La corrupción no debe entrar en la agenda de la campaña, en opinión del equipo de Pedro Sánchez. Gobierno y PSOE marcaron distancia este jueves y trataron de acotar la última operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en el marco de la investigación del caso ‘mascarillas’, que tiene a José Luis Ábalos y Koldo García como dos de sus protagonistas.
La intervención del Instituto Armado se ha saldado con registros en el domicilio del exministro en Valencia, o en la sede de ADIF. Y con la detención y posterior puesta en libertad de seis personas, entre ellas Cristian Corvillo. Se trata de un exdirigente socialista en Peñarroya-Pueblonuevo (Córdoba), identificado en los medios de comunicación como “chófer” de Sánchez en la época en la que optaba a revalidar el liderazgo del PSOE (2016-2017).
“Ninguna de esas personas tienen nada que ver conmigo”; “No es nada nuevo. Es un caso que lleva siendo investigado por parte de la Justicia unos cuantos años”, reaccionó Sánchez en rueda de prensa. “No conocemos a esta persona, no tenemos relación con ella”. “[Sánchez] No ha tenido a esta persona de chófer; ni como presidente, ni como secretario general, ni como candidato a primarias, lo dijimos hace muchos meses”, reafirmaron fuentes de La Moncloa.
En privado, en el Ejecutivo reconocen recelar de los motivos que sustentan esta intervención por mandato judicial. No quieren ir ser más explícitos, ni delante ni detrás de las cámaras, porque su diagnóstico ya está sobre la mesa. En una entrevista en La 1 (TVE), durante la mañana, el portavoz del partido en el Congreso, Patxi López, ironizó con la “casualidad” de este nuevo registro en casa de Ábalos, que llega “año y medio después” de la primera actuación de la UCO en este domicilio.

“Qué casualidad que siempre que el PSOE saca cabeza o hace un gesto como la dimisión de Óscar Puente, que tiene razonablemente una proyección, aparezca alguien que quiere hundir otra vez al PSOE”. “Yo no creo en las meigas, pero haberlas, haylas”, apostilló López. Por más que el portavoz parlamentario acotó esta reflexión a un comentario “personal”, en el Gobierno dejaron ver que comparten su lectura. “Para eso existen los distintos planos [comunicativos]”.
El Ejecutivo, como el PSOE, han medido con cuidado su respuesta a esta nueva operación policial, que ha vuelto a introducir la corrupción en los titulares y escaletas de radio y televisión. Procuran evitar que un error de cálculo sirva para amplificar estos hechos, y contaminar aún más una campaña que ya han tenido que paralizar y rediseñar por el gravísimo accidente ferroviario en Urda (Toledo).
Siempre en privado, algunos dirigentes intermedios también han confirmado que secundan la interpretación de López. “¿La UCO en campaña? ¿Una operación a 25 días de unas elecciones generales? Qué cosa más rara”. No irán más allá, al menos por este camino.

El PSOE amenaza con “acciones legales” al PP tras las acusaciones de Koldo
Por otra parte, fuentes del PSOE amenazan con pedir a la Justicia que investigue al PP después de que García les acusase de intentar influir en sus declaraciones judiciales. El exasesor de Ábalos en Transportes ya fue condenado a 19 años y 6 meses de cárcel por el primer juicio de la trama que lleva su nombre de pila.
Distintos medios han publicado este jueves que un abogado cercano a esta formación ofreció a García un millón de euros a cambio de influir en sus declaraciones para así derrocar al Gobierno.
El Partido Popular ha asegurado que estas acusaciones son falsas, pero en el PSOE reclaman explicaciones. “Uno establece su nivel de exigencia con sus propias acciones”. “El PP tiene que darlas porque hay una factura [de la defensa de Koldo, por 242.000 euros, abonada por la empresa editora del medio OK Diario]. Y porque abogados del PP no han negado estas reuniones”.
“Es una acusación muy grave. Estamos hablando de que, presuntamente, un partido político habría pagado para que una persona mienta en su declaración judicial sobre el presidente y su familia, con el único objetivo de derrocar al Gobierno. Y eso es delito”. “Es delito influir en el testimonio de alguien”, inciden. Estudiarán “acciones legales”, todavía sin concretar cómo o cuándo sopesan emprenderlas.

Sánchez vuelve a los mítines este viernes: “El último partido en volver a la campaña”
Tras el parón exigido por el siniestro ferroviario, el jefe del Ejecutivo y candidato socialista al 29-N volverá a participar este viernes en un mitin de precampaña. En el Gobierno destacan que el PSOE es “el último partido en retomar” esta actividad, porque el presidente “ha querido ser respetuoso” con los afectados por el accidente.
Supondrá su retorno a los escenarios tras 10 días de pausa. Y le servirá para testar su nueva estrategia de campaña. En la cúpula socialista anticipan “más sobriedad” en su discurso, pero también que usará la dimisión de Puente para contraponer su forma de actuar con la de diferentes dirigentes del PP.
En el Gobierno apuntan, incluso, a que esta comparación será extensible con la forma de actuar de figuras como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso: “Dio la orden por escrito de generar un protocolo de las residencias que decidía políticamente el no traslado de personas”. “Tomó una decisión y murieron personas”. “Hay una buena y una mala política”, acusan. Esta será una de las nuevas claves de la precampaña.

