Las trabas administrativas y burocráticas son uno de los mayores lastres de todos a los que se enfrentan los empresarios a la hora de invertir y poner en marcha un negocio. Dentro de España hay enormes diferencias entre regiones: Madrid requiere una media de 22,6 días, en Navarra la espera asciende a 55,6 días, más de un mes adicional. Extremadura (27,7 días), Murcia (29) y la Comunidad Valenciana (29,3) completan el grupo de regiones más ágiles, mientras que Cantabria (50,4) y La Rioja (47,5) figuran entre las más burocráticas. La media nacional se sitúa en 36,1 días, según datos del Índice de Burocracia de las Comunidades Autónomas de España 2026, presentado este viernes en Madrid y en cuya presentación ha participado el director del Instituto Juan de Mariana (IJM), Manuel Llamas. En la elaboración del trabajo también han participado la Fundación Internacional para la Libertad (FIL) y el Adam Smith Center for Economic Freedom de la Florida International University (FIU).
La investigación forma parte de una iniciativa internacional destinada a medir los obstáculos burocráticos que dificultan la actividad empresarial, identificar las diferencias entre territorios y promover reformas que permitan reducir los costes administrativos que soportan empresas y emprendedores.
Para ello, el estudio analiza 2.359 trámites y etapas administrativas que corresponden a 153 procesos de apertura de nueve modelos empresariales en las 17 comunidades autónomas.
Ayuntamientos, principal cuello de botella
Los ayuntamientos suponen el principal cuello de botella, puesto que concentran el 66% de los trámites y tiempo necesarios para abrir una empresa, equivalente a 23,9 días de espera. Las diferencias son especialmente llamativas en determinadas actividades: abrir una fábrica de muebles requiere 24 días en Madrid frente a 102,7 en Navarra, mientras que poner en marcha una cafetería con terraza exige 37,9 días en Valencia y hasta 135 en Cantabria. Las licencias municipales, las autorizaciones ambientales y los permisos de terrazas figuran entre los procedimientos que más retrasan la actividad empresarial.
Elevado coste de oportunidad
El informe estima, además, que el coste de oportunidad asociado a las demoras burocráticas en la apertura de empresas oscila entre 1.200 y 5.700 millones de euros anuales, dependiendo del empleo considerado por sociedad. Si todas las comunidades autónomas alcanzasen los tiempos de apertura de Madrid, dicho coste podría reducirse entre 450 y 2.150 millones de euros al año. Las conclusiones apuntan a la necesidad de generalizar las declaraciones responsables, limitar las autorizaciones previas, establecer plazos administrativos efectivos y agilizar los suministros básicos. En definitiva, menos burocracia para facilitar la inversión, impulsar la creación de empresas y favorecer la prosperidad económica.