El lunes, 28 de abril de 2025, a las 12.32 horas, España se quedó a oscuras. Tras 15 horas y media de trabajos para restaurar el suministro, en la madrugada del 29 de abril, el país recuperó la luz.
Han pasado casi 11 meses de aquel incidente histórico y siguen sin esclarecerse las causas de un colapso que ha desatado un enfrentamiento frontal entre Red Eléctrica (REE), el gestor de las líneas de alta tensión en España, y las grandes eléctricas del país. Las indemnizaciones y las reclamaciones son millonarias; de ahí la importancia de determinar quién debe compensar a quién.
Esta semana, el proceso para dirimir responsabilidades sumará un nuevo capítulo. El panel de expertos de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-e) publicará este viernes el informe final sobre el apagón que dejó sin luz a la Península Ibérica y a una zona del sur de Francia en un incidente inédito en Europa.
Entso-e ya compartió el pasado octubre un informe preliminar en el que reconstruía lo que pasó. Calificaba lo sucedido como el episodio “más grave” del continente y aludía a un fenómeno de “sobretensiones en cascada nunca antes visto”.
Ahora, el panel de expertos de Entso-e, entre los que figuran representantes de Red Eléctrica de España (REE), compartirán las conclusiones definitivas de las investigación, incluidas las causas, así como una serie de recomendaciones para evitar que vuelva a producirse un incidente similar.
Y, aunque según el presidente del comité de Entso-e, Damian Cortinas, “nuestro mandato no es atribuir responsabilidad a ninguna de las partes y serán las autoridades españolas quienes asignen la responsabilidad cuando llegue el momento”, la investigación europea reabre la caja de los truenos sobre quién debe compensar a los damnificados.
En juego, entre 2.000 y 4.000 millones de euros en indemnizaciones a eléctricas, distribuidoras de luz, comercializadoras y aseguradoras. Una pugna que se resolverá en los juzgados.
Las causas del colapso
¿Qué sucedió el 28 de abril de 2025? Durante estos meses, la investigación europea ha apuntado a que el incidente fue “un apagón por alta tensión”. La hipótesis preliminar apunta a tres factores desencadenantes: una subida de voltaje en cadena, provocada por la desconexión casi simultánea de pequeñas plantas de generación distribuida; un escenario de oscilaciones previas en la red; y un elevado nivel de exportación eléctrica desde España justo antes del colapso.
Si se confirma esta hipótesis, se podrían adoptar medidas para reforzar los procedimientos de control de tensión ante escenarios de alta penetración renovable y estrechar la coordinación europea considerando el incremento de intercambios transfronterizos.
Massimo Maoret, profesor de Dirección Estratégica de IESE Business School, insta a distinguir entre la generación y el transporte y la distribución: “Con independencia de las causas, todas las hipótesis apuntan al modelo de gestión de la red. Se habla mucho de generación cuando debería hablarse más del sistema de gestión”. Y explica por qué: “En la transición energética, debe cambiar la generación, pero también debe actualizarse el sistema de gestión de red para que el gestor tenga más control y haya más estabilidad”.
Utilizando una metáfora, “es como pasar de una autopista con pocos vehículos muy grandes a otra con muchos vehículos de distintos tamaños que entran y salen constantemente; hacen falta instrumentos de gestión más avanzados”.
De quién es la responsabilidad
Por el momento, nadie asume la responsabilidad del apagón en España. A falta de respuestas, lo que hay es un cruce de acusaciones a uno y otro lado.
Hace unos días, con motivo de la presentación de resultados de 2025 de Redeia, su matriz, REE volvió a defenderse: ni tiene motivos para avergonzarse ni para cuestionar su operativa. Beatriz Corredor, presidenta de Redeia, aseguró que el operador del sistema cumplió estrictamente la normativa vigente antes, durante y después del incidente. Pero otros agentes del sector sí incumplieron sus obligaciones técnicas, aludió.
Tal es la confianza en que Red Eléctrica no tiene responsabilidad en el origen del fallo del 28 de abril de 2025 que Redeia no ha dotado provisión alguna para afrontar potenciales multas o indemnizaciones.
Mientras, Iberdrola, Endesa, Naturgy y Repsol atribuyen el cero eléctrico a un error de planificación del operador, que asegura, a su vez, que el colapso se habría evitado si las centrales obligadas a aportar capacidad de control de tensión no se hubieran desconectado indebidamente cuando los parámetros de la red aún estaban dentro de los límites legales.
Más allá de las palabras, las discrepancias han llegado a los tribunales. El pasado verano, Iberdrola y Endesa presentaron varias demandas ante el Tribunal Supremo, a las que posteriormente se sumaron otras compañías.
El objetivo es cuestionar la validez jurídica del informe elaborado por el comité que el Gobierno creó para esclarecer las causas del apagón. Según las empresas, era un comité creado e integrado por varios ministerios que concluyó que las causas del apagón “tenían un origen multifactorial”.
Por su parte, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha renunciado a elaborar el informe que prometió sobre el apagón eléctrico. El supervisor se limitará a incoar, en su caso, expedientes sancionadores, y hará en el futuro un dictamen de recomendaciones, pero no sobre responsabilidades.
Maoret pone el foco en el supervisor y advierte de la complejidad de la investigación: “Hablamos de un fallo en términos de milisegundos y probablemente en varios puntos localizados; examinarlo requiere analizar un volumen de datos enorme, es muy complejo”.
Anticipa que, desde el punto de vista legal, es un pleito que “puede tardar entre cinco y diez años en resolverse” y apuesta por la óptica del aprendizaje. “Fue un evento específico que nos permite mejorar y avanzar hacia un sistema más eficiente y más barato que, a largo plazo, nos ahorrará centenares de millones de euros”, señala.