“A la Unión Europea no se le engaña, se le aportan certificados de finalización de obra“. Con estas palabras, el ex ministro Óscar Puente, defendió, en su segunda comparecencia tras el accidente ferroviario de Urda (Toledo), el 30 de octubre, la documentación presentada ante Bruselas sobre la implantación del nuevo sistema de seguridad ERTMS en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. El ministro afirmó que la instalación física había concluido en junio de 2026 y que el Gobierno había aportado un certificado de recepción provisional.
Sin embargo, reconoció que el sistema todavía no estaba operativo y que su puesta en servicio se retrasaría hasta principios de 2027. Cabe recordar que este sistema sustituirá al actual LZB, que se cayó por un fallo informático, a partir de lo cual se produjo una concatenación de fallos en los sistemas de seguridad y control que desembocó en la colisión por alcance de un AVE de Renfe contra un Iryo parado a la entrada de la estación de Urda, que ha causado al menos 69 muertos.
Tal y como informó este medio, el Ejecutivo incluyó la implantación de los nuevos sistemas de señalización y control del tráfico (ERTMS), entre las actuaciones comprometidas con Bruselas en el marco de los fondos europeos Next Generation, cuya ejecución está vinculada al cumplimiento de los hitos y objetivos previstos para su desembolso. Así, el pasado mes de mayo, el Gobierno comunicó a Bruselas el cumplimiento de los contratos de modernización, entre los que figura la implantación del nuevo sistema de señalización, aunque esta última actuación acumula retrasos.
Modificaciones en los compromisos
Mientras la Fiscalía Europea acaba de abrir una segunda investigación de oficio sobre los fondos destinados a la modernización de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, el análisis de las modificaciones introducidas por el Gobierno en el Plan de Recuperación revela una rebaja de las exigencias para dar por completada su renovación. Así queda patente al comparar la adenda de 2023 con la revisada de 2026, documentos que muestran cómo el Ejecutivo modificó los criterios para acreditar ante la Comisión Europea la ejecución de las inversiones en los corredores ferroviarios.
El cambio más significativo afecta al compromiso número 87, vinculado a la inversión C6.I1 del Plan de Recuperación. En la versión de 2023 se exigía completar obras en al menos 1.400 kilómetros de los corredores de la red básica transeuropea de transporte. Sin embargo, la redacción de 2026 permite acreditar la ejecución de contratos u otros instrumentos jurídicos, incluidas expresamente partes de ellos, correspondientes a actuaciones que abarcan esos mismos 1.400 kilómetros.
El nuevo criterio admite acreditar la ejecución mediante actas de recepción, declaraciones de conformidad u otros documentos equivalentes, sin exigir expresamente en su formulación que todos los sistemas instalados hayan entrado en servicio.
De obras completadas a contratos ejecutados
No es el único cambio, pues también se revisó el compromiso número 85, relativo a la adjudicación de las inversiones. En 2023 se establecía un presupuesto asignado de al menos 1.400 millones de euros para actuaciones en determinados corredores ferroviarios. En la versión de 2026, esa exigencia económica fue sustituida por la adjudicación de 144 contratos u otros instrumentos jurídicos. De esta forma, el indicador de cumplimiento dejó de expresarse en millones de euros y pasó a medirse por el número de adjudicaciones. El plazo previsto para este compromiso se mantuvo en el cuarto trimestre de 2022.
Otro cambio relevante fue la desaparición del objetivo intermedio número 86, que exigía completar obras en 335 kilómetros antes de finalizar 2024. Su eliminación suprimió uno de los puntos de control previstos para verificar el avance de las actuaciones ferroviarias antes del segundo trimestre de 2026, fecha límite establecida para acreditar la ejecución de los 1.400 kilómetros contemplados en el compromiso 87.
Cambio en el ERTMS
Las modificaciones también alcanzaron al objetivo número 88, que incluía actuaciones ferroviarias y viarias, entre ellas las relacionadas con los sistemas de señalización y la tecnología satelital aplicada al ERTMS. En la adenda de 2023 se exigía adjudicar al menos 1.000 millones, dentro de un presupuesto total de 1.717 millones. Sin embargo, en la revisión de 2026, esta condición económica fue sustituida por la adjudicación de 188 contratos u otros instrumentos jurídicos. En paralelo, el compromiso número 92, correspondiente a la ejecución de actuaciones ferroviarias, mantuvo el objetivo de 900 kilómetros, pero incorporó también la posibilidad de acreditar la ejecución de contratos o partes de ellos.
De esta forma, entre 2023 y 2026, las modificaciones del Plan de Recuperación sustituyeron las referencias presupuestarias de los compromisos 85 y 88 por un número determinado de adjudicaciones. En los objetivos 87 y 92, la exigencia de obras completadas se reformuló como confirmación administrativa de ejecución de contratos, admitiendo expresamente partes de ellos.
Por su parte, Bruselas ya dio por cumplidos los compromisos 85 y 88, vinculados a la adjudicación de contratos, y España recibió en julio de 2024 cerca de 9.900 millones del cuarto desembolso del Plan de Recuperación. A su vez, los compromisos de ejecución, números 87 y 92, están incluidos en la séptima solicitud de fondos, presentada el pasado 30 de septiembre por 25.861 millones, entre transferencias y préstamos, y todavía pendiente de evaluación por la Comisión Europea.