El sistema constitucional de Estados Unidos, pese a ser republicano y presidencial, puede generarnos reflexiones útiles, aunque nosotros nos hayamos dotado de una monarquía parlamentaria. En el fondo, existen principios comunes de los que ellos y nosotros extraemos conclusiones que pueden ayudar a mejorar el devenir de nuestras democracias. Ambos estamos necesitados de ello.
Está claro que, en ambos sistemas, la democracia no está fundamentada en el quítate tú para ponerme yo, pese a que, en demasiado frecuentes ocasiones, éste sea el objeto de ciertos políticos. El fundamento de la democracia, si es que tiene solo uno, residiría en el intento de conseguir una mejor vida para el conjunto de la ciudadanía. Cierto es que ello es imposible en términos absolutos, puesto que la Historia muestra las quiebras que tiene ese sistema al que, sin embargo, consideramos el mejor de los posibles, pese a que, como cualquier obra humana, nunca nos va a convencer del todo.
A ambos lados del Atlántico, desde hace siglos, se ha convenido en que “el poder debe frenar al poder” (Montesquieu, con su separación de poderes) y en que han de existir “pesos y contrapesos” (el checks and balances de Hamilton, Madison y Hay). Precisamente a esos equilibrios responden, en USA, las elecciones de medio mandato y, en nuestro sistema constitucional, las relaciones de control y orientación entre las Cortes y el Gobierno.
No le han ido bien a Trump las elecciones de medio mandato. En ellas se renueva la totalidad de la Cámara de representantes, un tercio del Senado y una serie de gobernadores, cargos locales y asambleas legislativas de los Estados. En todas ha perdido escaños el partido republicano, hasta tal punto que, con la nueva composición de las cámaras, el partido demócrata controla todo el Congreso, es decir, tanto la Cámara de representantes como el Senado. El contrapeso ha decantado esta vez con rotundidad, cosa que no suele suceder a menudo. Ello significa que en todo aquello que el Presidente necesite el aval o la conformidad del Congreso, y, singularmente, del Senado, va a tener problemas para obtenerlo. No es automático ello en USA, puesto que representantes y senadores guardan para sí la libertad de voto y, como se ha puesto repetidamente de manifiesto, no es raro que los haya que voten con sus colegas del partido contrario. Eso de “el que se mueve no sale en la foto” no rige en los Estados Unidos o, al menos, rige de otra manera.
Pero sí le va a costar, a Trump, nombrar vacantes que puedan producirse en el Tribunal Supremo, pues aunque la propuesta es competencia exclusiva suya, el candidato pasa por diversos exámenes (del FBI y del Comité Judicial del Senado en el que hay senadores de ambos partidos) y necesita ser admitido con 51 votos (el Senado cuenta con 100 senadores). Es evidente que los presidentes proponen candidatos ideológicamente afines, pero el escrutinio por el que tienen que pasar es absolutamente estricto y el prestigio profesional desde el que acceden al cargo es más que notable. No se trata de hacer un simple “cambio de cromos” por tendencia ideológica, porque el cargo es vitalicio y las funciones que comporta (como el control sobre las órdenes ejecutivas, por ejemplo) les exigen un rigor e independencia funcional fuera de toda duda razonable. Por ejemplo, Trump ha sido el presidente al que más órdenes ejecutivas (parecidas a nuestros decretos-ley) le ha anulado el Tribunal Supremo pese a que en este Tribunal existe una mayoría conservadora y varios de sus miembros han sido nombrados a propuesta suya. Podrían tomar ejemplo aquí, entre nosotros, quienes tienen encomendada la selección de los miembros del Tribunal Constitucional, así como este mismo Tribunal en el ejercicio de sus funciones.
La adopción de las leyes es objeto también de varios contrapesos en USA. El Congreso tiene la iniciativa legislativa, teniendo en cuenta que cualquier ley relativa a impuestos debe originarse en la Cámara de representantes, la que representa a la ciudadanía, puesto que el Senado representa a los Estados miembros de la federación. En USA tienen muy en cuenta que son los particulares (individuos, empresas y otras organizaciones privadas) quienes pagan los impuestos y que, por lo tanto, el dinero no es ni del Estado ni de nadie como dijo una ministra española, sino que es de todos. Por ello, todos deben aceptar, mediante sus representantes, que sea recaudado y todos, también, deben aceptar cómo el poder público gasta lo colectado de la ciudadanía. Por eso, si no se aprueba el presupuesto, se cierra la administración: salvo el “retén” indispensable, el resto de los funcionarios se va a casa hasta que el presupuesto se apruebe. Recordemos que así pasó el año pasado, como otras tantas veces. Deben estar con los ojos “haciendo chirivitas” contemplando como nosotros nos hemos pasado una legislatura entera no sólo sin aprobar los presupuestos, sino incumpliendo el mandato constitucional de su presentación anual ante el Congreso. Así nos va, sin conocer previsiones de gasto, sin saber cómo han ido “bailando” las partidas y objetivos, sin conocer qué ha sido de los fondos europeos que lo engrosan…. con todas las consecuencias que ello ha podido comportar y por las que tendrán que responder, no los ciudadanos, sino los políticos, ante los órganos europeos correspondientes y ante nuestras instancias de control jurisdiccional.
Otro contrapeso legislativo aparece en la aprobación de las leyes, puesto que, teniendo ambas cámaras en USA el mismo poder al respecto, es necesario que no haya contradicciones en el texto aprobado por cada una y para ello, si las hay, se instaura un Comité de conferencia, mixto, con parlamentarios cualificados de ambas cámaras y partidos, que redacta un texto de consenso que debe ser aprobado por mayoría simple en las dos cámaras. Y aquí aparece otro de los contrapesos importantes: el Presidente puede aceptar o vetar la ley. Si la veta, este veto puede ser superado si el Congreso, es decir, ambas cámaras, lo vuelven a votar y anulan el veto por una mayoría de 2/3. Obtener esa mayoría, es evidente que precisa de un amplio acuerdo político, difícil, pero posible, como cuando en 2021 el Congreso superó el veto que había establecido Trump, durante su primer mandato, sobre la Ley de autorización de defensa nacional. Nosotros no tenemos contrapesos semejantes, pese a que el presidente Sánchez se ha creído a veces ser algo como mínimo, sino más, homologable a Trump, afirmando que estaba dispuesto a gobernar “con o sin el concurso del poder legislativo” o cuando ha impulsado a ningunear el papel del Senado o cuando pretende obtener en la Diputación permanente la aprobación de textos que han sido rechazados por el Pleno.
Podríamos examinar más contrapesos, como los relativos al impeachment y compararlo con nuestra moción de censura, o el indulto presidencial comprándolo con los nuestros (o las amnistías), así como los poderes de investigación de las cámaras, el control de la política exterior o la revisión judicial de los actos de las cámaras o del ejecutivo. Pero se nos alargaría demasiado el artículo, así que lo dejo para una mejor ocasión.