La alta velocidad española volvió a quedar ayer en entredicho con la confirmación por parte de la Fiscalía Europea (EPPO) de una segunda investigación sobre un presunto fraude con fondos europeos destinados a la renovación de la que fuera la joya de la corona de la comunicación por ferrocarril, la línea Madrid-Sevilla, inaugurada en 1992 con motivo de la Exposición Universal. Los dos trágicos accidentes en Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) con apenas nueve meses de diferencia, en un trazado que se suponía renovado con cerca de 200 millones de euros de financiación europea, han llevado al organismo a rastrear el destino de estos fondos. Este importe supone casi el 25% de los 780 millones que el Gobierno ha invertido en el programa de renovación, estructurado en 89 contratos.
Las pesquisas se centran, por una parte, en determinar el destino de más de 110 millones procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para renovar la línea ferroviaria de alta velocidad Madrid-Sevilla, cuya financiación la Comisión Europea aprobó el 24 de junio de 2024. En concreto, España recibió una subvención de 111.646.340 euros para renovar la infraestructura. Entre las obras del proyecto se incluían la sustitución de raíles y traviesas, la mejora estructural de puentes y túneles, la estabilización de terraplenes y la adaptación del sistema de drenaje, así como la renovación de los edificios e instalaciones.
Posteriormente, se licitó la renovación del sistema de seguimiento y control para sustituir el LZB por el nuevo sistema interoperable (ERTMS), adjudicado por 77,54 millones. De hecho, el Gobierno incluyó a Thales España GRP -actual Hitachi Rail- entre los 50 mayores adjudicatarios de contratos financiados con estos fondos, precisamente por esta adjudicación. Esta actuación iba a financiarse inicialmente con los fondos FEDER pero se produjo una rectificación con fecha del 22 del noviembre de 2022 para corregir determinados detalles, entre otros, su financiación asociada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Investigación con la ayuda de la UCO
En el caso del accidente de Adamuz, ocurrido el pasado 18 de enero, que provocó la muerte de 46 personas, la principal hipótesis se centra en el mal estado de la vía, que habría provocado la rotura de una soldadura entre un carril nuevo de 2023, instalado con la renovación de los desvíos en la fase 2, y otro antiguo de 1989. Esta fractura habría provocado el descarrilamiento del tren Iryo contra el que chocó un AVE de Renfe en sentido contrario. En este caso, la investigación de la Fiscalía Europea, también abierta de oficio, alcanza a la financiación para la modernización de la infraestructura. Sin embargo, como reconoció posteriormente el exministro Óscar Puente, la “vía completamente renovada” no incluía la sustitución total de los carriles.
La catástrofe de Urda tuvo su origen en una caída del sistema LZB que afectó a un tramo de 63 kilómetros y llevó a la detención de seis trenes, dos de ellos en el mismo cantón. Esta caída se sitúa en el origen de la secuencia de acontecimientos que desembocó en el accidente, que ha provocado al menos 69 muertos, después de que, durante el proceso de reanudación de la circulación, se produjera una cadena de fallos en los sistemas de seguridad y control que ocasionó la colisión por alcance de un AVE de Renfe contra un tren Iryo.
Diligencias en Adif, la AESF y Tribunal de Cuentas
Tal y como avanzó este medio, fuentes jurídicas apuntaban a que la Fiscalía Europea podría ampliar sus pesquisas sobre el accidente de Córdoba al de Toledo, como finalmente ha ocurrido. En ambos casos, la investigación del organismo europeo se ha iniciado por iniciativa propia. Para poder realizar las indagaciones materiales, a través de su delegación en España, la EPPO (en sus siglas en inglés) está contando con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.
El 20 de marzo, la Fiscalía Europea confirmó la apertura de su primera investigación por el posible fraude con los fondos destinados al mantenimiento del tramo de vía férrea cercano al kilómetro 318,7 y a la localidad de Adamuz (Córdoba, España).
The EPPO in Madrid 🇪🇸 confirms it has opened an investigation into possible fraud affecting EU funds earmarked for the maintenance of the section of the railway track near the town of Adamuz (Cordoba, Spain) connecting Madrid and Seville. More: https://t.co/lGSkFWUbvs https://t.co/5ePVffMZ0g
— European Public Prosecutor’s Office (EPPO) (@EUProsecutor) March 20, 2026
Ayer, fue más explícita y, en su confirmación en una comunicación “excepcional”, dado el gran interés público, informó de que está llevando a cabo medidas de investigación en la sede del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) y en el Tribunal de Cuentas en España. La UCO fue la encargada de acudir a las sedes de estos organismos para recoger toda la documentación, según informó Europa Press.
En esta segunda comunicación es llamativo el grado de detalle de la Fiscalía, que ha desvelado que está actuando sobre dos organismos de control: el Tribunal de Cuentas, encargado de fiscalizar las cuentas públicas, y la AESF, dependiente del Ministerio de Transportes.
Tribunal de Cuentas
Uno de los problemas del Tribunal de Cuentas, que preside Enriqueta Chicano, nombrada en noviembre de 2021 y que fue reelegida para el cargo en noviembre de 2024, es el retraso temporal de sus informes y la complejidad de verificar la ejecución real de las adjudicaciones financiadas con los fondos europeos. En este contexto, dos días después, tal y como informó este medio, este organismo advirtió de la falta de información que existe sobre la ejecución real de los fondos europeos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), al tiempo que ha señalado que ningún órgano de gobernanza de dicho plan está realizando actuaciones de seguimiento de los fondos.
“El PRTR es un programa en el que la obtención de fondos está ligada a la consecución de hitos y objetivos y no a la realización de gastos. Aun así, se estableció la necesidad de un seguimiento presupuestario que en la actualidad no efectúa ninguno de los órganos de gobernanza analizados. La presupuestación del Plan (entre un 4 y un 5 % de los gastos totales del Estado), se ha realizado a través de un Servicio específico, aunque su seguimiento no permite deducir la cuantía destinada a cada medida, ya que se contabilizan como gastos todas las entregas de fondos a otras administraciones territoriales e institucionales, independientemente de que estas hayan aplicado o no los fondos”. Esta es una de las principales conclusiones del organismo en su informe de fiscalización sobre los órganos de gobernanza del Plan de Recuperación desde su creación hasta el 31 de diciembre de 2024.
Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria
A su vez, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) es el organismo público encargado de ordenar, inspeccionar y supervisar la seguridad de todo el sistema ferroviario nacional. Su misión principal es velar por que la infraestructura ferroviaria (gestionada por Adif) y los operadores (como Renfe, Ouigo o Iryo) cumplan estrictamente con las normativas de seguridad operativa. Tras el primer accidente en Adamuz, la AESF realizó un análisis de la red ferroviaria y emitió un informe técnico muy restrictivo en abril de 2026. En este documento, denunciaba abiertamente “prácticas inadecuadas” en las comunicaciones y en la cadena de mando entre el puesto de control de Adif y los maquinistas.
Según la versión que ha dado el Gobierno sobre el último accidente, entre los fallos del sistema detectados está una comunicación errónea desde el centro de control de Atocha al maquinista del AVE, al que se le indicó “marcha normal”, es decir, a una velocidad de hasta 200 kilómetros por hora, a pesar de que había un tren detenido en el mismo cantón más adelante y así figuraba en las pantallas.
Sobrevuela la duda sobre la ejecución de Adif
Entretanto, y hasta contar con el resultado de la investigación, esta nueva actuación de la Fiscalía Europea plantea interrogantes sobre el grado de ejecución de los contratos de Adif, cuando, además, el gestor de la infraestructura ha dejado de actualizar este tipo de información en su página web. Según el Observatorio PRTR de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), Adif figura como el primer organismo convocante de contratos, con un importe total de más de 7.201 millones de euros.
A su vez, la propia utilización de los fondos del Plan de Recuperación para gastos corrientes, como la nómina de las pensiones, tal y como avisó el Tribunal de Cuentas y, posteriormente, la Comisión Europea validó como una excepcionalidad temporal, es un precedente que, en su caso, podría tener en cuenta la Fiscalía Europea. Tras la dimisión de Luis Pedro Marco de la Peña como presidente de Adif, el Gobierno aún no ha oficializado el nombre de ningún sustituto. Carlos Cuerpo es quien ahora asume la gestión de la crisis ferroviaria.