Óscar Puente volvió a señalar al controlador de Atocha en su comparecencia en el Congreso este martes en la que anunció su dimisión pasadas las 21.10 horas para sostener que sus condiciones de trabajo y su salario son mejores de lo que se ha dicho, cuando sindicatos, operarios e ingenieros vienen avisando de falta de personal. Altos funcionarios consultados por Artículo14 advierten de un régimen de privilegios para altos cargos y mandos de Adif, con salarios por encima de la media, dos meses de vacaciones, “una aplicación laxa de las incompatibilidades y las puertas giratorias, además de enchufes y presencia de asesores militantes del PSOE y de la subcontrata de proyectos a consultoras de expolíticos y exdiputados”.
Es un escenario parecido al de otras empresas públicas que dependen del Ministerio de Transportes, el caso de Ineco, y similar al de algunas empresas del Grupo SEPI y de la propia Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. De hecho, el propio Ministerio de Transportes subcontrata proyectos a Ineco y a otras empresas, en lo que puede suponer una cadena de subcontratas. Precisamente el contrato de Jésica Rodríguez, entonces pareja de José Luis Ábalos, en Ineco y en Tragsatec era para una subcontrata de Adif.
Con todo, Adif llama la atención por unas condiciones de trabajo que no admiten comparación con otras empresas estatales. “Un jolgorio”, resumen fuentes conocedoras, en un momento en el que la empresa pública está en el punto de mira tras los accidentes de Adamuz y Urda.
Adif ha perdido juicios en tribunales que han consolidado derechos como el de los dos meses de vacaciones, además de días de asuntos propios. “En Adif no es que cobren más que en lo privado, es que además tienen estas vacaciones insólitas”, trasladan funcionarios. El Tribunal Supremo obligó a Renfe a dar hasta 30 días de vacaciones extra a 875 directivos en una sentencia de marzo de 2019 que se extendió a Adif.
Muchos ingenieros trabajan fuera, sin que se controlen las incompatibilidades, y hay empleados que han entrado por enchufe que no aparecen por la casa. A pesar de que tienen varios ingenieros en plantilla, además de cuadros de mando, subcontratan numerosos proyectos. Este periódico ha preguntado a Adif por estas condiciones, pero no ha obtenido respuesta.
Subcontratas a asesores
A esto se añade que en Adif recalan cargos y excargos del PSOE o cargos de confianza de políticos socialistas, y que son habituales contratos con asesores parlamentarios que empiezan a ofrecer servicios de ingeniería. También hay empleados de Adif que salen de la empresa y acaban realizando proyectos para ésta, el caso de José María García Orois, ahora director de Desarrollo de Negocio de la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT), empresa pública española que gestiona la financiación y las inversiones en sectores estratégicos vinculados a la transformación digital.
García Orois ha sido asesor de Ministerios y Ayuntamientos y entre 2017 y 2021 fue Chief Operations Officer en Eupraxia IT Services. El BOE del 2 de octubre de 2019 recoge un contrato adjudicado a Eupraxia firmado por la entonces presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, ahora imputada.
En las elecciones municipales de mayo de 2023 fue como número 23 de la lista de Reyes Maroto al Ayuntamiento de Madrid. En aquel momento era “asesor independiente”, según su LinkedIn, en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, y un mes después de los comicios fue contratado por Adif.
Además de consultoras, también se subcontrata a empresas de infraestructuras de transportes terrestres para que desarrollen carreteras que no contrata directamente Transportes.
Los gastos de personal en Adif se han incrementado de 617,4 millones en 2021 a 787,1 millones en 2025, un 27,5% más. Puente gastó solo en 2024 más de un millón de euros en 14 asesores especiales elegidos a dedo, según se desprende del cuadro que desveló El Debate. El sueldo del presidente ronda los 200.000 euros con pluses.
El exdirectivo de Correos, apartado
Las puertas giratorias entre las empresas públicas ferroviarias tienen otras derivadas. Seis de los siete integrantes de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) eran ex altos cargos de Adif y Renfe, y todos ellos habían sido nombrados por el Ministerio de Transportes. Uno de ellos, Avelino Castro López, ex alto cargo de la empresa pública Correos y uno de los vocales de la CIAF, dejó de formar parte de la Comisión, según desveló Vozpópuli, lo que no se comunicó.
Con todo, el presidente, Ignacio Barrón, hizo declaraciones críticas con la gestión de Adif.
Sobre la CIAF, creada en 2007 en sustitución de la Dirección General de Ferrocarriles, que se encargaba de los accidentes ferroviarios, pesaban dos expedientes de la Comisión Europea dirigidos contra España por su falta de independencia. En 2024 el Gobierno acabó aprobando, a raíz de críticas de la Agencia Ferroviaria Europea y con el apoyo del Parlamento, una reforma legal que prevé precisamente la sustitución progresiva de la CIAF por una nueva Autoridad Administrativa Independiente de investigación técnica de accidentes e incidentes, de carácter multimodal y con mayores garantías formales de autonomía, lo que sólo ha culminado el pasado verano tras el accidente de Adamuz.
Contratos opacos en la sombra de la SEPI
Contratos opacos. Contratos de asistencia, como autónomos, que denominan “contratos por fuera” de Ferraz, empresas públicas o lobbies, es la manera de retribuir por los servicios prestados y “no dejar a nadie tirado” y a la vez poder asegurar que no hay relación laboral ni barrera legal. Es la fórmula que viene utilizando el PSOE para colocar en empresas públicas y en Ferraz a ex altos cargos socialistas salpicados por casos de corrupción, que permite sortear la incompatibilidad y ocultar la contratación de militantes quemados y controvertidos o con conflicto de interés.
Fue el caso de Leire Díez, ex alto cargo de Correos conocida ahora como la fontanera de Ferraz, dedicada como colaboradora del PSOE a la recopilación de información sensible de jueces y periodistas para contrarrestar el ‘caso Begoña Gómez’. Díez fue detenida el pasado 10 de diciembre junto a Vicente Fernández, ex presidente de la SEPI cesado tras su imputación en el caso Aznalcóllar en octubre de 2019 y que operaba en la sombra como comisionista de la empresa que depende de Hacienda, y Joseba Antxon Alonso Egurrola, socio de Santos Cerdán.
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