Una mujer que abandona la política después de meses de amenazas. Una periodista que deja de investigar por miedo a una demanda judicial. Una activista que empieza a medir cada palabra para evitar una nueva querella. Son situaciones distintas, pero tienen algo en común. El miedo termina condicionando lo que las mujeres pueden decir, denunciar o hacer en el espacio público. Y cuando una mujer se retira, deja de hablar o renuncia a defender una causa, las consecuencias van mucho más allá de su experiencia personal. También se resiente el derecho de todas a participar en la vida democrática.
Por primera vez, el Gobierno incorpora expresamente la violencia política contra las mujeres y las demandas judiciales abusivas, conocidas como SLAPP, a su Plan Estratégico para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres. El documento, aprobado este martes para el periodo 2026-2029, contempla la creación de un Observatorio de Misoginia Digital y Violencia Política, además de medidas de prevención, formación e investigación para combatir estas formas de intimidación.
El 75% de las periodistas ha sufrido violencia digital
La novedad no está en que estas violencias acaben de aparecer. Las expertas llevan años alertando de que los insultos sexistas, las amenazas, el acoso digital y determinados procedimientos judiciales pueden convertirse en herramientas para silenciar a las mujeres. Lo que cambia ahora es que el Gobierno las incorpora expresamente a su hoja de ruta en materia de igualdad.
Y las cifras permiten entender la magnitud del problema. El 75% de las periodistas encuestadas en una investigación internacional de la UNESCO ha sufrido violencia digital relacionada con su trabajo. El 45% reconoce que se autocensura en redes sociales y el 22% admite que también lo hace en su actividad profesional. Una de cada cuatro ha recibido un diagnóstico o tratamiento por ansiedad o depresión vinculado a estos ataques. La violencia tiene consecuencias concretas. Hay mujeres que abandonan las redes sociales, renuncian a oportunidades laborales o dejan de participar en actos públicos para evitar nuevas agresiones. El objetivo de quienes las acosan puede cumplirse sin necesidad de que abandonen formalmente su profesión: basta con conseguir que tengan miedo de ejercerla libremente.
Cuando participar en política tiene un coste
La violencia también alcanza a las mujeres que participan en política. Los ataques pueden condicionar sus intervenciones e incluso su continuidad en los cargos públicos. “Cuando se critica a las mujeres políticas no se cuestiona su competencia, sino la legitimidad misma de estar donde están”, explica Martina Carone, experta en mujeres y política. Con frecuencia, las críticas se dirigen contra su apariencia, su vida privada o su condición de mujeres, en lugar de cuestionar sus decisiones políticas.
Una encuesta del Consejo de Municipios y Regiones de Europa, realizada entre más de 2.600 políticas de 31 países, encontró que el 32% había sufrido alguna forma de violencia. Entre las afectadas, solo el 29% había denunciado lo ocurrido y, entre quienes lo hicieron, apenas el 22% señaló que hubiera habido consecuencias para los agresores. La mayoría de las mujeres que sufrieron estos ataques no llegó a denunciarlos y, entre quienes sí lo hicieron, fueron pocas las que encontraron una respuesta con consecuencias para sus agresores.
La violencia también puede modificar la manera de ejercer la política. Un estudio de 2018 de la Unión Interparlamentaria y la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, basado en entrevistas a 81 parlamentarias, encontró que más del 85% había sufrido violencia psicológica. Aproximadamente una de cada tres reconoció que esas experiencias habían limitado su libertad para expresarse o actuar. Algunas mujeres continúan en sus cargos, pero reducen su exposición o dejan de intervenir en determinados debates para evitar nuevos ataques.
Las consecuencias pueden alcanzar incluso a quienes todavía no han decidido dar el paso. Carone advierte de que “el odio tiene un efecto disuasorio: pasan períodos más breves y se postulan con menos frecuencia”. La violencia puede influir así no solo en cómo ejercen sus responsabilidades las mujeres que ya ocupan un cargo, sino también en quiénes se animan a presentarse y cuánto tiempo deciden permanecer en política.
El miedo también expulsa de las redes
La socióloga Beatriz Bonete terminó abandonando las redes sociales por los insultos que recibía cuando compartía sus artículos. “Al final, haces una evaluación personal y muchas veces no te compensa”, explica. Dejar de utilizarlas le permitió alejarse del hostigamiento, pero también supuso renunciar a un espacio en el que difundía su trabajo y participaba en conversaciones públicas.
El acoso digital no siempre se limita a insultos aislados. Puede prolongarse durante días, multiplicarse a través de distintas cuentas y convertir cualquier intervención pública en el inicio de una nueva campaña de ataques. Para quienes utilizan las redes como parte de su trabajo, retirarse también puede significar perder visibilidad y oportunidades profesionales.
Bonete ha explicado hasta qué punto se han normalizado comportamientos que difícilmente se aceptarían fuera de internet. Si una mujer estuviera impartiendo una conferencia y un grupo de hombres comenzara a interrumpirla con insultos machistas, resultaría evidente que están intentando impedirle hablar. Sin embargo, en las redes ese hostigamiento se presenta muchas veces como una parte inevitable de la exposición pública.
Cuando el proceso judicial se convierte en castigo
Pamela Palenciano estuvo a punto de abandonar su profesión. La actriz y activista, conocida por su monólogo No solo duelen los golpes, afrontó en 2021 una denuncia penal por el contenido de su espectáculo. El procedimiento terminó archivado en 2022, pero sus consecuencias continuaron mucho después. “Mi nombre quedó completamente manchado y empecé a perder muchísimo trabajo”, relató a Artículo14.
La denuncia afectó también a su manera de trabajar. “Mi manera de subirme al escenario era todo el tiempo una autocensura constante, repensar lo que estaba diciendo, haciendo, moviendo. Mi vida cambió por completo, de una forma radical”, explicó. Llegó a plantearse dejarlo todo. “Yo estuve a punto de retirarme. Pensé seriamente en dejar de hacer lo que hago”.
Su caso permite acercarse a las SLAPP, siglas en inglés de demandas estratégicas contra la participación pública. Son procedimientos judiciales utilizados abusivamente para intimidar, desgastar o silenciar a periodistas, activistas y otras personas que intervienen en cuestiones de interés general. No necesitan terminar en una condena para producir consecuencias. Defenderse puede exigir meses o años de incertidumbre, gastos económicos y desgaste personal.
“Si estas demandas no tuvieran ningún recorrido, no funcionarían”
La coalición europea CASE ha documentado 1.303 casos en Europa entre 2010 y 2024, de los cuales 167 corresponden al último año analizado. En España identificó 29 durante ese periodo. Las cifras no se refieren exclusivamente a mujeres, pero permiten dimensionar una práctica que también afecta a quienes denuncian violencias machistas o defienden los derechos de las mujeres.
La abogada Laia Serra ha explicado en Artículo14 por qué estas actuaciones pueden resultar eficaces incluso cuando finalmente se archivan. “Si estas demandas no tuvieran ningún recorrido, no funcionarían”.
“Se fabrican pretensiones con ciertos visos de legitimidad cuyo único objetivo es desgastar, neutralizar o represaliar”, explica Serra. No se trata de considerar abusiva cualquier demanda contra una persona que participa en el debate público, sino de identificar cuándo se utiliza la justicia para intimidarla.
La Unión Europea aprobó en 2024 una directiva contra las SLAPP, aunque su ámbito se centra en determinados procedimientos civiles con implicaciones transfronterizas y no incluye las causas penales. Esa limitación resulta especialmente importante cuando el hostigamiento se ejerce mediante querellas, como ocurrió en el caso de Palenciano.
El reconocimiento de estas violencias supone un paso, pero no garantiza por sí solo que quienes las sufren encuentren protección. El nuevo Plan Estratégico de Igualdad tendrá que traducirse en actuaciones capaces de prevenir los ataques y responder a sus consecuencias.
Si algo de lo que has leído te ha removido o sospechas que alguien de tu entorno puede estar en una relación de violencia puedes llamar al 016, el teléfono que atiende a las víctimas de todas las violencias machistas. Es gratuito, accesible para personas con discapacidad auditiva o de habla y atiende en 53 idiomas. No deja rastro en la factura, pero debes borrar la llamada del terminal telefónico. También puedes ponerte en contacto a través del correo 016-online@igualdad.gob.es o por WhatsApp en el número 600 000 016. No estás sola.