Un ley preconstitucional y anterior al Estatuto de los Trabajadores y a la entrada de España en la Unión Europea, para ordenar un mercado laboral en el que no existía Internet, ni teléfonos móviles, ni teletrabajo, con un tejido empresarial muy distinto, escasa presencia internacional y con mucha menor presencia de la mujer. Es la ley de huelga vigente en España a través del Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de marzo, sobre relaciones de trabajo, que ningún gobierno, ni el de Pedro Sánchez tras ocho años y una reforma laboral, ha reformado. Sólo ha sido matizada por los tribunales, especialmente por una histórica sentencia del Tribunal Constitucional, pero también muy lejana, de 1981.
En el caso del Ejecutivo de Sánchez llama la atención que sí ha modificado un aspecto relacionado con la huelga, pero no el marco general. El 14 de abril de 2021, el Senado aprobó una ley que promovió el Gobierno que despenaliza a los piquetes. Se trata de una reforma del Código Penal que registraron UGT y CCOO en el Congreso y lideraron PSOE y Podemos por la que se derogó el artículo 315.3 del Código Penal, que establecía penas de cárcel y multas para “quienes actuando en grupo o individualmente, pero de acuerdo con otros, coaccionen a otras personas a iniciar o continuar una huelga”. El artículo 315 del Código Penal, que penaliza al empresario que impide a un trabajador secundar una huelga y que incrementa las penas en caso de coacciones, no se ha derogado.
Carlos Cano y Carmen Bajo fueron condenados a tres años y un día de prisión, más una multa de 3.655 euros cada uno, más una indemnización de 767 euros a cargo de Cano a los propietarios de un local por participar en un piquete informativo en la huelga general de marzo del 2012, en la que más de 300 sindicalistas fueron encausados. La Fiscalía pedía siete y ocho años de cárcel para Rubén Ranz (UGT) y José Alcázar (CCOO), respectivamente, y multas de 7.500 euros por su participación en piquetes en las huelgas generales de 2010 y 2012.
Yolanda Díaz, contra Rajoy
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, saludó el “restablecimiento de libertades” de esta reforma en X. La publicación de la norma en el BOE estuvo además envuelta en la polémica, ya que la Exposición de Motivos incluye una crítica directa al Gobierno de Mariano Rajoy, algo insólito en un texto legal hasta la llegada del Ejecutivo de Sánchez. Allí se afirma que “con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno”. El PP recurrió este texto al Tribunal Constitucional.
El argumento de que esta penalización de los piquetes viene del Gobierno del PP o de su reforma laboral no se sostiene, ya que el denominado delito de piquete de huelguistas se introdujo en el Código Penal de 1928 durante la dictadura de Primo de Rivera y lo rescató el Código Penal de 1995, durante el Gobierno socialista de Felipe González.
De hecho, los sindicatos no han pretendido atribuírselo directamente, pero sí que han apuntado a la Fiscalía, a la que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha acusado de cargar de manera inédita durante los años del Gobierno de Rajoy.
¿Qué implicaba la vigencia del artículo 315.3? De entrada, está claro que penas de cárcel y multas más elevadas, explica Víctor Sunkel, socio de Sunkel & Paz Penalistas, que subraya que el artículo estaba vigente desde 1995 y que la tipificación específica del delito puede tener distintas lecturas.
La ley y la trampa y el paro de 2022
En este sentido, otros penalistas consultados destacan que a pesar de la derogación del artículo 315.3, se mantiene el 172, que penaliza la misma conducta, aunque no específicamente en el caso de una huelga, pero que permite actuar en este sentido a la Fiscalía. “Quien hace la ley, hace la trampa”, advierten, “y quien deshace la ley, conoce la trampa”, añaden. Cuestión diferente sería que la Fiscalía actual no haya querido actuar hasta ahora contra piquetes próximos a los sindicatos mayoritarios pudiendo hacerlo, y que en marzo de 2022 se contemplara actuar contra los piquetes del transporte que pararon el país y a los que no amparaban los sindicatos mayoritarios.
“No se puede consentir ni tolerar que en un Estado democrático y de Derecho se utilice la violencia y la fuerza para impedir trabajar a quien quiere trabajar”. Se trata de un “boicot organizado por ultras, por la ultraderecha, que está tratando de someter al transporte”, clamaba la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, que anunció que se actuaría “con máxima contundencia” contra un “sector minoritario” dentro del transporte por carretera, en referencia a la Plataforma de Defensa del Transporte por Carretera, “que no está representado y que defiende reivindicaciones a través de la violencia y de la confrontación que no vamos a tolerar”. “Las reivindicaciones pueden hacerse, pero no podemos tolerar que en un Estado democrático y de Derecho, un sector minoritario impida trabajar a los transportistas que sí quieren trabajar”, recalcó en varias ocasiones, asegurando que en todo momento se buscaba “garantizar el bienestar de los ciudadanos y el sector se ha comprometido con ello”.
En la misma línea, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, dio instrucciones a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para desplegarse por todos los puntos de la red vial donde se producen incidentes e identificar a los piquetes. Todo esto, a la espera de ver su desempeño en una huelga general este 11 de noviembre que secunda el Gobierno.
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