La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha respondido públicamente a la carta publicada por Artículo14, durante un acto institucional con motivo de la apertura de un nuevo tramo de la carretera M-607.
Ayuso puso el foco en lo que considera una aceleración injusta por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez en materia migratoria. A su juicio, estas “prisas”, podrías tener consecuencias en el ámbito electoral, “esto significa engrosar los censos electorales para el año que viene”. “¿Cómo no va a sospechar uno?”, planteó.
La presidenta madrileña diferenció entre los dos procesos. Por un lado, señaló que las regularizaciones permitirían a muchas personas participar en las elecciones municipales. Por otro, el caso de las nacionalizaciones tendría un alcance mayor, al habilitar el derecho a voto en elecciones generales. “Vamos a tener a más de 3 millones de personas, incluidos ciudadanos que viven en dictaduras como en Cuba, que van a poder participar en las elecciones de España”, afirmó.
Otro de los puntos fue la exigencia de garantías en estos procedimientos. Ayuso cuestionó los criterios y controles con los que, según afirmó, se estaría otorgando la nacionalidad española. “¿Con qué rigor se está dando el carnet de español?”, se preguntó.
En su opinión, el aumento del censo en un corto periodo de tiempo podría abrir la puerta a irregularidades. “Las trampas empiezan por engrosar los censos”, afirmó, en una de las frases más contundentes de su intervención.
Ante este escenario, la dirigente autonómica anunció que pedirá a su formación una vigilancia estrecha de los procesos electorales. Entre las medidas que considera necesarias, destacó la presencia de interventores en todas las mesas electorales para garantizar que las votaciones se desarrollen con normalidad y sin incidencia.
También expresó desconfianza ante el momento elegido para impulsar estas medidas: “No tengo ninguna confianza en lo que están realizando en ese proceso, justo cuando electoralmente peor le va al gobierno y a la coalición”.
Mientras el Ejecutivo defiende la regularización como una herramienta de integración, desde la Comunidad de Madrid se insiste en la importancia de garantizar que estos procesos se lleven a cabo con criterios claros, controles efectivos y plena seguridad jurídica.
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