La tragedia ferroviaria de Urda (Toledo) cuya causa primera parte de una caída del sistema de seguridad y control LZB puede complicar la validación del último desembolso de fondos europeos a España, cuando Artículo14 ha desvelado que el Gobierno comunicó en mayo a Bruselas que había sustituido el sistema LZB que falló en el accidente. El Ejecutivo remitió el pasado 8 de julio la adenda para justificar el pago pendiente de 25.861 millones de euros entre transferencias no reembolsables y préstamos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Seis días antes la Comisión Europea aprobó la evolución preliminar del sexto desembolso por 7.021 millones, cuya justificación remitió el Ejecutivo en mayo de 2026.
Las negociaciones sobre el cumplimiento de los hitos para el pago de los fondos UE entre el Gobierno español y la Comisión están “llenas de subterfugios y maniobras para enmascarar carencias e incumplimientos que los conocedores de los entresijos atribuyen a que Bruselas busca en primer lugar que el Plan de Recuperación funcione en lo posible”, según advierten a Artículo14 fuentes conocedoras. Esta condescendencia se ve confrontada ahora con uno de los accidentes de tren más graves de la historia, que además se ha producido en la misma línea que el de Adamuz, sólo ocho meses más tarde, e implicando ambos siniestros el fallo de partidas sufragadas con fondos europeos.
Investigación europea
Es la afectación de estos fondos de la UE la que ha llevado a la Fiscalía Europea a iniciar una investigación de oficio por el accidente de Adamuz por el posible fraude en mantenimiento de vías del corredor Madrid-Sevilla en una causa a la que se han asignados los fiscales Luis Miguel Jiménez Crespo y Juan José Navas y en la que José Luis Calama es juez de garantías.
Fuentes jurídicas apuntan que está investigación se ampliará al accidente de Urda motu proprio o a instancias de una denuncia. De momento, Vox ya ha pedido una auditoría de los fondos europeos a la Comisión y solicitará un debate urgente en el Parlamento Europeo. Los problemas de ejecución de los fondos europeos también están siendo analizados por el Tribunal de Cuentas.
Un cambio que todavía no se producido
Coincidiendo con la liberalización del transporte ferroviario, Adif arrancó en febrero de 2020 el procedimiento para renovar los sistemas de señalización y control del tráfico de la línea Madrid-Sevilla, con el objetivo de implantar el sistema europeo ERTMS y garantizar su convivencia con el LZB durante el proceso. El contrato salió a licitación con un presupuesto máximo de 131,14 millones de euros, IVA incluido, y un plazo de ejecución de 52 meses. Sin embargo, el procedimiento acumuló contratiempos desde el principio.
El pasado mes de mayo, el Gobierno comunicó a Bruselas la ejecución de los contratos de modernización, entre los que figura la implantación del nuevo sistema de señalización, pero la realidad es que su funcionamiento en la línea Madrid–Sevilla, donde sustituirá al LZB, acumula retrasos. En este sentido, el ERTMS está aún en fase de pruebas y su plena operatividad se producirá durante el primer trimestre de 2027. Es un retraso de prácticamente doce meses sobre lo estipulado por Adif, en una modernización que acumula demoras.
Los hitos, en detalle
En el anexo remitido en mayo para el sexto desembolso del 2 de julio se señala, entre otras actuaciones del corredor Madrid-Sevilla, el hito 87, previsto para el segundo trimestre de 2026, que indica textualmente: “Confirmación por parte de la Administración de que se han ejecutado contratos u otros instrumentos jurídicos, o las partes correspondientes de estos, relativos a una o varias de las actuaciones y corredores definidos en el objetivo 85, que abarcan 1.400 kilómetros en los corredores de la red básica de la RTE-T“.
Cabe recordar que la fase anterior, correspondiente al objetivo 85, quedaba limitada a la adjudicación de al menos 144 contratos para el cuarto trimestre de 2022. En este ámbito se incluyen, entre otras actuaciones del corredor Madrid-Sevilla, la señalización y el control del tráfico, que “incluye proyectos destinados a la implantación de nuevos sistemas de señalización y control del tráfico (ERTMS, etc.)”, además de otras actuaciones referidas a proyectos relacionados con las telecomunicaciones fijas y móviles en las líneas ferroviarias (como fibra óptica, GSM-R).
El cumplimiento posterior de este hito, recogido en el 87, exige acreditar la ejecución de contratos o de sus partes correspondientes, mediante certificados de recepción, declaraciones de conformidad o documentos equivalentes.
A ciegas con la ejecución de los fondos
La Fiscalía Europea ha practicado diligencias y espera obtener pronto “avances importantes” en la investigación del posible fraude en mantenimiento del corredor Madrid-Sevilla , según ha desvelado El Periódico. Este organismo tiene como objetivo investigar, enjuiciar y juzgar los delitos contra los intereses financieros de la UE, una labor en cuyo primer punto coincide con el Tribunal de Cuentas de la UE, que también podría pronunciarse.
En lo que respecta al Tribunal de Cuentas español, ha advertido de la falta de información que existe sobre la ejecución real de los fondos europeos asociados al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, al tiempo que ha señalado que ningún órgano de gobernanza de dicho plan está realizando actuaciones de seguimiento de los fondos.
Es una de las principales conclusiones que el organismo presidido por Enriqueta Chicano deja en su informe de fiscalización sobre los órganos de gobernanza del Plan de Recuperación desde su creación hasta el 31 de diciembre de 2024.
El informe alerta de que ningún órgano de gobernanza del Plan de Recuperación está realizando un seguimiento del gasto ejecutado de los fondos europeos, al tiempo que señala la falta de precisión de los órganos de dirección y las deficiencias en la transparencia de la información que se ofrece al público.
El Plan tenía previsto una contribución máxima de 102.560 millones de euros, de los cuales 79.854 millones se englobaban en transferencias y 22.706 millones en forma de préstamos. El informe apunta que no es posible conocer la liquidación de las partidas presupuestarias asociadas al Plan porque muchos recursos que figuran como ejecutados en realidad son transferencias a comunidades autónomas, entidades locales y organismos institucionales que pueden haberse gastado o no.
Sin Presupuestos
El órgano fiscalizador indica además que España decidió crear un servicio en el presupuesto en el que se incluyeron los gastos del Plan que han supuesto entre un 4% y un 5% de los créditos definitivos del Estado y han sido objeto de múltiples modificaciones como consecuencia de la prórroga presupuestaria que se lleva aplicando desde hace tres años.
“El seguimiento de este servicio no permite conocer el importe de los fondos gastados del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y ninguna autoridad realiza su seguimiento”, apostilla.
El Senado
También aconseja a la autoridad responsable el desarrollo de las actuaciones necesarias para realizar un seguimiento eficaz de la ejecución presupuestaria del Plan, reforzando la disponibilidad de información económica y de costes del mismo.
El Senado, por su parte, mantiene abierta una comisión de investigación sobre el estado de la red ferroviaria española. El pasado 5 de octubre compareció el consejero delegado de Iryo, Fabrizio Favara, alertó de que el sistema LZB fallaba y dejaba sus trenes “parados” y necesitaban “bastante tiempo” para reconectarse.