cuando hay hijos a cargo. “Muchas veces no es que no quiera salir de esa relación, es que no tiene los recursos necesarios para hacerlo”. Por eso, considera que el acceso a una vivienda es fundamental para romper con la violencia y comenzar una nueva vida.
A estas dificultades pueden sumarse otras cuando se trata de mujeres migrantes, que en determinados casos se enfrentan a una mayor precariedad económica, desconocimiento de los recursos disponibles, barreras administrativas o ausencia de redes familiares y sociales. La falta de apoyos puede aumentar su aislamiento y dificultar el proceso de salida de la violencia.
Esta realidad aparece también en la experiencia profesional de Jeannette Alfau, abogada especializada en Derecho Penal, de Familia y Contencioso Administrativo, con más de 30 años de ejercicio. Alfau relata el caso de una mujer extranjera a la que asistió y cuya situación, según explica, estaba marcada tanto por la violencia sufrida como por la soledad y la dependencia afectiva hacia su agresor. La mujer no había denunciado inicialmente los hechos; fueron varios transeúntes quienes alertaron de las agresiones. Para la abogada, este caso muestra cómo la condición migratoria y la falta de una red de apoyo pueden añadir dificultades a un proceso de salida de la violencia.
En España existe una red de recursos destinada a ofrecer alojamiento y protección a las víctimas de violencia de género. Sin embargo, las alternativas disponibles no son todas iguales ni responden a las mismas necesidades. Los centros de emergencia, las casas de acogida y los pisos tutelados cumplen funciones distintas dentro de un itinerario que debería conducir a la autonomía residencial.
Los centros de emergencia proporcionan alojamiento inmediato a mujeres que necesitan abandonar su domicilio por una situación de peligro. Son espacios de protección temporal que también pueden acoger a sus hijos e hijas. Cuando la situación requiere una intervención más prolongada, las casas de acogida ofrecen alojamiento y acompañamiento social, psicológico y jurídico para facilitar la recuperación y la salida de la violencia.
Después de esa primera etapa, los pisos tutelados o las viviendas de tránsito pueden servir como paso intermedio hacia una vida independiente. En ellos, las mujeres disponen de un espacio residencial seguro y, en función del recurso, de acompañamiento profesional para recuperar su autonomía.
Pero el recorrido no siempre termina con el acceso a una vivienda propia. La disponibilidad de plazas, los requisitos de acceso y la situación económica de cada mujer pueden condicionar el proceso. A ello se suma la dificultad de encontrar un alquiler asumible, especialmente cuando se parte de una situación de dependencia económica o se tienen menores a cargo.
También existen mecanismos públicos para facilitar una alternativa habitacional. Las víctimas de violencia de género pueden acceder, si cumplen los requisitos establecidos, a programas de ayuda al alquiler y a soluciones habitacionales. Asimismo, tienen consideración de colectivo prioritario en el acceso a determinados procedimientos de adjudicación de vivienda protegida. La aplicación de estas medidas depende de la normativa y de los recursos de cada comunidad autónoma.
La diferencia entre disponer de un alojamiento temporal y contar con una vivienda estable resulta fundamental. Un recurso de emergencia puede proteger a una mujer durante un periodo determinado, pero no garantiza por sí mismo que pueda construir un proyecto de vida independiente cuando termine su estancia.
Duhe advierte de que los recursos de acogida, aunque necesarios, no siempre son suficientes. “Ofrecen una solución temporal y un espacio seguro, pero el problema aparece cuando termina la estancia y la mujer todavía no ha conseguido una estabilidad económica o una vivienda”. En ese momento, alerta, existe el riesgo de que vuelva a encontrarse en una situación de vulnerabilidad e incluso de que tenga que regresar con el agresor. “No basta con ofrecer protección durante un tiempo, sino que es necesario garantizar una continuidad en la intervención y facilitar recursos que permitan a estas mujeres alcanzar una autonomía real”, sostiene.
Derechos reconocidos, trámites que dificultan el acceso
En el plano legal, las mujeres víctimas de violencia machista tienen reconocido el derecho a recibir una atención específica para acceder a una alternativa habitacional. El artículo 28 de la Ley Orgánica 1/2004 establece que serán consideradas un colectivo prioritario en el acceso a viviendas protegidas. A esta protección se suma el Real Decreto 326/2026, de 22 de abril, que regula el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 e incorpora un programa específico de ayudas para facilitar una solución habitacional inmediata a las víctimas de violencia de género, entre otros colectivos vulnerables.
Sin embargo, que exista ese reconocimiento legal no significa que acceder a una vivienda sea un proceso sencillo ni automático. Así lo advierte Alfau. Desde su experiencia en la asistencia legal a víctimas, señala que los trámites administrativos y la documentación exigida pueden convertirse en una barrera añadida para mujeres que atraviesan una situación de especial vulnerabilidad.
“Hay que buscar una serie de documentación, a veces acudir a varias administraciones y demostrar la falta de solvencia económica o el empadronamiento”, explica. Alfau considera que estos procedimientos deberían simplificarse, ya que las mujeres que solicitan ayuda pueden encontrarse en un momento de gran fragilidad psicológica y emocional. “Se desesperan en el camino y las entiendo porque están pasando por una situación difícil”, añade.
La abogada también distingue entre los distintos recursos disponibles. Mientras que los centros de emergencia pueden proporcionar alojamiento inmediato, el acceso a pisos tutelados o a vivienda pública puede implicar listas de espera. La alternativa depende de las circunstancias de cada mujer y del tipo de alojamiento que necesite. Por eso, advierte, disponer de recursos de acogida no resuelve necesariamente el problema de fondo: encontrar una vivienda estable desde la que reconstruir una vida independiente.
Cuando no existen ingresos, ahorros ni apoyo familiar, las alternativas pasan por los recursos de acogida, las ayudas económicas, los programas de inserción laboral o la solicitud de una vivienda social. Sin embargo, advierte Duhe, estas opciones “no siempre son inmediatas ni suficientes”. La reconstrucción de una vida lejos de la violencia tampoco se limita a encontrar un empleo o una casa: implica recuperar la seguridad, la autoestima y la autonomía personal. Por eso defiende una intervención integral desde los servicios sociales, que atienda todas las necesidades de las mujeres y no únicamente la emergencia. “No podemos pedirle a una mujer que abandone una relación de violencia si después no le ofrecemos alternativas reales para poder vivir de manera independiente y segura”, concluye.
En un contexto marcado por las dificultades de acceso a la vivienda, la pregunta es también qué alternativas ofrece el sistema a quienes necesitan abandonar un hogar en el que sufren violencia. Para muchas mujeres, tener un lugar seguro al que ir no es solo una cuestión habitacional: es el primer paso para poder empezar de nuevo.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.
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