Si salimos a la calle y preguntamos qué es democracia, la respuesta más generalizada una democracia con el voto. Pero, la democracia, ¿sólo es votar? En estos días, cuando está próxima una consulta electoral, cabe realizar una serie de reflexiones.
Con grandes dificultades se estableció progresivamente el sufragio universal, para hombres y mujeres, pero no se consolidó hasta después de la Segunda Guerra Mundial, y no rige en todos los países del mundo. Todos no son democráticos. No en todas partes puede darse aquello que dicen que Churchill afirmaba: Que democracia era que, si de madrugada sonaba el timbre de nuestra casa, se trataba del lechero.
El voto sirve para la elección de los gobernantes, o de las cámaras legislativas. Ese es el voto electoral. Pero el voto también sirve como instrumento para conocer la opinión de la población en asuntos de interés general. Este se denomina voto en referéndum. Cuando el voto sirve para elegir representantes, a ello se le denomina democracia representativa. Cuando es expresión directa de la voluntad popular en un asunto concreto, a ello se le denomina democracia directa. Nuestra Constitución, como la de la mayor parte de democracias y la propia Unión Europea, reconoce los dos tipos.
Y aquí surge la principal pregunta: ¿Democracia es únicamente votar? Según los denominados Índices de democracia, que miden la calidad democrática de los países, el voto es un indicador de democracia, pero no el único. Si no hay voto, no hay democracia, pero también puede haber dictadura con voto: Hitler realizaba referéndums. Franco realizaba referéndums. También la Rusia de Putin elige un pseudo-parlamento. O la teocracia iraní, y las satrapías que se expanden por el mundo. Pero son votos emitidos sin garantías, en contextos antidemocráticos.
Para que exista democracia, además de poder votar, tienen que respetarse el Estado de Derecho y los derechos humanos, tal como nos indican desde el Consejo de Europa, la Comisión de Venecia y la Unión Europea. Sin ello los sistemas pierden su legitimidad. Y para que el voto represente todo lo que tiene que representar tiene que ejercerse con el substrato de un censo limpio y seguro, donde sólo puedan votar los que tienen derecho al voto y donde no se excluya del mismo a nadie que lo tenga. El Informe de la Comisión de Venecia denominado “Código de buenas prácticas electorales” describe minuciosamente la importancia del censo electoral y cuándo está debidamente conformado. Sería bueno que los responsables de su corrección se lo leyeran atentamente y actuaran en consecuencia, sin alterarlo mediante “Instrucciones” contra legem.
Pero, ¿todo puede ser votado? ¿Tenemos que estar siempre votando? Todos los países tienen una regulación sobre el voto, ya sea el voto electoral o el voto en referéndum. Las Constituciones y las leyes lo regulan. Y en muchos de ellos hay materias que no se pueden votar, porque se considera que representan los pilares básicos de la sociedad como, por ejemplo, en la Unión Europea no se puede votar introducir la pena de muerte, o para privar de derechos a minorías étnicas, para impedir el voto femenino o para que los menores de edad pierdan determinados derechos.
Tampoco se pueden votar sin más las cuentas públicas, como algunos pretenden, porque su complejidad técnica hace que sea necesario que sean preparados por expertos y votados por los representantes. En las democracias, los presupuestos no son aprobados por referéndum, sino que los preparan los gobiernos y los aprueban los parlamentos. Y en muchos países, quien no consigue aprobar los presupuestos tiene que dimitir y/o convocar al cuerpo electoral. Porque otro indicador de democracia es el control sobre las cuentas públicas, saber cómo los poderes públicos gastan lo que han recaudado con nuestros impuestos. Es inaudito estar, como estamos, en una legislatura a lo largo de la que el Gobierno ni tan siquiera ha presentado el proyecto de presupuesto al Parlamento durante sus casi cuatro años de duración, ninguneando la obligación constitucional que tiene al respecto.
El Estado de Derecho reconocido en nuestra Constitución y en los Tratados de la Unión Europea implica, además, que exista seguridad jurídica, exigencia transversal de la UE a todos los Estados miembros. Por eso la democracia no puede quedar reducida a ir votando de cualquier manera o en cualquier momento las “ventoleras” que vayan apareciendo, por voluntad política de quien sea. Y si analizamos los estándares europeos a los que estamos vinculados, apreciamos que, en todos los sistemas democráticos, es indispensable la existencia de un control judicial sobre cómo se vota, además de los controles políticos mediante las mesas electorales, los interventores y los apoderados, porque hay que garantizar la limpieza de los resultados. Sin ello, no hay seguridad jurídica y sin seguridad jurídica entraríamos en una quiebra sistémica del conjunto de la organización jurídico-política derivada del derecho al voto. A través de los votos se construyen las instituciones.
Por ello, los controles sobre el voto deben ser tanto preventivos como reparadores. Preventivos, para dificultar que se pueda cuestionar la forma de ejercer el derecho a votar. Reparadores, para detectar los posibles errores y reparar los efectos indeseados. De ahí que exista el principio general de preservación de los resultados, y que este principio pueda tener las excepciones legalmente establecidas para que, conforme a Derecho, puedan subsanarse lagunas, mala praxis o errores, en los casos concretos en los que puedan producirse. La Administración electoral, con las Juntas electorales a la cabeza, fueron creadas con tal finalidad. Y el control final por parte del Poder Judicial, como cierre lógico del sistema en un Estado de Derecho, aparece como indispensable para salvaguardar la democracia.
Se vota en elecciones. Se vota en referéndums. Pero siempre sobre la base de lo que está regulado en la Constitución y las leyes. Y con los debidos controles, preventivos y/o reparadores, que garanticen la limpieza de los resultados. Sin la confianza de que estas exigencias se cumplan, la democracia queda desvirtuada. Como lo está quedando cuando los responsables de la mala gestión, del voto y de otras atribuciones, orillan sus responsabilidades frente a la ciudadanía que los ha elegido, directa o indirectamente. Las crisis se generan y se expanden exponencialmente con el aumento de la falta de confianza entre representantes y representados.
El voto, que es imprescindible para la formación de las instituciones y por ello tiene que gozar de la necesaria protección, no es lo único que legitima al sistema. Como siempre venimos afirmando, la legitimidad de origen, entroncada con el ejercicio del derecho al voto, tiene que venir acompañada de la legitimidad de ejercicio, es decir, de cómo se ejerce ese poder que la voluntad popular ha generado. Y esto último no depende del elector, sino del elegido.