Cuentan que Francesc Ferrer i Guàrdia se negó a dar la espalda al pelotón de fusilamiento en el foso de Santa Amalia. Cuando el pedagogo iba a ser ejecutado en la prisión de Montjuic, dijo algo parecido a: “¡Muchachos, apuntad bien, y disparad sin miedo! ¡Soy inocente! ¡Viva la Escuela Moderna!”. Era el 13 de octubre de 1909, y el asesinato de Ferrer i Guàrdia fue el triste epílogo de la Semana Trágica. El gobierno de Antonio Maura había ordenado un reclutamiento para luchar en la Guerra de Melilla, y los obreros habían contestado con una huelga general. Sólo pasaron veinticinco años hasta que en España se vivió otra gran insurrección popular. Esta vez la protesta era contra la llegada de la CEDA —la Confederación Española de Derechas Autónomas de José María Gil Robles— al gobierno de la Segunda República. El seguimiento fue diferente en cada región: en Madrid, la falta de organización transformó la revuelta en unos tumultos aislados; en Andalucía y Extremadura, los jornaleros, que venían de otra gran algarada en julio, no se unieron a la convocatoria; en Cataluña, a Companys le dio la tramontana cuando salió al balcón de la Generalitat y decidió declarar la independencia como quien improvisa un mal chiste en un discurso; y en Asturias, la reivindicación se transformó en una revolución. De huelgas también sabía un rato Marcelino Camacho. Este sindicalista no se daba pisto; lo suyo fue la insurgencia, y no en una democracia, sino durante la dictadura de Franco. Luchar contra el poder le costó la cárcel; en 1973 toda la dirección de Comisiones Obreras acabó en el trullo por luchar para que los trabajadores españoles tuvieran derechos. Ahora las huelgas son otra cosa. Los sindicatos están en fuera de juego permanente desde que decidieron hacer oposición a unos gobiernos y ser aliados de otros, y, sin darse cuenta, su puesto lo ha ocupado un grupo heterogéneo de activistas. Los obreros ya no pilotan en los mítines, ahora lo hacen los progresistas; una involuntaria quinta columna de los poderes fácticos ha sustituido a los herederos de Camacho. Banqueros, políticos y grandes empresarios no pueden estar más contentos con el cambio.
Afirman que la primera huelga que hubo en España estuvo inspirada en el ludismo. El 2 de julio de 1855, los obreros textiles catalanes comenzaron su lucha —al igual que habían hecho sus compañeros ingleses unas décadas antes— contra las máquinas tundidoras, a las que veían como una amenaza al gremio de artesanos. Otro de los desencadenantes de esa primera revuelta fue la prohibición del derecho de asociación. Era un momento de cambio, Karl Marx y Friedrich Engels acababan de publicar su Manifiesto comunista, y el obrerismo comenzaba a fracturarse entre socialistas y anarquistas. Uno y otros comenzaban a hacerse fuertes en la región más industrializada del país, Cataluña. A principios del siglo XX, Alfonso XIII tuvo que hacer frente a la mencionada Semana Trágica de Barcelona y a una huelga general en 1917. La CNT y la UGT se unieron para declarar un paro indefinido. Después de una calma tensa, todo saltó por los aires durante el verano. Los militares reprimieron las concentraciones, pero el sistema de la Restauración tenía fecha de caducidad. A Franco también intentaron agitarle las calles con una “Huelga Nacional Pacífica” el 18 de junio de 1958, pero la convocatoria fue un fracaso. Durante la transición, el 12 de noviembre de 1976, Adolfo Suárez tuvo que lidiar con un paro general. La primera huelga de la democracia fue internacional; el 5 de abril de 1978 los sindicatos españoles secundaron la protesta de las organizaciones europeas para quejarse del desempleo. Al poco tiempo, CCOO se rebeló contra la reforma del sistema de pensiones que proponía Felipe González. Pero todavía iba a haber un desencuentro mayor entre el PSOE y los movimientos obreros: el 14 de diciembre de 1988 los sindicatos paralizaron España. En esta ocasión, la UGT de Nicolás Redondo sí que se sumó a las manifestaciones. En 1992 y 1994 volvió a tocarle a Felipe González; en 2002 fue el turno de José María Aznar. También Palestina y la Guerra del Golfo fueron causas de movilizaciones. José Luis Rodríguez Zapatero, fiel cumplidor de los mandatos de la troika europea, inició una reforma laboral que lo enfrentó a los sindicatos. A partir de 2010, las huelgas generales se sucedieron en cascada. La de la próxima semana es otra fiesta, diferente a todas las anteriores. La del 11-N es la huelga del Instagram, del selfie progresista y del reel activista. Una protesta en abstracto, por “la vivienda”, sin más explicaciones ni argumentos, como un mal guion de Hollywood al que se le ve el cartón a la legua. Da la impresión de que sólo se busca meter unos cuantos votos en los bolsillos del gobierno saliente. El movimiento proletario en España es mejor para los currantes cuando no busca cambiar el mundo. Las huelgas obreras son un éxito cuando tienen objetivos concretos: conseguir un 2% más en el convenio salarial de los trabajadores de la construcción de Bilbao, que vuelvan a readmitir a unos compañeros por un despido improcedente en Gijón o que no se cierre una fábrica en Ferrol. Ahí reside la fuerza del asociacionismo de los trabajadores.
Sostienen que Manuel Otero Roces murió en Oviedo, en marzo de 1937, cuando defendía la ciudad de las tropas nacionales, pero su muerte pudo haber tenido lugar tres años antes, durante la Revolución de 1934, cuando lo torturaron con saña porque había seguido hasta las últimas consecuencias las consignas del Frente Único de Sama: levantarse, luchar, sobrevivir. Su imagen, desnudo, con las manos y los pies atados, amordazado, pero con la cara alta, es la de la resistencia. También Francesc Ferrer i Guàrdia tuvo que combatir toda su vida; su proyecto educativo, la Escuela Moderna, fue atacado con dureza, pero él decidió aguantar hasta el final. Lo de la próxima semana es otra cosa. El 15-M fue un punto de no retorno para la lucha obrera: a partir de entonces, los activistas han reemplazado a los sindicatos mayoritarios. El fenómeno “Mari Carmen” ha terminado por acentuar esta tendencia. El Sindicato de Inquilinas les ha comido la tostada a los de UGT y Comisiones Obreras, unas organizaciones que han permanecido en hibernación; atemorizadas y cómodas bajo el ala de Pedro Sánchez. Esa conveniencia con el poder ha apuntalado la parodia del sindicalista aficionado a las mariscadas y adicto a las subvenciones. Han sido ellos los que le han dado la munición a la ultraderecha. Y ante este nuevo panorama, ¿qué opciones nos quedan a los obreros? ¿Debemos confiar en políticos cuyas parejas practican el desahucio en sus negocios inmobiliarios? La alternativa es complicada: los sindicatos han traicionado su esencia y olvidado su identidad; le van a montar una huelga general a la oposición, y van a dejar que se vaya de rositas un gobierno que no ha hecho nada por los desahuciados, ni por los propietarios desamparados ante la ocupación, ni por los jóvenes, y no tan jóvenes, que son incapaces de encontrar un alquiler a un precio justo. Un gobierno que sólo en el último minuto de la legislatura ha intentado tapar una brecha de dimensiones descomunales con un trozo de esparadrapo. Si Manuel Otero y Francesc Guardia levantaran la cabeza, se pegarían el tiro ellos mismos. Si lo hiciera Marcelino Camacho, pediría la baja en el sindicato.