Lola Navarro (Valencia, 1971) asumió en noviembre de 2024 la vicesecretaría general de UGT en el 44º Congreso Confederal del sindicato. Una elección que -según reconoce- se explica por su conocimiento de la problemática social desde las bases. Navarro lleva toda su vida laboral vinculada al sindicato, primero en programas de inserción laboral de colectivos vulnerables, después en responsabilidades de Acción Sindical y, finalmente, como secretaria general de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT en el País Valenciano.
El legado de esta trayectoria, a la que se suma su sensibilidad hacia los problemas que afectan a las mujeres, queda patente durante la entrevista con Artículo14, a las puertas de la primera huelga general en 14 años. Una convocatoria que no puede descontextualizarse de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Pedro Sánchez decidió llamar a las urnas el 5 de octubre después de que el Congreso rechazara los dos decretos de vivienda, en medio de la movilización social desencadenada por el desahucio de Maricarmen Abascal. Ese mismo día, UGT y CCOO anunciaron que se sumarían a la iniciativa de huelga general impulsada por el Sindicato de Inquilinas. Dos días después, las organizaciones acordaron fijar el paro para el 11 de noviembre.
¿Qué sería un éxito para UGT en esta huelga general?
Pensamos que va a ser una huelga ‘típica’ y que va a haber una repercusión importante, sobre todo en grandes ciudades como Madrid, Barcelona o Málaga, y en las Islas Baleares o en la Comunidad Valenciana, donde el problema de la vivienda tiene mayor impacto. Será una huelga asimétrica, porque no tendrá la misma repercusión en la España vaciada.
Hay unas 3.800 empresas que se han adherido y un 70% de la población española está a favor de la huelga por la vivienda, independiente de su ideología. Confiamos muchísimo en el apoyo de la juventud. Para muchos va a ser su primera huelga y están absolutamente motivados porque, además de la vivienda, se han incluido la precariedad salarial y los problemas de salud mental.
El éxito será parar fundamentalmente la industria, los servicios públicos y el transporte, además de las grandes manifestaciones en las ciudades. No contemplamos el fracaso lo planteo porque estamos convencidos de que serán masivas.
¿Teméis que los altercados empañen la convocatoria?
Es una pregunta que yo me he hecho y realmente nos preocupa muchísimo. Creemos que los sindicatos de clase somos los únicos capaces de canalizar una huelga y garantizar que haya seguridad jurídica y que no haya disturbios. Estamos preparando formación para los piquetes y los servicios jurídicos estarán a disposición de los participantes y de la ciudadanía en general.
Tiene que ser una huelga pacífica. ¿Puede haber grupos que intenten provocar? Seguro, y habrá que lidiar con ello, pero nosotros estamos siendo muy didácticos para que todo transcurra con absoluta normalidad. No queremos conflictos. Contamos con gente muy experta que ha participado en huelgas generales desde el 1988.
¿Por que ahora, cuando no habido una huelga general en tantos años?
Tiene una explicación, aunque no a todo el mundo le gusta. Hemos tenido un Gobierno progresista con el que hemos estado negociando en el diálogo social y hemos conseguido avances como la reforma laboral, la estabilidad en el empleo, la reforma de pensiones y la subida del SMI. También hemos negociado la reducción de la jornada laboral, aunque luego no haya salido, el control horario y la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Por eso, yo vuelvo la pregunta por pasiva.
¿Cómo vamos a hacer una huelga general si estamos teniendo avances? Aunque son insuficientes, hacemos una valoración muy positiva de estos ocho años de Gobierno progresista.
Lola Navarro – vicesecretaria de UGT
Se puede anticipar una posición más combativa si gana las elecciones el PP y se alía con Vox.
El Partido Popular es un partido absolutamente democrático y hay comunidades autónomas donde el diálogo social funciona, pero hay otras donde, probablemente condicionados o influidos por Vox, sí hay problemas. Por lo tanto, no es una cuestión de que nosotros lo anticipemos, es una cuestión de lo que estamos visualizando.
Nos asusta, aunque igual la palabra es un poco gruesa, que pueda haber un vicepresidente del Gobierno como Santiago Abascal, que ha negado la violencia de género. Los movimientos feministas estamos francamente preocupadas, porque las mujeres sufrimos más las desigualdades. Por eso reivindicamos que se mantenga el Ministerio de Igualdad. Dispersar las responsabilidades entre otros ministerios sería, desde nuestro punto de vista, un gran error.
No estamos anticipando que, porque salga un determinado Gobierno, vayamos a buscar el conflicto por el conflicto. Dependerá de cuáles sean sus posiciones y sus planteamientos.
¿Es la huelga general una huelga política?
Esta huelga general no es una huelga política, aunque pueda pensarse que tiene matices políticos. De alguna manera, todas las huelgas son políticas porque lo que intentamos es mandar un mensaje a los partidos políticos y a la sociedad.
La convocatoria surge para reivindicar el derecho a la vivienda, tanto en propiedad como en alquiler, una situación que es dramática porque afecta de manera transversal a toda la sociedad, desde los jóvenes que no pueden emanciparse hasta los funcionarios que tienen que renunciar a la plaza porque con su sueldo no pueden vivir en zonas como Baleares.
En UGT llevamos años trabajando sobre esta situación. Hemos denunciado a España ante el Comité Europeo de Derechos Sociales y yo misma planteé una reclamación ante el Defensor del Pueblo para que preguntara a las comunidades autónomas e insistí en que teníamos que introducir el problema de la vivienda en la negociación colectiva.
Pero ¿por qué se convoca a las puertas de las elecciones generales?
Nosotros interpretamos lo que reclama la sociedad y así lo hemos explicado. Tras el doloroso desahucio de Maricarmen, que falleció por la situación dramática de que la sacaran de su casa a los 87 años, tras haber vivido en ella 70 años, se produce un estallido social.
Pero ya después de las vacaciones habíamos empezado internamente a barajar movilizaciones en octubre. Habíamos instado a la CEOE a iniciar la negociación del Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva y se nos dieron largas. Fuimos pacientes por respeto al proceso electoral interno de la patronal.
Y, en este contexto, sucede el desahucio de Maricarmen y entendemos que tenemos que ir a una huelga general.
Sin embargo, la interpretación es que os habéis visto arrastrados por el Sindicato de Inquilinas.
UGT no dice que sí de repente. Nuestro secretario general ha dicho que está dispuesto a enseñar los WhatsApp internos donde ya estamos diciendo: ‘Nosotros tenemos que canalizar este movimiento social’.
Las grandes organizaciones sindicales, y eso lo reconoce el Sindicato de Inquilinas, somos las que damos seguridad jurídica a una huelga y, por lo tanto, no podemos mirar hacia otro lado.
Pero el presidente del Gobierno decidió convocar elecciones y, ante esa secuencia, yo entiendo que haya quien piense que nos llamó. Cada uno es libre de pensar lo que considere, pero sinceramente esto no es lo que sucedió.
Ocho años de Gobierno de Sánchez finalizan con una huelga por la vivienda, ¿ha sido el gran fracaso?
Yo no sé si ha sido el gran fracaso, pero tenemos una Ley de Vivienda que no se aplica en muchas comunidades autónomas, porque las competencias de vivienda les corresponden y muchas bloquean su aplicación.
¿Se tenía que haber hecho más? Sin duda. Yo no quiero defender a este Gobierno, pero sí es cierto que se han llevado dos decretos al Parlamento y no se han aprobado. Creo que en temas como la vivienda son absolutamente necesarios los pactos de Estado. Nos gustaría que se aprobaran los decretos de vivienda [se votarán en la Diputación Permanente del Congreso de los Diputados el 12 de noviembre].
El Gobierno ha planteado una subida del SMI del 5,3% para 2027, frente al 7% que reclamaba UGT. ¿Es suficiente?
Nosotros planteábamos un 7% porque los salarios no dan. Además, estamos esperando un real decreto que resuelva la absorción y compensación de los salarios. Si te incrementan el salario base, pero tienes un plus del que te absorben y compensan la subida, te acabas quedando igual.
La negociación del nuevo acuerdo de convenios colectivos sigue bloqueada.
La CEOE tenía que haberse sentado con nosotros. Desde nuestro punto de vista, la patronal está siendo absolutamente irresponsable. Cuando haces una convocatoria de huelga tienes que pasar por un sistema de mediación, arbitraje y conciliación. Podría haber planteado un calendario para abrir la mesa de negociación y eso habría reducido sustancialmente la tensión. Pero no quiso negociar.
Pensamos que la CEOE está teniendo una posición mucho más táctica, esperando que haya un Gobierno de otro signo político que favorezca más sus intereses. No se puede tener un acuerdo de negociación colectiva bloqueado más de un año.
Se sube el SMI, pero la brecha salarial no se cierra, ¿qué está fallando?
Todo el sistema patriarcal está montado para que las mujeres asumamos el rol de los cuidados, y esta circunstancia marca nuestra carrera laboral. Falla la corresponsabilidad, que nuestros compañeros de vida asuman también las responsabilidades que les corresponde. Tenemos una brecha salarial del 17% y, cuando se publiquen los datos del próximo año, tristemente se habrá incrementado.
La brecha salarial no se va a resolver si realmente no hay una serie de políticas públicas potentes y un cambio en la cultura de los cuidados en España. Los servicios públicos están en una situación muy precaria y muy raquítica. Los servicios públicos, yo creo que son el patrimonio de los pobres y de la clase media.
¿Es sostenible un sistema de pensiones al que el Estado tiene que transferir más de 50.000 millones de euros anuales?
Podemos gastar 50.000 millones en pensiones sin ningún problema y, si es necesario, deberíamos gastar más. La reforma de pensiones introdujo un mecanismo que va a hacer que se garanticen las pensiones al menos hasta 2050. Ya estamos aportando en nuestras nóminas, empresarios y trabajadores, para que las pensiones estén garantizadas.
Por lo tanto, lo que se pague por parte de los Presupuestos está más que justificado. No podemos hacer planteamientos que garanticen una pensión mínima y luego permitan cobrar más dependiendo de las aportaciones individuales. Eso no es viable desde un concepto socialdemócrata como el nuestro.
¿Debería abordarse una reforma de las pensiones?
No creemos que haya que hacer una reforma de pensiones. Ya se hizo, se alcanzó un acuerdo y está garantizado hasta 2050. La AIReF, en su último informe de 2025, reconoce que el sistema de pensiones está absolutamente saneado. Es una cuestión de prioridades de país y de fiscalidad: quien más tiene, más tiene que aportar.
La migración ha venido a reforzar el mundo del trabajo y eso hay que reconocerlo. Los migrantes no son un problema, los migrantes son una solución. Están trabajando en los sectores de actividad más duros de este país: la hostelería, la dependencia, la limpieza o como empleadas del hogar. Estas personas están cotizando y aportando.
¿Podrá Carlos Cuerpo recuperar la confianza en el sistema ferroviario?
No creo que sea una cuestión de la persona, sino de las medidas que se adopten. Carlos Cuerpo es un ministro eficaz y eficiente, pero hay que hacer grandes cambios en el sistema ferroviario. Lo que nos preocupa son las medidas que se van a tomar, no solo quién va a estar al frente de esta responsabilidad.
Los compañeros del sector ferroviario llevan tiempo reivindicando que no se externalicen los sistemas de mantenimiento y que haya un incremento de plantilla. Los servicios públicos hay que mejorarlos permanentemente. Tiene que haber formación, recualificación e inversión. Desde que se liberalizó el sector, el incremento de pasajeros ha sido brutal. Pero hay que invertir y todo tiene que ser público. Nada de externalizar en empresas privadas cuyo objetivo no es la mejora de todos, sino el beneficio empresarial.
También nos parece que el exministro de Transportes ha sido ejemplar a la hora de dimitir. Pensábamos que tenía que dimitir y, después de estar cuatro o cinco horas dando explicaciones, asumió su responsabilidad. Eso también nos parece digno de reconocer.
¿Cuáles son las cinco prioridades que UGT trasladará al próximo Gobierno?
La vivienda, en primer lugar. Después, una mayor inversión en los servicios públicos: educación, sanidad, dependencia y ferrocarril.
Por supuesto, mantener el Ministerio de Igualdad y las políticas públicas que garanticen la igualdad. También mejorar los salarios y seguir incrementando el SMI, que continúa siendo bajo. Y, por último, garantizar un clima de diálogo social entre el Gobierno, las organizaciones empresariales y los sindicatos.