El Gobierno da marcha atrás en su apuesta por Openchip tras anunciar una inversión de casi 116 millones

La inversión de 115,77 millones en Openchip queda bajo incertidumbre mientras ACS paraliza las negociaciones para entrar en su accionariado

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares.
Eduardo Parra - Europa Press

Lo que hace apenas unos meses se presentó como una de las grandes apuestas del Gobierno por la industria tecnológica española atraviesa un momento de incertidumbre. Openchip, la compañía catalana dedicada al diseño de semiconductores para inteligencia artificial y supercomputación, ve cuestionado el respaldo financiero de Moncloa después de que el Consejo de Ministros autorizara una inversión de casi 116 millones de euros para impulsar su crecimiento.

Según una información publicada este jueves 5 de noviembre por El Confidencial, el Ejecutivo ha dado marcha atrás en su apuesta por Openchip. La noticia llega apenas un día después de conocerse que ACS, el grupo empresarial presidido por Florentino Pérez, también ha paralizado las negociaciones para convertirse en uno de los principales accionistas de la tecnológica.

La coincidencia de ambos acontecimientos introduce nuevas incógnitas sobre la financiación de una empresa considerada estratégica para reducir la dependencia europea de los fabricantes extranjeros de microprocesadores. No obstante, todavía no se ha confirmado públicamente una cancelación formal de la inversión estatal, cuya autorización estaba condicionada al cumplimiento de determinados requisitos.

Una inversión de 115,77 millones anunciada en junio

El 29 de junio de 2026, el Consejo de Ministros autorizó una aportación de 115.768.421,05 euros a Openchip & Software Technologies a través de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

La operación estaba concebida como una participación en la ampliación de capital de la compañía. Los recursos procederían de la facilidad Next Tech, vinculada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, y debían contribuir a fortalecer la autonomía tecnológica europea.

En su comunicado oficial, el Gobierno destacó especialmente el potencial de Openchip para desarrollar procesadores de alto rendimiento y mayor eficiencia energética. También defendió la importancia de generar empleo altamente cualificado y consolidar una industria propia de semiconductores.

Sin embargo, la autorización no equivalía a un desembolso inmediato. El acuerdo recogía condiciones suspensivas que debían cumplirse antes de ejecutar la inversión. De hecho, el 28 de julio, el Consejo de Ministros aprobó una modificación de esas condiciones y amplió el plazo para acreditarlas.

La información conocida ahora cuestiona la continuidad de aquel compromiso, aunque sigue siendo necesario determinar si se trata de una retirada definitiva o de un bloqueo de la operación.

ACS también paraliza sus planes para entrar en Openchip

Las dificultades de Openchip coinciden con el enfriamiento del interés de ACS. Según publicó elEconomista el 4 de noviembre, el grupo presidido por Florentino Pérez ha decidido aparcar las negociaciones para adquirir una participación relevante en la tecnológica catalana.

La compañía había estudiado hacerse con entre el 40 % y el 51 % del capital. Sin embargo, fuentes próximas a ACS explicaron al citado periódico que existen cuestiones administrativas y permisos pendientes de resolver, circunstancias que han llevado al grupo a mantenerse al margen por el momento.

La decisión no implica necesariamente una ruptura definitiva. ACS mantiene abierta la posibilidad de retomar las conversaciones si desaparecen las incertidumbres que actualmente dificultan la operación.

El movimiento afecta a una ronda de financiación con la que Openchip aspira a captar aproximadamente 250 millones de euros. La participación de inversores privados resulta especialmente relevante para sostener sus planes de desarrollo tecnológico y comercial.

El respaldo de la Generalitat y el papel de la pareja de Albares

Salvador Illa y su relación con Openchip
El presidente de la Generalitat, Salvador Illa.
Efe

Openchip también cuenta con el apoyo de la Generalitat de Cataluña. El Ejecutivo autonómico, presidido por Salvador Illa, autorizó en junio la conversión en acciones de parte de los préstamos concedidos a la empresa, por un importe conjunto de 35 millones de euros. La operación le permitió alcanzar una participación del 5 %.

Además, la compañía había obtenido anteriormente una ayuda de 111 millones de euros vinculada al PERTE Chip, dentro de los proyectos europeos destinados a desarrollar tecnologías estratégicas. Esta subvención es distinta de la inversión de 115,77 millones anunciada posteriormente por Moncloa.

La empresa también ha estado bajo atención política por la presencia de Therese Jamaa, pareja del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en su equipo directivo. Jamaa ocupa el cargo de vicepresidenta de Alianzas Estratégicas, según la información corporativa de Openchip.

El Gobierno defendió anteriormente que no existía conflicto de intereses en la concesión de las ayudas públicas y que el Ministerio de Exteriores no había intervenido en ellas. No se ha acreditado que la relación personal de Jamaa con Albares explique el cambio de posición sobre la nueva inversión.

Una empresa estratégica para los chips europeos

Fundada en Barcelona en 2021 por el grupo de ingeniería GTD y el Barcelona Supercomputing Center, Openchip trabaja en el diseño de procesadores basados en la arquitectura abierta RISC-V.

Su modelo empresarial se concentra en el desarrollo de tecnología, mientras que la fabricación física de los microprocesadores queda en manos de compañías especializadas. En julio presentó BER10, un chip concebido para aplicaciones de computación avanzada.

La empresa, que cuenta con una plantilla de alrededor de 300 profesionales, busca competir en un mercado dominado por grandes fabricantes internacionales.

Ahora, la principal incógnita es cómo quedará configurada su financiación. La paralización de las conversaciones con ACS y las informaciones sobre el retroceso de Moncloa sitúan el futuro de la inversión pública en el centro de un proyecto relevante para las ambiciones tecnológicas españolas y europeas.

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