España ya se corona como el país europeo más mortífero en alta velocidad del mundo. Angrois (80 muertos), Adamuz (46) y ahora Urda (69), son nombres que retumban en la cabeza de los españoles y hacen pensar: ¿llegaré vivo si cojo yo un tren de alta velocidad?
Figura en los anales un accidente que el trágico choque de Urda el pasado 28 de octubre ha hecho caer en el olvido, y cuya investigación debía haberse cerrado precisamente un día después del accidente de Toledo. El descarrilamiento, el 18 de octubre de 2024, de un tren de alta velocidad en el túnel Atocha – Chamartín.
“Ese accidente fue un cuasi Urda”, afirman directivos ferroviarios que prefieren permanecer en el anonimato por encontrarse en activo. “Un operador de circulación del centro de control desvió un tren remolcado y evitó un posible choque a la altura de Atocha”.
Afirman que, de haberse cerrado ese informe a tiempo, se podrían haber tomado medidas que hubieran ayudado a evitar accidentes como el de Urda. Y aprobarse antes la medida post Urda del recién dimitido Óscar Puente, en cuanto a que a que partir de ahora, todas las decisiones y órdenes tomadas en un centro de control cuando fallen los sistemas de bloqueo automático (como LZB o RTMS) o en situaciones degradadas ya no recaerán en una sola persona: deberán ser supervisadas y validadas obligatoriamente por al menos un segundo operador o controlador humano.
Porque aquel 19 de octubre de 2024, un tren Alstom vacío, que iba averiado a talleres, se soltó de la unidad que lo remolcaba y avanzó sin control por el túnel entre Atocha y Chamartín.
Siete kilómetros cuesta abajo a gran velocidad
Según audios filtrados de un trabajador de Adif, el operador provocó deliberadamente el descarrilamiento para evitar un choque con otro convoy, ya que el tren circuló 7 kilómetros cuesta abajo a gran velocidad. El trabajador del centro de control lo desvío de vía, y descarriló a la altura del Jardín Botánico. Dos años después, aún queda por esclarecer qué provocó el desacople, si un fallo técnico o humano.
El accidente fue calificado de grave. La circulación quedó interrumpida y la CIAF abrió una investigación. El entonces ministro del ramo, Óscar Puente, pidió prudencia y esperar a los resultados de la Comisión de Investigación. Unos resultados que, a día de hoy, siguen sin existir. Fuentes del sector apuntan a que al Gobierno no le interesaba admitir que, de no ser por el operario, podría haberse producido una catástrofe similar a la de Toledo.
Una investigación a base de prórrogas
En la página web del ministerio de Transportes, dentro de la Comisión de Investigación de Accidentes ferroviarios, se incluye el anexo de los avances de la investigación del suceso 108/2024. Se trata de una declaración provisional, en la que se detalla que la investigación se amplía hasta abril de 2027, dado que debía haberse entregado a la Comisión de la AITAT -Autoridad Independiente para la Investigación Técnica de Accidentes e Incidentes- en octubre de este año.
El informe provisional califica el accidente de “grave”
Según el documento, la unidad 114.005 de Renfe Viajeros, averiada el día anterior en La Sagra, era remolcada con batería hacia los talleres de Fuencarral por la unidad 114.002, la única que aportaba tracción a la composición. A bordo viajaban el maquinista y dos técnicos de Alstom, empresa encargada del mantenimiento de esta serie.
El traslado transcurrió sin incidencias hasta la aproximación a Chamartín, donde la unidad remolcadora sufrió una avería en un convertidor que provocó la apertura de su disyuntor y le dejó sin tracción suficiente para superar la rampa. Un primer retroceso no resolvió el problema. Cuando se solicitó un segundo, la unidad remolcada ya presentaba un nivel de batería insuficiente.
Para continuar sin batería fue necesario desacoplar y reacoplar ambas unidades. La AITAT señala que el acoplamiento no resultó efectivo y que nadie lo detectó durante la operación. Al no aflojarse el freno, el personal lo atribuyó a un posible fallo neumático y anuló los frenos de servicio de la unidad remolcada, que se desplazó en deriva por la pendiente hacia Jardín Botánico y descarriló tras pasar los cambios de entrada de la estación. Los dos técnicos que iban a bordo sufrieron heridas leves y evacuaron el tren por sus propios medios.
El organismo clasifica el suceso como accidente grave, al estimar daños en el material rodante y la infraestructura superiores a los dos millones de euros. Para la investigación, se afirman que se han realizado entrevistas con personal de Renfe, Adif y Alstom, pruebas de tracción en rampa, mediciones topográficas y análisis de los registros de las unidades, con la metodología SAFRAN de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea.
Días después del accidente, el ministro de Transportes, Óscar Puente, había afirmado que un trabajador de Adif lo provocó para evitar riesgos a otros trenes, versión que también recogieron unos audios filtrados a la prensa.
La importancia de los informes
“La entrega a tiempo de los informes es importante”, afirman estos expertos. “Porque permiten analizar y verificar riesgos. En este caso, gracias al operador del centro de control se evitó que se produjera un accidente como el de Urda, pero se le cuestionó por provocar el descarrilamiento. En Toledo, nuevamente el foco se ha puesto en la gestión humana”.
Lo habitual es que las investigaciones tengan un año de plazo, pero la ley permite que se prorroguen cada seis meses. El 1 de agosto de 2024 se creó la AITAT, que sustituye a la CIAF, ya que esta comisión -que se encargó de la investigación del accidente de Angrois- depende del ministerio de Transportes, por lo que se modificó para que las investigaciones corrieran a cuenta de un órgano independiente.
La investigación abierta en Urda
Lo cierto es que la independencia de la AITAT aún genera algunas lagunas en el sector en cuanto a su independencia. La agencia, que investiga actualmente el último accidente ferroviario de Toledo, mantiene su sede, de forma transitoria, en el ministerio, a la espera de que comience el traslado a Córdoba. Otro de los problemas a lo que se enfrenta la investigación es que de las 15 plazas, hay siete vacantes.
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