El casero que suba 50 euros el alquiler al mes será penalizado por Hacienda con 437 euros, con lo que el 73% del incremento se lo llevará el Fisco. Así lo establece el Real Decreto-Ley 29/2026 que la Diputación Permanente del Congreso va a votar este jueves con el PNV como árbitro y que se prevé que sea convalidado después de que la Cámara Baja lo tumbara el pasado 2 de octubre. La norma incluye unas reducciones y penalizaciones fiscales que aplican unos porcentajes de gran complejidad, y los contribuyentes que cometan errores serán sancionados, según ha advertido el Registro de Asesores Fiscales (REAF) del Consejo General de Economistas, que ha celebrado sus Jornadas en Oviedo el jueves y viernes pasado.
El REAF ha elaborado una serie de ejemplos para un arrendador soltero, menor de 65 años, con salario bruto de 40.000 euros, que alquila un inmueble como vivienda habitual del inquilino todo el año por importe de 1.000 euros al mes. El 15 de diciembre de 2026 formaliza un nuevo contrato y sube el alquiler a 1.050 euros al mes, un 5%, lo que le supone el citado coste fiscal de 437 euros, aplicando una reducción del 40%. El inquilino, por su parte, paga 600 euros más y el casero acaba ganando 163,40 euros.
El ejemplo no es el peor de los casos, porque sube el alquiler un 5% y aplica una reducción del 40%. O sea, pasa de aplicar el 50% al 40%. Si sube más el alquiler, aplicaría hasta el 15% y saldría peor parado porque el coste fiscal sería mucho mayor, explican.
En el caso de que mantenga el alquiler en 1.000 euros, aplicará una reducción del 50% y no habrá cambios.
Si decidiera bajarlo una vez finalizado el plazo mínimo de cinco años a 940 euros al mes, esto es, un 6%, entonces disfrutaría de una reducción del 100%, con un ahorro fiscal de 1.514,04 euros. El inquilino pagaría 720 euros menos y el propietario ganaría 794,04 euros.
Complejidad e inseguridad
El Registro de Economistas Asesores Fiscales ha advertido de que el nuevo sistema de reducciones aplicables al alquiler en el Decreto de Vivienda aumentará la complejidad del IRPF, dificultando su comprensión y gestión por parte de los contribuyentes.
Así, han alertado de que la horquilla de hasta 13 porcentajes diferentes dificulta el cumplimiento de las obligaciones tributarias, incrementa el riesgo de errores y genera inseguridad jurídica.
En este sentido, el presidente del REAF, Agustín Fernández, considera que este grado de detalle plantea una cuestión fundamental: “¿Puede exigirse razonablemente a un contribuyente que identifique cuál de los 13 porcentajes le corresponden aplicar y que conozca todos los requisitos exigidos para ello? Esta situación puede incrementar los errores involuntarios, las discrepancias interpretativas, las regularizaciones y el riesgo de sanciones, especialmente cuando la aplicación de un beneficio fiscal depende de circunstancias cuya acreditación no siempre resulta sencilla”, ha señalado.
Los Economistas entienden que la política fiscal puede contribuir a favorecer el alquiler residencial y a incentivar precios más asequibles, pero avisan de que los incentivos pierden eficacia cuando su complejidad dificulta que los contribuyentes puedan conocerlos y aplicarlos con seguridad. Asimismo, consideran que las ventajas tributarias deben acompañar las políticas de vivienda, pero no convertirse en el principal instrumento para condicionar las decisiones patrimoniales de los ciudadanos.
Ajustes por la subida del salario mínimo
En relación con la tributación del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), el presidente del Consejo general de Economistas, Miguel Ángel Vázquez, considera necesario “establecer un mecanismo de ajuste automático que evite tener que introducir correcciones fiscales cada año que se incrementa el SMI. Si la voluntad del legislador es que estos trabajadores no tributen por sus salarios, resulta más razonable evitar que se les practiquen retenciones que obligarlos a presentar la declaración del IRPF para recuperar, mediante una deducción, las cantidades previamente retenidas”.
Añaden que, si el SMI aumenta otro 5% en 2027, hasta situarse cerca de los 18.000 euros anuales, seguirá estrechándose la brecha con el salario medio, que ronda los 32.000 euros anuales. Señalan que “el sistema debería ofrecer una solución estable y previsible, sin necesidad de introducir modificaciones normativas cada ejercicio”. Unos cálculos que van a rehacer ante el borrador de Trabajo que eleva el Salario Mínimo al 5,2%. En todo caso, la deducción que se prevé que apruebe Hacienda para que queden exentos será total hasta un sueldo de 18.000 euros y se aplicará de manera decreciente a hasta un salario de cerca de 23.000 euros para tratar de suavizar el llamado error de salto por el que estos contribuyentes tienen un tipo muy elevado por cada euro que se incremente su salario.
Actualización de magnitudes fiscales
Los economistas también abogan por “actualizar determinadas magnitudes fiscales que han quedado desfasadas por el paso del tiempo y el incremento de los precios”. Entre ellas destacan, en el IRPF, los mínimos personales y familiares, los límites de determinadas rentas exentas, las dietas y asignaciones para gastos de manutención y las cuantías que condicionan la aplicación de diversos beneficios fiscales.
Desde el REAF se advierte de que “la falta de actualización de estas magnitudes provoca un incremento silencioso de la presión fiscal, al elevar la tributación de los contribuyentes sin que necesariamente haya aumentado su capacidad económica”. Por ello, consideran “imprescindible” establecer mecanismos de revisión periódica que adapten estas cuantías a la evolución de los precios, sin depender de reformas fiscales puntuales.
Entre los ejemplos señalados, destacan que el mínimo personal del IRPF, congelado desde 2015 en 5.550 euros, debería elevarse a 7.200 euros para reflejar el incremento de los precios. Del mismo modo, el importe exento de los cheques restaurante debería pasar de 11 a 14 euros diarios y el límite de los gastos de difícil justificación para los empresarios y profesionales en estimación directa simplificada, de 2.000 a casi 2.600 euros. Otro ejemplo muy ilustrativo es el límite de 3.005,06 euros anuales para declarar operaciones con terceros en el modelo 347, una cuantía que procede de las antiguas 500.000 pesetas. Lo que entonces podía considerarse un volumen de operaciones relevante hoy resulta una cantidad relativamente reducida.
Sin embargo, este límite sigue sin actualizarse, pese al incremento de los precios y al aumento del número de operaciones que deben declararse. También proponen aumentar de 300.000 a 432.000 euros la exención por vivienda habitual en el Impuesto sobre el Patrimonio, tomando como índice el incremento acumulado del precio de la vivienda, período 2011-2025.
Los Economistas han concluido destacando que un buen sistema tributario no es necesariamente el que contempla más incentivos y excepciones, sino aquel que permite a los ciudadanos conocer con claridad sus obligaciones, anticipar las consecuencias fiscales de sus decisiones y cumplirlas sin dificultades innecesarias. “Una buena política fiscal no debería obligar al ciudadano a recorrer un laberinto para descubrir cómo tributa”, han remachado.