La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha denegado las medidas cautelares solicitadas por Vox y Iustitia Europa que pedían suspender al voto a los 189.678 hijos de personas nacionalizadas por la conocida como ley de nietos. Estos casi 190.000 electores españoles, cabe añadir, residen en el extranjero. La decisión ha contado con el voto discrepante de uno de los seis magistrados que componen la Sección y el voto particular concurrente de una magistrada. Este último coincide con la denegación acordada, pero discrepa de alguna de las argumentaciones.
Asimismo, la Sección Cuarta ha rechazado las alegaciones planteadas por varias asociaciones y particulares contra las medidas cautelares adoptadas por el tribunal los pasados 10 de septiembre y 12 de octubre. Con esas decisiones, cabe recordar, se suspendió temporalmente el derecho al voto de 162.454 personas que adquirieron la nacionalidad tras una instrucción que reinterpretó el espíritu de la Ley de Memoria Democrática.
La mayoría de los magistrados precisan que el momento en el que Vox y Iustitia Europa han peticionado esta suspensión es diferente a cuando se hizo en septiembre. “Las medidas cautelares acordadas hasta ahora por la Sala se adoptaron el 10 de septiembre, mucho antes de la disolución anticipada de las Cortes Generales y de la consiguiente convocatoria de elecciones generales. Lo que hicimos después, en los autos de 12 y 23 de octubre, fue adoptar decisiones para asegurar la efectividad de lo acordado en un tiempo aún hábil, posible, anterior al inicio del periodo electoral”.
Cuatro de los seis jueces defienden que la pretensión cautelar resuelta este lunes, “pudiendo haberse planteado antes, se nos plantea en un momento muy diferente“. Es decir, cuando ha transcurrido “más de la mitad del periodo electoral, a una semana del comienzo de la campaña electoral y, tratándose del voto de los inscritos en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA), a dos semanas del inicio del depósito del voto en urna en los Consulados”. “Iniciar ahora un proceso de revisión del CERA, además de los interrogantes que suscita la posibilidad material de ejecución efectiva en el breve lapso temporal existente hasta la fecha de votación y de su escrutinio, entendemos que resulta contrario a las exigencias derivadas de los principios de seguridad jurídica y de estabilidad electoral”, añaden.
La Sala, exponen los magistrados en una resolución judicial, “tiene serias dudas sobre la viabilidad de la ejecución efectiva de las medidas cautelares solicitadas que ahora pudieran adoptarse”. Ello es debido a que estas deben ir acompañadas de todas las actuaciones y garantías que se acordaron previamente: “requerimientos a la Administración para identificar a los afectados y, una vez recibida esa información, traslado por la Oficina del Censo Electoral al CERA; emplazamiento a los interesados para su personación y presentación de alegaciones; resolución de reclamaciones y recursos por la Sala; así como otras medidas de conservación y custodia de la documentación electoral correspondiente a las personas cuya inscripción en el CERA haya sido acordada”.
Rechazo del recurso de la Abogacía del Estado
La mayoría de la Sección rechazó el pasado 12 de octubre la admisión del recurso interpuesto por la Abogacía del Estado con el que solicitó el levantamiento de la suspensión temporal del derecho al voto de cara a las elecciones del 29 de noviembre. Estas, cabe recordar, son una parte del grupo que obtuvo la nacionalidad española gracias al inciso primero de la disposición adicional 8ª.1 de la Ley de Memoria Democrática -conocida como ley de nietos– y que posteriormente fueron inscritas en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA).
Previamente, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo emitió una resolución judicial en septiembre con la que suspendía temporalmente el derecho a voto de 162.454 perjudicados, según un escrito presentado por la representación de la Administración General del Estado, “hasta el dictado de la sentencia en este procedimiento”. Aquella resolución -un auto- fue emitida antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llamara a los españoles a las urnas y después del 1 de agosto -cierre del censo electoral vigente de cara a las próximas elecciones generales-.
La instrucción que originó el embrollo
Cabe recordar que el inciso primero de la disposición adicional 8ª.1 de la Ley de Memoria Democrática refleja que “los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española, podrán optar a la nacionalidad española, a los efectos del artículo 20 del Código Civil”.
Sin embargo, antes las “posibles dudas” que se podían plantear a los Encargados de las Oficinas del Registro Civil español en cuanto al alcance e interpretación del ámbito de aplicación de la mencionada disposición adicional octava, la directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, emitió en octubre de 2022 una instrucción para resolverlas. Fue debido a la publicación de ese texto por lo que se originó el problema: “Se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955. En estos supuestos deberá acreditarse la salida del territorio español mediante cualquiera de los documentos enumerados en este punto (entre otros, el pasaporte o título de viaje con sello de entrada en el país de acogida o la certificación del registro de matrícula del Consulado español). Si la salida de España se produjo entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978 deberá acreditarse la condición de exiliado”.
Finalmente, el Tribunal Supremo resolvió el pasado mes de septiembre que esa suspensión del derecho al voto solo se ajustaría a aquellas personas a las cuales se les aplicó tal presunción al obtener la nacionalidad y que posteriormente fueron inscritas en el CERA.
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