El miércoles, durante 22 minutos, algunos ciudadanos se quedaron sin luz en La Palma. El lunes, 48 horas antes, fueron todos. Más de 50.500 clientes, según Endesa.
La semana arrancó con lluvias y una fuerte tormenta eléctrica que provocó una avería en la central de Los Guinchos. Durante casi cuatro horas, la isla se quedó sin luz. Dos días después, la desconexión de varios grupos de generación en la misma instalación por causas desconocidas afectó a 13.740 suministros.
Para La Palma, el del lunes es el segundo cero eléctrico total en menos de año y medio.
En España, es el cuarto en dos años.
Y, en el caso de Beatriz Corredor, presidenta de Redeia —matriz de Red Eléctrica, el operador de la red—, es el sexto en su mandato.
Supera a sus antecesores. Todos ellos, con la excepción de José Folgado (2012-2018) afrontaron ceros eléctricos totales. En la mayoría de casos, en las islas, que son vulnerables, especialmente Canarias. Su sistema eléctrico, de tamaño reducido, opera de forma aislada. Ante una avería, no hay una red que sostenga el sistema. Además, sus centrales térmicas son antiguas.
Luis Atienza, por su parte, afrontó tres apagones totales en Canarias y Baleares durante su etapa (2004-2012), pero también uno parcial en Barcelona. En 2003, una avería en la estación de Maragall dejó a 323.000 hogares sin luz. Por este incidente, REE fue multada con 10 millones de euros.
Ninguno supera a Corredor, en cuya etapa se han producido además dos apagones parciales, ni por volumen ni, tras el apagón masivo del 28 de abril de 2025 en toda la Península, en gravedad.
Operación reforzada ‘sine die’

Pese a las razones del cero eléctrico son de “origen multifactorial”, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga a REE por presuntas “infracciones muy graves” relacionadas con la programación del mix energético y con la obligación de impartir las instrucciones necesarias para la correcta operación del sistema eléctrico.
No es la única bajo escrutinio. La CNMC también ha incoado expedientes sancionadores a Endesa, Naturgy, Iberdrola y Repsol. En el caso de Redeia, que se enfrenta a una multa de hasta 60 millones de euros, el supervisor tiene 18 meses de plazo para resolver. La empresa ha acusado a la CNMC de conflicto de interés y ha solicitado que el expediente se archive.
Las críticas desde Redeia se extienden a las eléctricas y tienen su epicentro en el modo reforzado con el que opera el sistema desde mayo de 2025. Esta medida excepcional contempla una mayor presencia de ciclos combinados para aportar estabilidad al sistema. Desde que se puso en marcha hasta septiembre, había supuesto un coste de 783 millones de euros.
Esta semana, Redeia actualizó el cálculo. En los 10 primeros meses de 2026, el coste es inferior a 275 millones. Esto supone dos céntimos al día para un usuario sujeto a la tarifa regulada (PVPC) con un consumo medio mensual de 300 kilovatios hora (kWh). No obstante, un estudio de la consultora Nera de febrero elevaba la cifra hasta 1.100 millones. PwC cifraba en 36 euros más al año el impacto en la factura de la luz.
Corredor sostiene que este dinero “se lo embolsan las generadoras que incumplieron su obligación de control de tensión el día del apagón”. Mientras, las eléctricas señalan el cambio a este sistema como prueba de la responsabilidad de REE.
Preocupación por la deuda
Con un escudo frente a apagones desde hace 18 meses y sin fecha de retorno a la normalidad, Redeia tampoco ha recuperado los niveles previos a la pandemia en Bolsa. En la actualidad, cotiza a unos 15,5 euros por título, lejos de los más de 19 euros que marcaba en abril de 2025. Acumula una revalorización bursátil del 7,86% en el 2026, que responde en buena parte a la evolución del último mes.
Según la información remitida al mercado, Redeia ganó 410 millones en los nueve primeros meses del año, un 5,1% por encima del mismo periodo de 2025. Los ingresos crecieron un 7,8%, hasta 1.313 millones. Por su parte, el resultado bruto de explotación (ebitda) rebasó los 1.000 millones (+5,3%), con una mejora del margen ebitda de 7,2 puntos porcentuales (76,3%).
La compañía superó las previsiones de los analistas en un contexto de crecimiento de la inversión. Hasta septiembre, destinó 1.140 millones a esta partida. Casi en su totalidad persiguen el desarrollo de la red de transporte de electricidad en España. Este negocio regulado aporta el 80% del ebitda.
“El flujo de caja operativo evoluciona favorablemente y permite compensar parcialmente las mayores inversiones y contener la deuda neta en niveles de 4,3 veces ebitda”, destacan en Renta 4. A cierre de septiembre, la deuda financiera neta era de 5.601 millones, un 2,3% por encima del año anterior.
No obstante, el apalancamiento esta en el foco de los inversores. Hace dos semanas, Morgan Stanley rebajó su recomendación y ajustó un 12% su precio objetivo, prácticamente al nivel de su cotización actual. Para el banco de inversión, el incremento en los costes de financiación eleva la incertidumbre sobre las perspectivas de creación de valor de la empresa.
Planificación eléctrica, a la espera

Aunque la mayoría de analistas aconsejan comprar o mantener posiciones, hay cuatro que recomiendan deshacer posiciones en Redeia. Son Bank of America, Deutsche Bank, Mediobanca y Morgan Stanley. Le otorgan un precio objetivo de entre 13,7 y 15 euros, por debajo de la cotización actual. Del otro lado de la balanza, Oddo y Santander le atribuyen un precio de 19 y 19,4 euros, respectivamente.
Asimismo, otra fuente de preocupación es el retraso en la aprobación del plan nacional de transporte de energía eléctrica, que el mercado consideraba un catalizador de valor clave.
En septiembre, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, anunció una inversión superior a los 17.000 millones de euros en la planificación energética hasta 2030. Sin embargo, la convocatoria de elecciones anticipadas ha comprometido el plan, que podría intentar llevarse al Consejo de Ministros para su aprobación en las próximas semanas.
La planificación energética 2025-2030, que nace dos años de retraso, es un elemento esencial para dar respuesta a la demanda de de proyectos de viviendas, centros de datos, hospitales o fábricas de baterías. Y para el plan estratégico 2026-2029 de Redeia, que contempla 6.500 millones en inversiones.
Además, la próxima cita con las urnas es relevante ya que coloca en el centro de todas las miradas a las empresas participadas por el Estado, como Indra, Telefónica o la propia Redeia. El Estado es el primer accionista individual: controla el 20% a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi). En función del resultado electoral, el Gobierno podría estudiar la venta de participaciones o promover un cambio en la gestión de sus participadas.
Beatriz Corredor, ex ministra de Vivienda, preside Redeia desde febrero de 2020.
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